
El dirigente político Jorge Millán, miembro de la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 (AN-2015) en la mesa de negociación con el Gobierno venezolano, informó sobre avances en las conversaciones dirigidas a establecer garantías políticas, revisar las inhabilitaciones, fortalecer la libertad de expresión y crear las condiciones institucionales para la celebración de elecciones libres en Venezuela.
Durante una entrevista concedida a la periodista Margarita Oropeza en el programa Abriendo Puertas, transmitido por Venevisión, Millán ofreció detalles sobre los asuntos abordados durante la cuarta ronda de negociaciones, entre ellos la revisión de leyes que han sido cuestionadas por sus efectos sobre los derechos políticos, la futura designación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y las garantías necesarias para la participación de los ciudadanos dentro y fuera del país.
El representante de la AN-2015 aseguró que las conversaciones han permitido avanzar en asuntos fundamentales para la recuperación de las garantías democráticas, aunque aclaró que varios de los temas continúan en discusión y que los acuerdos definitivos deberán ser anunciados conjuntamente por las partes.
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Avances en garantías políticas y revisión de leyes Millán explicó que uno de los principales objetivos de la mesa es revisar el marco jurídico que regula la participación política y eliminar disposiciones que puedan ser utilizadas para restringir los derechos ciudadanos.
«Hemos venido avanzando con las garantías políticas. Como anunciamos en el ciclo anterior, quedaron en discusión una serie de leyes: la Ley de Contraloría, la Ley de Partidos Políticos, que también es fundamental, y la Ley contra el Terrorismo, que tiene algunas categorías que obviamente han sido malutilizadas para la represión política», afirmó.
A su juicio, los avances alcanzados representan pasos importantes para construir un sistema institucional que permita a los venezolanos ejercer sus derechos sin restricciones arbitrarias.
El dirigente destacó que la revisión del sistema de partidos políticos ha adquirido especial relevancia durante el actual ciclo de negociaciones, al considerar que su funcionamiento constituye uno de los pilares para la organización de futuros procesos electorales.
Asimismo, vinculó estas discusiones con los planteamientos del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre la necesidad de establecer condiciones para la celebración de elecciones libres en Venezuela.
Inhabilitaciones políticas: plantean reformar el artículo 105 de la Ley de Contraloría Uno de los asuntos centrales de la entrevista fue la revisión de las inhabilitaciones políticas y, particularmente, del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
Millán explicó que la delegación está evaluando una reforma de esta disposición para impedir que las facultades administrativas de la Contraloría sean utilizadas como instrumentos de exclusión política.
«La mayoría de las inhabilitaciones vienen producidas desde la Ley de Contraloría con el artículo 105. Eso lo estamos trabajando. Se puede eliminar, pero tal vez no es lo más conveniente eliminarlo, sino transformarlo en un artículo que corresponda a los parámetros constitucionales de lo que puede hacer el contralor y lo que no puede hacer», señaló.
El representante opositor sostuvo que el propósito de la reforma es establecer límites claros a las atribuciones de ese organismo y evitar que sus decisiones afecten el derecho de los ciudadanos a postularse a cargos de elección popular.
«Evitar que ese articulado se convierta en un arma política para impedir el derecho que tienen los ciudadanos no solo a elegir, sino a ser elegidos», enfatizó.
Millán adelantó que la delegación espera ofrecer anuncios positivos sobre este asunto al cierre de la ronda de negociaciones, aunque no precisó si existe un acuerdo definitivo.
«Eso es lo que estamos trabajando y aspiramos mañana a hacer anuncios positivos a ese respecto», expresó.
Ley Simón Bolívar también está bajo revisión Durante la conversación con Margarita Oropeza, Millán confirmó que la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar forma parte de las legislaciones sometidas a revisión en la mesa de negociación.
La periodista le preguntó específicamente por las disposiciones de esa normativa que contemplan inhabilitaciones políticas de hasta 60 años y por la posibilidad de que sean modificadas.
«Lo anunciamos en el ciclo pasado. Dentro de las leyes que se están revisando profundamente, como lo declararon ambas partes, está la Ley Simón Bolívar», respondió.
Millán explicó que las conversaciones buscan impedir que existan instrumentos legales que restrinjan injustificadamente la participación de los ciudadanos en la vida política del país.
«Estamos trabajando para que los venezolanos no tengan restricciones ni haya instrumentos jurídicos que impidan el libre ejercicio de sus derechos políticos y de su derecho a elegir y a expresarse», sostuvo.
Sin embargo, evitó adelantar los posibles resultados de las conversaciones y explicó que divulgar acuerdos antes de su formalización podría afectar el desarrollo del proceso.
«El proceso de negociación es un proceso complejo y adelantar posibles anuncios podría comprometerlos», advirtió.
El dirigente defendió la necesidad de preservar la confidencialidad de determinadas discusiones, aclarando que esta práctica no pretende ocultar información a los ciudadanos, sino facilitar la construcción de acuerdos.
«Nosotros hemos sido muy cuidadosos de que el trabajo de la mesa se haga con la confidencialidad cuando es necesario, no en términos de ocultar nada, sino de preservar ese proceso de llegar a acuerdos», agregó.
Libertad de expresión: desbloqueo de portales y estabilidad de las concesiones Otro de los temas abordados por Millán fue la situación de los medios de comunicación y las garantías necesarias para el ejercicio del periodismo.
El representante de la AN-2015 destacó que una comisión técnica continúa trabajando en el desbloqueo de portales informativos y en la estabilización de las concesiones de los medios de comunicación, con el propósito de ofrecer mayor seguridad jurídica a sus propietarios y trabajadores.
«Ha habido desbloqueos de los portales. También estamos trabajando para el tema de la estabilización de las concesiones, que es un paso fundamental para que tanto los dueños de medios como los periodistas que trabajan en ellos puedan tener una estabilidad que les permita ejercer el derecho a informar de forma apropiada», manifestó.
Millán consideró que estas medidas forman parte de las garantías institucionales que deben acompañar cualquier proceso de recuperación democrática.
La libertad de expresión y la revisión de las restricciones a los medios ya figuraban entre los asuntos pendientes identificados por el dirigente antes del inicio de la cuarta ronda de negociaciones.
El nuevo CNE podría establecer el cronograma electoral Durante la entrevista, Margarita Oropeza también preguntó si corresponderá a la mesa de negociación fijar el calendario de las próximas elecciones o si esa responsabilidad recaerá sobre el nuevo Consejo Nacional Electoral que se prevé designar en 2027.
Millán explicó que todavía existen aspectos por definir, pero consideró que lo más apropiado sería que un nuevo CNE, siempre que reúna las condiciones necesarias para garantizar la transparencia electoral, asuma la responsabilidad de establecer el cronograma.
«Lo importante es que haya una institucionalidad que garantice los procesos electorales y que sean pulcros. Ya veremos en el desarrollo de la discusión a quién le va a corresponder», indicó.
El dirigente sostuvo que el futuro organismo electoral debe contar con la confianza de los ciudadanos y demostrar su compromiso con la celebración de elecciones que respeten la voluntad popular.
«Hasta ahora, lo que pareciera apropiado es que, si el CNE es designado y es un CNE que reúne las condiciones para darle garantías a los venezolanos y está comprometido con darle a Venezuela elecciones, sea quien lo fije», expresó.
Sin embargo, aclaró que la convocatoria electoral también depende de decisiones políticas e institucionales que podrían superar las competencias del organismo comicial.
«Hay elementos políticos que pueden desbordar al CNE, que es la propia convocatoria. Tiene que haber condiciones para la convocatoria», explicó.
En ese sentido, señaló que la mesa de negociación deberá continuar construyendo acuerdos con el Gobierno para establecer las condiciones que permitan avanzar hacia el proceso electoral.
Millán insistió en que el propósito de esas conversaciones es facilitar el camino hacia unas elecciones con garantías que permitan a los venezolanos recuperar la confianza en sus instituciones.
AN-2015 apuesta por un CNE técnico e imparcial Consultado sobre la posibilidad de designar un Consejo Nacional Electoral de carácter técnico, sin interferencias políticas, Millán afirmó que la delegación de la AN-2015 favorece la conformación de un organismo que garantice el derecho de todos los ciudadanos a elegir.
«Nosotros nos inclinamos por un órgano que les garantice a todos los ciudadanos su derecho a elegir, siendo un árbitro que esté comprometido con que la voluntad popular se manifieste en el resultado que ellos anuncian», sostuvo.
El dirigente enfatizó que la transparencia de unas elecciones no depende únicamente de la correcta contabilización de los votos, sino también de las condiciones políticas, institucionales y operativas en las que se desarrolla todo el proceso.
«No es solo contar los votos correctamente, sino también generar las garantías alrededor del proceso electoral para que ese sufragio haya dado las posibilidades de que los ciudadanos se expresen libremente y esté blindado, sobre todo el resultado», afirmó.
De acuerdo con Millán, el futuro CNE deberá garantizar tanto la participación ciudadana como la confiabilidad de los resultados anunciados.
Garantías para el voto de los venezolanos en el exterior Millán también se refirió a las dificultades que enfrentan los venezolanos residentes en el extranjero para participar en los procesos electorales.
El representante de la AN-2015 advirtió que las garantías electorales deben contemplar mecanismos que permitan ejercer el derecho al sufragio a todos los ciudadanos habilitados, incluidos quienes viven fuera del territorio nacional.
«Que todos los ciudadanos puedan votar, que haya la facilidad. Hoy en día los venezolanos en el exterior tienen dificultades o impedimentos para poder manifestar», señaló.
Sus declaraciones apuntan a la necesidad de abordar las barreras que afectan la participación electoral de la diáspora venezolana como parte de las discusiones sobre el nuevo sistema electoral.
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