
La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó este lunes del deterioro de 36 militares detenidos por razones políticas en la cárcel de Ramo Verde, cerca de Caracas, tras superar las 160 horas en una huelga de hambre que comenzaron para exigir su liberación.
«El cuadro clínico de los privados de libertad se ha agravado drásticamente», aseveró la organización no gubernamental en la red social X.
#BALANCE Desde el lunes 9 de noviembre de 2026, un grupo de 36 militares detenidos por razones políticas en la cárcel militar de Ramo Verde (Cenapromil) mantiene una huelga de hambre indefinida para exigir su liberación, el cese de los retardos procesales y la revisión de sus expedientes. La protesta comenzó impulsada por sargentos detenidos desde 2019 por el caso «Sargentos de Cotiza» —quienes aseguran haber cumplido su condena original el 24 de octubre antes de que el TSJ la anulara para repetir el juicio desde cero— y luego sumó a otros oficiales y a dos mujeres militares vinculadas al caso Gobernación de Monagas (la 1er. Tte. Carla Antón y la S2do. Yusimar Montilla).
Tras superar las 160 horas de ayuno, el cuadro clínico de los privados de libertad se ha agravado drásticamente. Según un reporte humanitario recopilado hasta el 15 de noviembre los huelguistas sufren descompensaciones, dolores estomacales, mareos, náuseas, debilidad y desorientación, además de complicaciones por patologías previas en al menos 18 de ellos (hipertensión, diabetes, arritmias cardíacas, entre otros).
El caso más crítico registrado es el de Luis Alfredo Lobo Medina, quien debió ser evacuado de emergencia a un hospital el 14 de noviembre y posteriormente retornado al penal. Por su parte, las dos mujeres detenidas solicitaron con urgencia agua potable, sueros de hidratación, protectores gástricos (omeprazol y ranitidina) y evaluación médica presencial.
Familiares y ONG denunciaron el fin de semana que, como medida de presión tras el inicio de la huelga, se ordenó cerrar el acceso entre la torre y el patio, dejando a los protestantes sin acceso a agua potable ni a los baños. Además, las autoridades suspendieron las visitas para la totalidad de los 235 detenidos en Ramo Verde y desplegaron efectivos antimotines tras registrarse un cacerolazo interno.
Organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón, el Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones ) y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve ) hemos exigido atención médica inmediata e independiente, el restablecimiento de condiciones básicas de supervivencia y que los militares sean incluidos en eventuales excarcelaciones. Hasta la tarde del 16 de noviembre, no existe pronunciamiento oficial ni reporte médico actualizado por parte de las autoridades venezolanas.
#JusticiayLibertad
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) November 16, 2026
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Señaló que, según información recopilada hasta este domingo, los huelguistas han sufrido descompensaciones, dolores estomacales, mareos, náuseas, debilidad y desorientación, además de complicaciones por patologías previas en al menos 18 de ellos, como hipertensión, diabetes y arritmias cardíacas.
Los militares también exigen el cese de los retardos procesales y la revisión de sus expedientes.
JEP indicó que el caso más crítico es el de Luis Alfredo Lobo Medina, quien «debió ser evacuado de emergencia a un hospital el 14 de noviembre y posteriormente retornado al penal».
Por otra parte, las dos mujeres detenidas «solicitaron con urgencia agua potable, sueros de hidratación, protectores gástricos y evaluación médica presencial», según la organización.
«Familiares y ONG denunciaron el fin de semana que, como medida de presión tras el inicio de la huelga, se ordenó cerrar el acceso entre la torre y el patio, dejando a los protestantes sin acceso a agua potable ni a los baños», señaló JEP.
Además, prosiguió, las autoridades «suspendieron las visitas para la totalidad de los 235 detenidos en Ramo Verde y desplegaron efectivos antimotines tras registrarse un cacerolazo interno».
La organización exige «atención médica inmediata e independiente, el restablecimiento de condiciones básicas de supervivencia y que los militares sean incluidos en eventuales excarcelaciones».
El viernes, Human Rights Watch (HRW) informó de que ha recibido «reportes preocupantes» sobre la situación de los reclusos.
«Urge verificar su salud y garantizar atención médica, agua, y visitas», publicó en X la directora de la división de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, quien pidió la liberación «cuanto antes» de «todas las personas detenidas arbitrariamente».
El pasado sábado, la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado difundió en redes sociales una carta firmada por más de 150 militares presos en Ramo Verde en la que dicen vivir una «situación de indefensión, incertidumbre e irregularidad jurídica», debido a «la inobservancia y violación sistemática» de sus «garantías constitucionales, derechos humanos y del debido proceso».
En el documento, plantean la opción de conceder la libertad en el exilio a los militares detenidos por razones políticas, para lo que solicitan el apoyo de Noruega y «demás países».
EFE












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