
Alí Daniels, director de la organización Acceso a la Justicia, advirtió sobre algunas fallas en el baremo actual para la designación de las nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Exigió modificar los parámetros de evaluación para garantizar que se premie el mérito académico y la trayectoria real por encima de nombramientos «previos a dedo».
Durante una entrevista para Televen, Daniels analizó el proceso de postulaciones en curso, destacando como un avance positivo la publicación del baremo y la participación de más de un millar de aspirantes, entre los que figuran reconocidos profesionales del derecho y defensores de derechos humanos. Sin embargo, alertó que persisten criterios de evaluación que contradicen la meritocracia y reflejan prácticas del pasado.
Como ejemplo central, el especialista cuestionó el peso desproporcionado que se otorga a quienes han ejercido como funcionarios o jueces provisorios en comparación con la formación académica formal. Indicó que el baremo asigna 15 puntos por haber sido nombrado juez, mientras que un posdoctorado, un doctorado y una maestría en conjunto apenas suman 14 puntos.
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«¿Cómo es posible que a esto se le dé más peso que al esfuerzo académico de tener tres títulos de posgrado? Obviamente hay un desbalance que esperemos que los miembros del Comité de Postulaciones, donde hay personas independientes, lo contrarresten», cuestionó Daniels, señalando que esto genera un grave desbalance que beneficia a quienes tienen contactos frente a quienes poseen mérito académico.
Asimismo, el director de Acceso a la Justicia señaló que el proceso de entrevistas otorga 15 puntos (la puntuación individual más alta del baremo), lo cual representa un riesgo debido a que se realizan de forma subjetiva en un tiempo muy breve y divididos en subcomités. Por ello, enfatizó la importancia de la fase de impugnaciones y la participación ciudadana para depurar las candidaturas y exigir un TSJ verdaderamente independiente e imparcial, cuyo objetivo no sea simplemente cumplir con una fecha límite en diciembre, sino rescatar la institucionalidad del país.
Para finalizar, Daniels recordó que el verdadero reto no radica solo en renovar la cúpula del máximo tribunal, sino en sentar las bases para iniciar un proceso progresivo de concursos públicos que permita titularizar a los más de 2.000 jueces provisorios que operan en el sistema judicial venezolano.
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