Carlos Téllez Sánchez tiene 35 años, vivía en Texas, trabajaba largas jornadas vendiendo vehículos y haciendo entregas de Uber Eats, y no registraba un solo antecedente criminal. Sin embargo, el pasado 20 de agosto se convirtió en uno de los primeros expulsados a Liberia bajo el nuevo acuerdo de deportación a terceros países firmado entre Washington y la nación africana.
La travesía judicial de Téllez comenzó en 2021. Tras solicitar asilo político, las autoridades estadounidenses le denegaron la condición de refugiado, pero un juez de inmigración le concedió la protección conocida como Withholding of Removal (suspensión de expulsión). El beneficio legal reconocía que Téllez enfrentaba riesgos reales de persecución si era devuelto a Venezuela, prohibiendo expresamente su repatriación a Caracas, pero dejando abierta una rendija legal: no impedía su traslado a un tercer país.
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Durante años, Téllez cumplió de forma estricta con las presentaciones periódicas ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La rutina se quebró el 19 de diciembre de 2025, cuando acudió a un chequeo de control en Texas y fue detenido de inmediato sin previo aviso.
Durante los siete meses que permaneció recluido en un centro de detención migratoria, la vida de su familia continuó afuera. En febrero de 2026 nació su tercer hijo; Téllez solo pudo conocerlo mediante videollamadas a través de una pantalla.
Pese a que su defensa legal mantenía activo un recurso de habeas corpus ante una Corte Federal del sur de Texas para exigir su liberación por falta de motivos penales, las autoridades federales aceleraron su procesamiento. La notificación llegó de madrugada: a las 12:00 a. m. vio su nombre en una lista de deportación y a las 2:00 p. m. del día siguiente ya estaba embarcado en un vuelo con destino a la capital liberiana, Monrovia.
Téllez forma parte del primer grupo de aproximadamente 20 migrantes trasladados a África bajo un convenio que prevé la recepción de hasta 1.200 personas en 12 meses. A su llegada, las autoridades locales de Liberia albergaron a los deportados en un hotel, entregándoles teléfonos para comunicarse con sus familias y ofreciéndoles la posibilidad de solicitar asilo local o gestionar su salida hacia un tercer destino.
Desde Monrovia, el trabajador sostiene que la medida es una injusticia absoluta contra alguien que jamás violó la ley en suelo estadounidense, mientras su defensa intenta activar canales diplomáticos y judiciales para revertir un destierro sin precedentes.
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