La organización no gubernamental Provea advirtió este lunes sobre los «riesgos» que implica la reubicación de más de 86.000 estudiantes cuyos planteles resultaron afectados por el doble sismo registrado en Venezuela el pasado 24 de junio.
En un comunicado, Provea abordó el plan de contingencia y rezonificación anunciado por el Ministerio de Educación para el inicio del año escolar 2026-2027.
La organización sostuvo que el traslado de 86.031 estudiantes hacia otros centros educativos podría generar «hacinamiento, implementación de dobles turnos y una mayor presión sobre los servicios de agua, electricidad e internet en las instituciones receptoras».
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El Ministerio de Educación fijó el reinicio de clases bajo un “plan de contingencia y rezonificación” tras el doblete sísmico de Venezuela.
La reubicación de 86.000 estudiantes anunciada implica hacinamiento, doble turno y presión sobre servicios de agua, electricidad e internet… pic.twitter.com/btiMtNNAME
— PROVEA (@_Provea) September 14, 2026
Provea citó datos de HUM Venezuela según los cuales, para 2025, 65 % de los planteles educativos presentaba fallas físicas y 75 % no contaba con suministro constante de agua.
Asimismo, la ONG señaló que el desplazamiento de estudiantes y trabajadores fuera de sus comunidades podría «aumentar los riesgos de deserción escolar, dificultades de transporte y fragmentación de los procesos educativos».
La organización también hizo referencia a cifras preliminares de Consenso Educativo, según las cuales entre 120 y 130 educadores habrían fallecido en La Guaira como consecuencia del desastre.
Provea recordó además que la Federación Venezolana de Maestros (FVM) y sus 27 sindicatos afiliados han exigido inspecciones técnicas de los planteles antes del ingreso de estudiantes y trabajadores, así como mejoras salariales y la reanudación de la III Convención Colectiva Única y Unitaria.
De acuerdo con la organización, la FVM también ha denunciado una «rezonificación que no habría sido consensuada en Vargas», donde algunos centros educativos estarían siendo utilizados como espacios de refugio.
Provea consideró que la capacidad de las escuelas receptoras «debe ser evaluada» antes de trasladar a los estudiantes, especialmente en materia de agua, electricidad y servicios sanitarios.
También planteó que el proceso debe contemplar atención psicosocial para los estudiantes y docentes afectados por el terremoto, además de garantías para el transporte, la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo del personal educativo reubicado.
Finalmente, Provea sostuvo que trasladar a más de 86.000 estudiantes «sin certificar previamente la capacidad de las instituciones receptoras podría convertir una medida concebida como temporal en un problema permanente para el sistema educativo».
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