Humberto Castro, un venezolano de 59 años, iba conduciendo al trabajo como todos los días desde su casa en el Doral, donde vive desde hace ocho años, cuando fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
“Mi papá tiene su permiso de trabajo con validez hasta el 2030. Su asilo está pendiente. Estaba yendo a su trabajo, manejando normal, y lo pararon y esposaron”, dice su hija, Arianna Castro, de 29 años. El hombre llegó a EE UU con una visa y tiene una solicitud de asilo pendiente, según explicó su hija. No tiene antecedentes criminales.
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El caso de Castro se produce en medio de una ola de arrestos de inmigrantes en el sur de la Florida que ha encendido las alarmas entre la mayor comunidad de venezolanos de Estados Unidos. Ahora está pidiendo respuestas y exigiendo medidas concretas a sus representantes en el Congreso, a poco menos de tres meses de las elecciones de medio término.
Dos de las principales organizaciones del exilio, Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex) han preparado un informe que han enviado a congresistas y senadores pidiendo investigar las detenciones de venezolanos con solicitudes de asilo y otros procesos migratorios pendientes.
El informe dice que los venezolanos en EE UU se han visto afectados por la eliminación de protecciones temporales y humanitarias, y que las personas con solicitudes de asilo pendientes y otros procesos están siendo detenidas para su deportación, incluso a terceros países lejanos, como Liberia. También señala que las autoridades no publican registros sobre cuántos venezolanos detenidos tienen antecedentes penales o procesos migratorios abiertos.
Como referencia, el reporte señala que hasta julio había unas 65.765 personas bajo custodia del ICE, de las que más del 70% no tenía antecedentes criminales. También documenta al menos tres casos de venezolanos detenidos entre julio y agosto que tenían autorización de empleo y casos de asilo pendientes.
Helen Villalonga, presidenta de Amavex, dice que la política migratoria de la Administración de Donald Trump ha “lastimado de manera brutal” a la comunidad.
Casi la mitad de la población de Doral, una ciudad del condado Miami-Dade, es venezolana. La municipalidad suscribió un acuerdo 287(g) para colaborar con inmigración el año pasado.
Buena parte de la comunidad venezolana del sur de Florida respaldó a Trump en las elecciones pasadas, con la expectativa de que aumentaría la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro y que la campaña de deportaciones masivas que prometió estaría dirigida a criminales y personas con vínculos con el chavismo, señala Villalonga. Ahora, incluso venezolanos vinculados al Partido Republicano la han llamado tras publicar el informe para decirle: “Esto no era por lo que votamos. Esto no era lo que estábamos esperando”, apunta.
Villalonga indica que el reporte tiene la intención de poner presión sobre los congresistas del sur de la Florida antes de las elecciones de noviembre. Si bien algunos legisladores han mostrado simpatía con la causa de los venezolanos, no se ha traducido en soluciones, y el informe pide resultados concretos, apunta. Los legisladores no han dado acuse de recibo después de que les enviaron el reporte, afirma.
“Ya estamos cansados de que [los legisladores] se pronuncien a través de sus redes sociales o que manden una carta. Lo que necesitamos son acciones dentro del Congreso inmediatas, son acciones dentro del Departamento de Seguridad Nacional, dentro del Departamento de Estado”, señala.
El informe reclama al Congreso que haga audiencias de supervisión sobre las detenciones de venezolanos, así como reportes del DHS y del ICE con datos de nacionalidades de los detenidos, si tenían antecedentes penales y casos migratorios pendientes, además de una auditoría de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, en inglés) sobre arrestos en los aeropuertos. También reclama al DHS y al Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) que revise de manera individual cada caso y busque alternativas para las personas que no tienen antecedentes y cumplen con sus procesos migratorios que no sea la detención.
“Pareciera que todo lo que hemos estado pidiendo, la Administración ha hecho lo contrario”, señala José Antonio Colina, presidente de Veppex. “Estamos de acuerdo en que [el Gobierno] quiera hacer cumplir las leyes migratorias de Estados Unidos, eso me parece que está bien. Lo que no nos parece que está bien es que intenten criminalizar la inmigración venezolana”.
La Administración ha tomado medidas que han dejado a muchas personas en situación de ilegalidad, apunta Colina. “Muchos de los que pidieron asilo político ahora están siendo detenidos porque eso no es un estatus”.
En su opinión, los legisladores “tienen que pasar de lo comunicacional a los hechos, porque los hechos y las acciones lo que demuestran es que ni han sido contundentes ni consistentes”.
“Yo particularmente creo que ellos [los legisladores del sur de la Florida] no tienen ningún tipo de poder dentro de la Casa Blanca en estos momentos. No los escuchan”, señala. Los representantes María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, republicanos, no respondieron a solicitudes de comentario para este reporte. El DHS tampoco respondió.
La congresista demócrata Debbie Wasserman-Schultz dijo a EL PAÍS que le “preocupa profundamente la reciente ofensiva del ICE para arrestar en los aeropuertos a venezolanos, haitianos y otros inmigrantes que respetan la ley” y que se ha comunicado con el DHS sobre varios asuntos relacionados con el ICE, “incluido el aumento de sus operaciones en los aeropuertos y en nuestras comunidades”, y hasta ahora no ha recibido ninguna respuesta concreta.
La oficina de Wasserman Schultz agregó que varios reportes “han mostrado un aumento de la actividad del ICE en los aeropuertos, y no solamente contra venezolanos”, pero que para que GAO inicie una investigación, esta debe ser solicitada por “altos líderes del Congreso y presidentes o miembros de mayor rango de la minoría de comités o subcomités con jurisdicción” sobre el asunto. “De lo contrario, las solicitudes suelen ser rechazadas o quedar sin respuesta. La congresista no pertenece a ninguna de esas categorías en lo referente a la supervisión del ICE, pero está explorando las opciones que tiene a su alcance para impulsar una investigación y una supervisión más rigurosa”.
El punto pone el foco sobre dos legisladores de Miami con posiciones de supervisión en el Congreso: Giménez, que preside el subcomité de Seguridad Nacional encargado de la seguridad en los aeropuertos, y Salazar, que preside el Subcomité del Hemisferio Occidental de Exteriores, que tiene jurisdicción sobre la relación con América Latina.
Desde enero del año pasado, al comienzo del segundo mandato de Trump, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dejó sin efecto el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que el Gobierno de Joe Biden había prolongado hasta octubre de 2026, y programas humanitarios. Luego el DHS terminó las designaciones de TPS de 2021 y 2023. Más recientemente, la ofensiva antiinmigrante se ha ampliado a personas con casos de asilo pendientes que les permitían tener un permiso de trabajo. Ahora los agentes del ICE están deteniendo a personas cuyos casos de asilo siguen pendientes, pero sus visas expiraron. El DHS también ha permitido que ciertos casos de asilo pasen directamente a los tribunales de inmigración, sin entrevista con USCIS.
Los tres legisladores republicanos del sur de Florida pidieron el año pasado que los venezolanos sin antecedentes que habían huido de la persecución del chavismo fueran tratados diferente, y prometieron “hacer todo lo posible” para protegerlos. Giménez pidió en enero a Noem una “solución caso por caso” para los exiliados, y Salazar impulsó un proyecto de ley bipartidista para otorgar TPS a los venezolanos “que respetan la ley”. En marzo pasado, Salazar volvió a reclamar protección para los venezolanos.
Maduro fue capturado en enero en un operativo militar y se encuentra detenido en Nueva York a la espera de juicio. Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, está fungiendo como encargada. EE UU y Venezuela restablecieron relaciones diplomáticas en marzo y este viernes el presidente Trump anunció un acuerdo bajo el cual Estados Unidos toma el control de 65.000 millones de barriles de reservas petroleras venezolanas, más del doble de las reservas estadounidenses.
Mientras, Ariana Castro dice que su padre está detenido en las oficinas del ICE en Miramar, al norte de Miami, y está tratando que lo liberen bajo fianza. “Se siente totalmente irreal. Nosotros vinimos buscando una vida mejor y lo único que hemos hecho es trabajar, construir una vida acá y aportar a la comunidad. Mi hermana se graduó en la universidad, yo también me gradué; soy enfermera. Ahora mi esposo no quiere que yo salga de la casa. Es raro volver a ese miedo que tuvimos alguna vez en Venezuela, de que no podíamos salir, porque nos iban a perseguir. No puedes vivir así”, agrega.
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