A casi dos años del cierre del principal diario del estado Miranda, su directiva y trabajadores insisten en que el SENIAT debe revisar la medida administrativa que mantiene paralizadas sus operaciones.
Tras 58 años de circulación continua, el Diario La Voz apagó sus rotativas en octubre de 2024, cuando una comisión del organismo tributario clausuró sus instalaciones en Guarenas y Caracas, dejando a decenas de empleados sin trabajo.
“En octubre de 2024 aparecieron funcionarios del SENIAT en todas nuestras oficinas, en un operativo simultáneo para clausurarlas. Habían solicitado tres años de documentación que ellos mismos tenían, y al no aceptar recibirla en formato digital, terminaron cerrando el periódico, sacando al personal y colocando las calcomanías que impiden el acceso”, relató Emilio Materán, director general del diario.
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Materán asegura que se les violó el derecho a la defensa al impedirles presentar pruebas que permanecen dentro de las oficinas clausuradas. “Aproximadamente 50 empleados directos y al menos 300 indirectos, entre pregoneros, quiosqueros y lectores, se han visto afectados por no tener acceso a la información”, agregó.
La medida también alcanzó a la directiva del rotativo, a la que se le prohibió salir del país y mover las cuentas bancarias de la empresa. “Me ha afectado muchísimo, no solo en lo económico, sino en el cambio brusco que le ha dado a mi vida. Ahora vendo heladitos chupi”, contó Aide Conde, trabajadora del diario.
“Lo que pedimos es que nos ayuden, que tomen en cuenta y en consideración la apertura del diario, que ha sido un ícono para el estado Miranda”, expresó Noel Pernía, trabajador.
Mauricio Garcés, gerente de distribución, recordó que más de 400 empleos indirectos se han perdido en estos dos años. “Ya llevamos prácticamente dos años sin percibir sueldo ni ganancia con respecto al esfuerzo que hacíamos en buscar las maneras de vender el periódico”, lamentó.
Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, al menos 162 medios de comunicación han sido afectados por medidas arbitrarias en los últimos años, lo que refleja un patrón de restricciones que golpea directamente la libertad de prensa en Venezuela.
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