Existe hoy una fuerte presión desde distintos sectores políticos para convocar elecciones inmediatas en Venezuela. El argumento central se apoya en la Constitución de 1999, que establece que ante la falta absoluta del presidente en la primera mitad del período deben realizarse elecciones en un plazo no mayor a 30 días.
Sin embargo, esa exigencia parte de una base equivocada.
En primer lugar, la propia Constitución de 1999 carece de legitimidad. Esto no es un planteamiento nuevo ni aislado. Ha sido desarrollado por numerosos juristas y lo he expuesto en distintas oportunidades, incluyendo mi libro Techos Rojos, Abismo Rojo. Pretender exigir el cumplimiento de una norma cuya legitimidad es cuestionable desde su origen supone una contradicción jurídica difícil de sostener.
Pero incluso dejando de lado el debate jurídico, existe una razón mucho más contundente: la realidad.
Ya he explicado anteriormente por qué, desde una lógica de poder, se ha mantenido a Delcy Rodríguez en una posición de control en lugar de sustituirla inmediatamente por un liderazgo opositor como el de María Corina Machado. Hoy corresponde explicar por qué, en este momento, unas elecciones no solo son inviables, sino peligrosas.
El primer problema es el registro electoral.
Cuando Hugo Chávez ganó su primera elección —la única que puede considerarse limpia— el padrón electoral rondaba los 3 millones de personas. Hoy supera los 19 millones. Este crecimiento se justificó en su momento alegando la incorporación de ciudadanos previamente no inscritos, lo cual es plausible. Pero el nivel alcanzado hoy plantea serias dudas.
Dos tercios de la población venezolana aparecen habilitados para votar. Esto resulta estadísticamente inconsistente en un país que históricamente ha tenido una población joven y una presencia significativa de extranjeros. A ello se suman denuncias reiteradas —nunca investigadas— sobre irregularidades graves, incluyendo personas con múltiples documentos de identidad.
Un padrón electoral en esas condiciones no es confiable.
El segundo problema es aún más evidente: el árbitro electoral.
El organismo encargado de administrar las elecciones se encuentra completamente controlado por el chavismo. Pretender participar en un proceso electoral con un árbitro abiertamente parcializado y un registro viciado no es una estrategia política; es una garantía de derrota.
Y esa derrota ya ha ocurrido antes.
Se han perdido elecciones en condiciones similares, no por falta de apoyo popular, sino por un sistema diseñado para distorsionar la voluntad del electorado. Repetir ese error no es ingenuidad: es irresponsabilidad.
Pero hay un problema aún más profundo.
El chavismo no es simplemente un movimiento político. Es una estructura de poder que ha operado como una organización criminal. En ese contexto, permitirle participar en elecciones en el corto plazo no implica competir en igualdad de condiciones, sino otorgarle una vía de legitimación y supervivencia.
La historia ofrece ejemplos claros. En Nicaragua, el Frente Sandinista perdió el poder, pero se mantuvo políticamente activo. El resultado fue su regreso, con mayor control, mayor represión y mayor capacidad destructiva.
Las organizaciones de esta naturaleza no desaparecen por perder una elección. Sobreviven, se reorganizan y regresan.
Por eso, el objetivo no puede ser simplemente ganar una elección. El objetivo debe ser desmontar una estructura de poder que, si sobrevive políticamente, inevitablemente intentará recuperar el control.
En estas condiciones, convocar elecciones inmediatas no es una solución. Es un error estratégico.
Hasta que no se depure el registro electoral y no exista un árbitro confiable, cualquier proceso electoral estará viciado desde su origen. Y participar en él no debilita al chavismo: lo fortalece.
La discusión, por tanto, no es jurídica. Es estratégica.
Y la pregunta clave no es cuándo votar.
Es cómo evitar que el chavismo sobreviva políticamente.
Porque unas elecciones hoy no salvarían a Venezuela.
Salvarían al chavismo.
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