Tito López, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), informó este jueves que los salarios en el sector industrial promediaron $550 durante el segundo trimestre de 2026, con diferencias según el nivel de ocupación.
Durante una entrevista en Fedecámaras Radio, López detalló que existen diferencias importantes entre los niveles de ocupación. Los trabajadores operarios u obreros perciben en promedio $298, mientras que el personal técnico supera los $500. En el caso de los gerentes de primera línea, las remuneraciones se ubican por encima de $1.150.
El dirigente gremial reconoció que estos ingresos todavía resultan insuficientes frente a las necesidades de los trabajadores, pero sostuvo que la posibilidad de incrementar los salarios está vinculada directamente con una mayor producción industrial.
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López indicó que, al comparar el segundo trimestre de 2026 con el mismo período de 2025, las remuneraciones del sector aumentaron 16%. Sin embargo, consideró que las empresas necesitan elevar su producción y contar con mejores condiciones económicas para poder continuar ajustando los salarios.
A su juicio, la estabilización del entorno macroeconómico también será determinante para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. En ese sentido, planteó la necesidad de reducir la brecha entre los tipos de cambio a menos de 10%, de manera que los ingresos tengan un mayor valor real.
Industria opera con 50% de capacidad disponible
El presidente de Conindustria señaló que actualmente el sector industrial venezolano dispone, en promedio, de 50% de capacidad operativa, aunque existen áreas que presentan niveles de utilización considerablemente menores.
Según explicó, esta capacidad disponible representa una oportunidad para establecer alianzas con empresas estadounidenses y de otros mercados, especialmente en áreas como la industria química, metalúrgica, metalmecánica, farmacéutica y de alimentos.
López insistió en que Venezuela debe aprovechar las oportunidades vinculadas con el sector petrolero, pero al mismo tiempo desarrollar otras áreas productivas para reducir la dependencia de los hidrocarburos.
Seguridad jurídica y crédito, entre las prioridades
Para atraer inversiones extranjeras, el dirigente industrial consideró fundamental garantizar seguridad jurídica a las empresas. Afirmó que este elemento permitiría facilitar alianzas entre compañías venezolanas y firmas de Estados Unidos, Europa, Asia y otros mercados.
En cuanto al crecimiento de la producción nacional, Conindustria ha planteado una serie de medidas relacionadas con incentivos fiscales y parafiscales, el cumplimiento de la Ley de Armonización Tributaria y una ampliación del crédito disponible para las empresas.
López señaló que la cartera de crédito representa actualmente cerca de 3% del Producto Interno Bruto, equivalente a unos $4.200 millones, mientras que solo el sector industrial tendría una necesidad aproximada de $3.500 millones.
También propuso modificar los mecanismos relacionados con el IVA y permitir un mayor aprovechamiento de los créditos fiscales, además de revisar el tratamiento de los aportes establecidos en la Locti para destinarlos a capacitación y formación del personal.
Electricidad condiciona el aumento de la producción
Otro de los principales obstáculos identificados por el sector industrial es la inestabilidad del servicio eléctrico.
López advirtió que una eventual expansión de la producción petrolera requiere también contar con un sistema eléctrico más estable, debido a que las interrupciones en el suministro limitan la capacidad de las empresas para incrementar sus operaciones.
«Sin electricidad no podemos aumentar producción», afirmó durante la entrevista.
El presidente de Conindustria sostuvo que la recuperación de la producción industrial permitiría no solo mejorar las remuneraciones de los trabajadores, sino también generar nuevos empleos y favorecer al comercio y al poder adquisitivo de los venezolanos.
Finalmente, López defendió el papel desempeñado por el empresariado venezolano durante los últimos años y destacó la capacidad de resistencia del sector privado frente a las dificultades económicas, las sanciones y las restricciones que han afectado la actividad productiva.
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