
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil presentó una serie de recomendaciones para la nueva fase del proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que se inicia con el cierre del período de postulaciones y que forma parte de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo.
Las organizaciones firmantes valoraron como avances la incorporación de distintos sectores políticos y representantes de la sociedad civil en el proceso de selección de magistrados, así como la existencia de un cronograma público, la creación de un Consejo de Verificación de Credenciales y Requisitos con mayoría de perfiles independientes y la publicación, por primera vez en más de dos décadas, de un baremo de evaluación.
A juicio de las organizaciones, estos elementos constituyen señales favorables que deben ser preservadas y fortalecidas. Al mismo tiempo, plantearon una serie de medidas para mejorar aspectos del proceso y garantizar que los magistrados seleccionados cumplan con criterios de independencia, competencia y honorabilidad.
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Recomendaciones para la siguiente fase
Las organizaciones señalaron que la evaluación de los requisitos, méritos e idoneidad de los aspirantes debe realizarse de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los estándares internacionales aplicables.
En ese sentido, plantearon que el proceso debe garantizar transparencia, selección basada en el mérito, criterios objetivos y previamente establecidos, mecanismos para evaluar la integridad e independencia de los candidatos, decisiones debidamente motivadas, procedimientos de impugnación y participación de la sociedad civil, además de la paridad de género.
Entre las principales recomendaciones formuladas se encuentran:
1. Publicar información clave del proceso. Solicitaron divulgar el reglamento de funcionamiento del Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ), las hojas de vida de los aspirantes que superen la verificación inicial de requisitos y las calificaciones obtenidas durante la revisión de credenciales. Según las organizaciones, esto facilitaría el escrutinio ciudadano y permitiría realizar eventuales impugnaciones de manera efectiva.
2. Verificar previamente los requisitos de elegibilidad. Propusieron que, antes de asignar puntuaciones, se compruebe el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 263 de la Constitución, especificando las distintas vías de acceso y la sala del TSJ a la que aspira cada candidato. Consideraron que el incumplimiento de un requisito no debe poder ser compensado mediante la obtención de otros puntajes.
3. Revisar el baremo de evaluación. Plantearon que los requisitos mínimos constituyan el punto de partida y que se otorgue mayor peso a la experiencia adicional. También propusieron valorar la carrera judicial conforme al artículo 255 constitucional y reconocer de manera equilibrada el ejercicio profesional independiente y la docencia.
4. Evaluar previamente la independencia política. Las organizaciones propusieron establecer criterios objetivos sobre afiliaciones partidistas, cargos políticos y otras funciones vinculadas con organizaciones políticas, así como solicitar declaraciones sobre estos vínculos e intereses. Sostuvieron que la independencia debe existir antes de la candidatura y que la renuncia posterior a un partido o cargo público no debería considerarse, por sí sola, como evidencia suficiente de independencia.
Al mismo tiempo, señalaron que estos criterios deben aplicarse de manera proporcional y no utilizarse para excluir a personas por actividades lícitas o por su labor legítima en defensa de los derechos humanos.
5. Establecer criterios para evaluar idoneidad, integridad y honorabilidad. Las organizaciones solicitaron mecanismos objetivos para valorar la conducta ética, imparcialidad y trayectoria profesional de los aspirantes mediante evaluaciones individualizadas y fuentes verificables.
También recomendaron establecer reglas sobre el uso de antecedentes, información relacionada con salud mental y reputación digital, con garantías de debido proceso y derecho a conocer y controvertir los señalamientos.
Asimismo, plantearon excluir del proceso a personas que, según mecanismos internacionales de protección u organizaciones de derechos humanos, hayan sido identificadas como responsables de violaciones de derechos humanos documentadas.
6. Garantizar la paridad de género. Propusieron incorporar este principio de manera transversal en el proceso y combinarlo con los criterios de mérito e idoneidad para procurar una representación equilibrada en la composición definitiva del TSJ.
7. Transparentar las entrevistas. Solicitaron publicar previamente los criterios de evaluación, establecer indicadores específicos y garantizar paneles evaluadores equilibrados, con presencia de perfiles independientes desde el punto de vista político.
También recomendaron transmitir las entrevistas en vivo o permitir la participación ciudadana, así como habilitar mecanismos virtuales. Según las organizaciones, estas entrevistas deberían contribuir a revisar antecedentes personales, posibles conflictos de interés, riesgos de favoritismo y otros factores que puedan afectar la imparcialidad.
8. Garantizar mecanismos efectivos de impugnación ciudadana. Las organizaciones plantearon que la sociedad civil debe contar con mecanismos para presentar información sobre las candidaturas, particularmente en casos relacionados con posibles violaciones graves de derechos humanos.
Para ello, solicitaron que el período de impugnaciones sea claro y suficiente, que se permita presentar información verificable incluso cuando no exista una condena penal y que los candidatos tengan derecho a conocer y controvertir los señalamientos formulados en su contra. También pidieron que las respuestas a las impugnaciones sean públicas y debidamente fundamentadas.
Llamado a las autoridades
Las organizaciones consideraron que el proceso representa una oportunidad para avanzar en la recuperación de la independencia judicial en Venezuela.
Por ello, hicieron un llamado a la Asamblea Nacional, al Comité de Postulaciones Judiciales, al Consejo de Verificación de Credenciales y Requisitos y a la Mesa de Diálogo a conducir las siguientes etapas bajo criterios de independencia judicial, transparencia, objetividad, participación ciudadana y paridad de género.
El objetivo, señalaron, debe ser que los magistrados sean seleccionados con base en sus méritos, idoneidad e independencia.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran Acceso a la Justicia, AlertaVenezuela, Aula Abierta, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Caleidoscopio Humano, Espacio Público, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Ideas Por la Democracia, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Programa de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center.
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