La recién promulgada Ley de Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda —en vigor desde el pasado 7 de agosto de 2026— representa un cambio de paradigma normativo al restituir la autonomía contractual entre las partes y reconocer el derecho de propiedad, prescindiendo de los controles y trabas administrativas que caracterizaron la legislación previa.
Así lo concluyeron la diputada de la Asamblea Nacional, Diana Rodríguez, y los juristas Alfredo Abou-Hassan y Cora Farías durante su participación en el foro «Nueva Ley de Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles destinados a Vivienda», organizado por la Cátedra Libre Andrés Bello de Ética Cívica de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
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El encuentro académico, moderado por la profesora Mariana Campos Villalba y presentado por el titular de la cátedra, Ramón Guillermo Aveledo, analizó el impacto del texto legal publicado en la Gaceta Oficial N.º 7.065 Extraordinario, en un contexto socioeconómico marcado por la escasez de crédito hipotecario, la inflación y el incremento de la demanda habitacional tras los desastres causados por los terremotos del 24 de junio.
«Una norma, legal o reglamentaria, que favorezca o proteja a un lado a costo excesivo para los demás desemboca en fracaso, tarde o temprano. La norma debe buscar el bien común con base en los intereses sociales y el cuidado al equilibrio razonable», sostuvo Aveledo durante las palabras de apertura.
Enfoque legislativo: Desburocratización y no discriminación
La diputada opositora Diana Rodríguez, integrante de la Comisión Especial encargada del proyecto, explicó que la norma surgió de un proceso de consulta pública realizado en julio que recopiló más de 900 propuestas para sustituir el esquema rígido fijado por la ley de 2011.
Rodríguez detalló que el nuevo cuerpo normativo aplica exclusivamente para las contrataciones suscritas con posterioridad al 7 de agosto de 2026, mientras que los contratos previos mantendrán su sujeción al régimen anterior.
Entre los principales avances, la parlamentaria resaltó la desvinculación de los nuevos trámites de la intervención previa de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi).
Asimismo, destacó la inclusión de cláusulas explícitas de no discriminación, diseñadas para proteger a la población desplazada desde el estado La Guaira tras el evento sísmico.
«Una de las condiciones que se imponían en el mercado era rechazar a los provenientes de La Guaira, y por eso incorporamos en la ley la no discriminación, porque la crisis de la vivienda estaba acentuando la vulnerabilidad de estas familias», precisó la legisladora.
Visión jurídica y reservas sobre la transitoriedad
Por su parte, el abogado especialista en derecho procesal civil, Alfredo Abou-Hassan, calificó como una innovación el reconocimiento de la primacía de la voluntad de las partes, la validez de fijar cánones en moneda extranjera y el establecimiento de procedimientos judiciales breves.
Abou-Hassan contrapuso este modelo a las regulaciones vigentes desde 2011, las cuales definía como «peajes administrativos» que obstaculizaban el ejercicio de la jurisdicción civil y la ejecución de sentencias.
Sin embargo, advirtió sobre la complejidad que implicará la coexistencia procesal de ambos marcos legales para los jueces.
A su vez, la abogada y docente Cora Farías expresó reservas sobre el alcance práctico de la ley para los pequeños propietarios e inquilinos, llamando la atención sobre el carácter «transitorio y complementario» asignado al arrendamiento en el artículo 3 de la ley.
«Lo que pasa con los regímenes especiales es que pueden ser absolutos, pero cuando son transitorios indica que el día de mañana pudiera decirse que se acabó. Debemos observar con cuidado qué amparo tendrán los contratos que vencieron tras el 7 de agosto bajo la ley de 2011», señaló Farías, acotando que la efectividad real del nuevo instrumento solo podrá evaluarse a partir del primer trimestre de 2027.
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