Cuba denunció este lunes que el embargo estadounidense le provocó pérdidas por más de 8.000 millones de dólares entre marzo de 2025 y febrero de 2026, una «cifra récord» que, según el gobierno, ni siquiera refleja el impacto de bloqueo petrolero aplicado por Washington.
AFP
El cálculo, presentado por el canciller Bruno Rodríguez de cara a la votación anual sobre el embargo en la Asamblea General de la ONU en octubre, asciende a 8.083 millones de dólares y supera en 7% el récord reportado un año antes.
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«La cifra no incluye los daños del cerco energético ni de las sanciones secundarias», afirmó Rodríguez, en referencia a las medidas adoptadas por la administración de Donald Trump este año.
Desde enero, Washington amenaza con sancionar a los países que suministren combustible a Cuba, intensificando la presión sobre una economía golpeada por sanciones estadounidenses desde 1962. Desde entonces solo un petrolero ruso ha llegado a la isla.
A esa presión se sumó en mayo un régimen de sanciones secundarias dirigido contra empresas extranjeras que mantienen vínculos comerciales con Cuba, lo que ha provocado la salida de numerosas compañías, especialmente de los sectores del turismo y la minería, dos importantes fuentes de divisas para el país.
«El bloqueo no castiga a un gobierno, castiga la vida cotidiana de un pueblo en todos sus aspectos», afirmó Rodríguez.
– «Falta de voluntad» –
El canciller aprovechó la presentación del documento para denunciar el impacto del endurecimiento reciente de las sanciones estadounidenses, que han profundizado la crisis energética, con apagones que superan en ocasiones las 60 horas consecutivas.
Según Rodríguez, las restricciones al suministro de combustible y las presiones contra navieras dificultan la llegada de recursos a la isla y afectan servicios esenciales como el transporte, el agua y la atención sanitaria.
Como ejemplo, refirió que algunas cirugías han debido concluirse con lámparas recargables y las linternas de teléfonos móviles del personal médico.
También citó el deterioro de varios indicadores sociales, entre ellos el aumento de la mortalidad infantil, que pasó de 4 por cada 1.000 nacidos vivos en 2018 a 9,9 en 2025.
Pese a ese panorama, rechazó que Cuba enfrente una emergencia humanitaria.
«No habrá una crisis humanitaria en Cuba», aseguró, aludiendo a la solidaridad entre los habitantes de la isla.
Rodríguez confirmó asimismo que Cuba mantiene canales de comunicación con el Departamento de Estado, aunque descartó cualquier avance en las conversaciones por «falta de voluntad» del gobierno de Estados Unidos.
El canciller cuestionó además que el gobierno estadounidense aún no ha concretado la mayor parte de los 100 millones de dólares en asistencia humanitaria prometidos en mayo por el Secretario de Estado Marco Rubio, de los cuales solo «se ha ejecutado el envío de un módulo de alimentos y aseo para 700 familias cubanas».
– «Paradoja» –
La fuerte presión de Washington sobre La Habana coincide, sin embargo, con un aumento sin precedentes de las compras cubanas en Estados Unidos, impulsadas especialmente por el creciente sector privado de la isla.
Según datos divulgados la semana pasada por la oficina del censo estadounidense, Cuba importó mercancías por 149 millones de dólares en julio, el mayor monto mensual registrado desde 1992.
Entre enero y julio de este año, las compras sumaron 674 millones de dólares, casi la totalidad de lo importado durante 2025.
«Se está dando una paradoja que muy poca gente pudo haber previsto: mientras Washington aplica algunas de las medidas más duras contra Cuba en décadas, las exportaciones estadounidenses hacia la isla están rompiendo récords históricos», señaló a la AFP el economista cubano radicado en Londres, Daniel Torralbas.
Aunque Washington mantiene un bloqueo petrolero sobre Cuba, autorizó este año al sector privado de la isla a comprar combustible, que han crecido a un ritmo «exorbitante», considera Torralbas, aunque son insuficientes para cubrir las necesidades energéticas del país.
En paralelo, en julio, el gobierno cubano aprobó la apertura a la gestión privada de amplios sectores de la economía, incluidos servicios hasta ahora reservados al Estado, como gasolineras, y bancos, dentro de un amplio paquete de reformas aperturistas.
Según datos oficiales, más de 15.000 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), autorizadas desde 2021, operan actualmente en la isla y emplean a más de un tercio de la población activa.
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