La esposa del capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Juan Carlos Caguaripano Scott, Irene Olazo, exhortó a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo a emitir cuanto antes su decisión sobre la condena de 30 años de prisión impuesta contra su esposo y otros militares vinculados con la toma del Fuerte Paramacay.
La petición se produce luego de la audiencia de apelación celebrada el 26 de agosto, cuando el tribunal decidió acogerse al lapso legal de 10 días hábiles para pronunciarse sobre el recurso presentado por la defensa. La Corte puede ratificar, modificar o anular las condenas.
Olazo pidió a los magistrados actuar sin esperar instrucciones externas y cuestionó que se utilice hasta el último día del plazo establecido.
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“No prolonguen la tortura de estas familias y de estos injustamente condenados”, reclamó la esposa de Caguaripano, quien además pidió a los jueces: “No esperen órdenes, no tienen por qué esperar hasta el último momento”.
La sentencia de 30 años de prisión fue dictada el 19 de diciembre de 2025 contra 24 procesados por los hechos ocurridos en el Fuerte Paramacay, en Carabobo, durante la denominada Operación David, registrada el 6 de agosto de 2017.
Familiares esperan una decisión
Para Olazo, el pronunciamiento de la Corte representa una decisión que trasciende el caso de su esposo y de los otros procesados, pues considera que también será una señal sobre el funcionamiento de la justicia venezolana.
“Detrás de esos 24 condenados injustamente hay padres, madres, hijos, esposas, familias esperando esta respuesta”, afirmó.
La esposa de Caguaripano también sostuvo que el país y la comunidad internacional están atentos al resultado del recurso de apelación.
“Venezuela y los venezolanos regados por el mundo están esperando esta decisión para ver si realmente estamos en un periodo de transición y la justicia va a llegar a Venezuela”, expresó.
Caguaripano permanece recluido en El Rodeo I
Caguaripano fue detenido el 11 de agosto de 2017, días después de la toma del Fuerte Paramacay, y posteriormente trasladado a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta.
Actualmente permanece recluido en el centro penitenciario El Rodeo I, según denuncias de sus familiares.
La organización Foro Penal ha denunciado que el capitán fue sometido a presuntas torturas físicas y psicológicas después de su captura. Entre las denuncias figuran golpizas, descargas eléctricas, asfixia y agresiones en los genitales. La organización también recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a su favor en 2018.
La resolución de la Corte de Apelaciones será determinante para conocer el futuro judicial de Caguaripano y de los demás procesados en la causa relacionada con la toma del Fuerte Paramacay.
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