
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, advirtió que la ciudad de Doral podría infringir la legislación estatal si decide rescindir su acuerdo de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) sin una justificación suficiente. La advertencia surge en medio de las presiones de residentes y organizaciones defensoras de inmigrantes que exigen poner fin al convenio.
Según informó el Miami Herald este viernes 20 de noviembre, la Fiscalía General de Florida emitió una opinión jurídica en respuesta a dos consultas de la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, sobre las obligaciones de los gobiernos locales respecto al programa federal 287(g), que permite a policías municipales ejercer determinadas funciones de control migratorio.
El dictamen, firmado por el fiscal general adjunto Greg Slemp, establece que las ciudades no están obligadas automáticamente a firmar acuerdos con ICE, pero advierte que retirarse de uno vigente sin una justificación suficiente probablemente violaría la legislación de Florida que prohíbe las denominadas «ciudades santuario».
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«Apoyar a nuestros socios federales y proteger nuestra soberanía no es opcional; es la ley», afirmó Uthmeier a través de su cuenta en X.
Doral enfrenta presiones para cancelar el convenio
El Concejo Municipal de Doral aprobó por unanimidad en abril de 2025 la firma del acuerdo 287(g), siguiendo una recomendación del abogado municipal, quien advirtió sobre posibles consecuencias legales si la ciudad no cooperaba con las autoridades federales.
Sin embargo, funcionarios municipales han señalado que ningún agente de la Policía de Doral ha recibido capacitación bajo este programa, mientras organizaciones comunitarias denuncian que las operaciones migratorias han generado temor entre los residentes.
Durante una reciente sesión del Concejo Municipal, decenas de ciudadanos solicitaron la cancelación del convenio.
La concejal Maureen Porras intentó promover una discusión sobre el acuerdo, pero su propuesta no obtuvo respaldo. Posteriormente, el Concejo aprobó por cuatro votos contra uno posponer el debate hasta recibir la opinión de la Fiscalía General.
Abogados cuestionan la interpretación de Florida
La directora del Community Justice Project, Alana Greer, sostuvo que la legislación estatal no impide que Doral revise, modifique o rescinda su convenio con ICE, siempre que continúe cumpliendo sus obligaciones legales de cooperación migratoria.
Por su parte, el exabogado municipal Jose Smith calificó de errónea la interpretación de la Fiscalía General y aseguró que cancelar el acuerdo no convertiría automáticamente a Doral en una «ciudad santuario».
La controversia podría volver al Concejo Municipal en diciembre, según adelantó Porras, quien considera que existe una vía legal para poner fin al convenio.
El dictamen estatal no precisa qué circunstancias constituirían una justificación suficiente para rescindir el acuerdo, por lo que la legalidad de una eventual cancelación continúa siendo objeto de debate jurídico.
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