
Una investigación ciudadana difundida por el ingeniero en informática Giuseppe Gangi, creador del portal Macedonia del Norte, alertó sobre presuntos conflictos de interés, antecedentes en cargos públicos y posibles incumplimientos de requisitos constitucionales entre los aspirantes inscritos para renovar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, según reseñó el diario El Nacional.
De acuerdo con el balance elaborado a partir de documentos oficiales y más de 4.300 aportes verificados, se contabilizan 1.343 postulaciones totales al máximo tribunal —de las cuales 1.066 corresponden a cargos de magistrados—,logrando documentar en menos de 24 horas información de más del 95 % de los 1.128 aspirantes registrados para los distintos puestos.
Según los hallazgos del reporte, entre los inscritos figuran 13 personas sancionadas por otros países —encabezadas por la actual presidenta del TSJ y una exfiscal sancionada por cinco naciones—, además de cinco diputados de la misma Asamblea Nacional encargada de realizar la elección y 43 ciudadanos que son o fueron magistrados del ente judicial.
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🔥 En menos de 48 horas 6.040 aportes sobre los 1.128 postulados.
✅ 4.585 publicados
⏳ 405 en revisión
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— Giuseppe Gangi (@ggangix) November 22, 2026
El análisis señala también que 92 postulados compitieron el año pasado como candidatos a gobernador, alcalde o diputado, o se inscribieron este año para optar a los cargos de fiscal general o defensor del Pueblo. Asimismo, con base en registros de la Gaceta Oficial, se detalla que 100 fueron designados previamente por el propio TSJ, 89 ocuparon puestos en ministerios del Ejecutivo y 512 ya aparecían en la lista anulada de junio y se reincorporaron mediante una carta.
Al revisar los criterios legales de edad y trayectoria, el informe advierte que dos aspirantes a magistrado tienen 26 y 31 años, pese a que la Constitución exige al menos 15 años de ejercicio profesional como abogado, profesor universitario o juez. En el otro extremo, 132 postulados tienen 70 años o más, por lo que, dado que el período es de 12 años, culminarían sus funciones con 82 años o superando esa edad, mientras que en el plano territorial casi la mitad de los inscritos vota en Miranda o Caracas frente a apenas 51 en el estado Zulia.
Entre los perfiles individuales destacados en la revisión figuran Carlos Alexis Castillo Azcanio, integrante de la Sala de Casación Social del TSJ quien desde marzo ejerce simultáneamente como ministro del Trabajo mediante un permiso judicial cuestionado por Acceso a la Justicia, y la actual procuradora general de la República, Arianny Seijo,representante legal del Estado en litigios ante el máximo tribunal y vinculada según registros mercantiles del Reino Unido y reportes de prensa a la firma de criptoactivos Crixto Limited entre 2019 y 2024.
El reporte menciona igualmente la postulación de la jueza de control Carol Padilla, la fiscal Dinora Bustamante y la jueza Jenni López Meza, funcionarias vinculadas al proceso judicial contra el exdiputado Juan Requesens,advirtiendo que, de ser electas magistradas, podrían quedar en posición de revisar las mismas sentencias condenatorias que dictaron en ese expediente y en las causas por el caso de los drones y la operación Gedeón.
Según explicó Gangi, la documentación recopilada será consignada ante el Comité de Postulaciones Judiciales y la Asamblea Nacional para respaldar impugnaciones formales contra los aspirantes que consideren no aptos para integrar la cúpula judicial.
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