La organización Laboratorio de Paz advirtió que Venezuela no podrá garantizar inversiones sostenibles ni una reconstrucción duradera sin instituciones legítimas, al analizar las implicaciones de los recientes acuerdos petroleros anunciados entre el Gobierno de Nicolás Maduro y Estados Unidos.
“Cualquier inversión de largo plazo necesita seguridad jurídica, y no puede haber seguridad jurídica plena sin autoridades legítimas e instituciones confiables”, señaló la organización en un comunicado.
Laboratorio de Paz reconoció que Venezuela necesita inversión nacional e internacional para enfrentar la emergencia humanitaria, recuperar la industria petrolera, generar empleos, restablecer los servicios públicos y reconstruir viviendas e infraestructura afectadas por los terremotos de junio.
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Sin embargo, la ONG enfatizó que el desafío no consiste únicamente en atraer capital al país. “El problema no es que lleguen inversiones. El desafío es garantizar que puedan permanecer y contribuir sosteniblemente al bienestar de la población”, sostuvo.
La organización fundamentó su posición en varios artículos de la Constitución venezolana. Recordó que el artículo 5 establece que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”, mientras que el artículo 6 señala que el Gobierno debe ser democrático, electivo, alternativo y responsable.
Asimismo, citó el artículo 137, que establece que los órganos del Poder Público solo pueden ejercer las atribuciones que les confieren la Constitución y las leyes, y el artículo 138, según el cual “toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.
Según Laboratorio de Paz, la falta de legitimidad institucional puede tener consecuencias económicas concretas, especialmente cuando se trata de decisiones y contratos destinados a comprometer recursos del país durante largos períodos.
“Un contrato puede cumplir formalidades, tener una duración de 25 ó 50 años y seguir teniendo una debilidad fundamental: la falta de legitimidad de las instituciones que lo hicieron posible”, afirmó la ONG.
La organización también recordó que los yacimientos de hidrocarburos pertenecen a la República y son bienes de dominio público, y destacó la existencia de controles constitucionales para determinados contratos de interés público.
“Los acuerdos sobre recursos estratégicos deben ser públicos, transparentes y sometidos a los controles constitucionales correspondientes. Esto no constituye un obstáculo para la inversión: es una garantía para el país y también para quienes invierten”, afirmó.
Laboratorio de Paz extendió su preocupación al proceso de reconstrucción de Venezuela tras los terremotos de junio, al considerar que el país necesitará importantes inversiones en sectores como vivienda, hospitales, escuelas, electricidad, agua, carreteras e infraestructura.
“Quienes participen en ellos necesitarán saber que los compromisos asumidos hoy serán reconocidos mañana”, sostuvo la organización, que pidió que esta consideración sea tomada en cuenta tanto por los venezolanos como por los Estados, empresas e inversionistas interesados en asumir compromisos de largo plazo en el país.
La ONG concluyó que “no habrá reconstrucción material sostenible sin reconstrucción institucional” y señaló que la recuperación de Venezuela requiere instituciones confiables, controles democráticos, transparencia, tribunales independientes y autoridades cuya legitimidad provenga de la soberanía popular.
En este contexto, Laboratorio de Paz afirmó que la realización de elecciones presidenciales “auténticas, competitivas y creíbles” no representa solamente una exigencia política, sino también una condición para reducir la incertidumbre, recuperar la confianza y garantizar seguridad jurídica a las inversiones que Venezuela necesita.
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