
Cuando aún está lamiéndose las heridas de la debacle electoral de las midterms, los legisladores republicanos de Capitol Hill han lanzado una ofensiva relámpago para impulsar la agenda de Trump tras la abultada derrota electoral en las pasadas elecciones de medio mandato. Los líderes del Senado y la Cámara de Represen8tantes ultiman un calendario frenético para tratar de sacar adelante todas las iniciativas pendientes antes del final del periodo de sesiones y la entrada de los nuevos congresistas y senadores, que visibilizará la nueva mayoría demócrata en las dos cámaras.
“Hagamos todo lo posible”, dijo el senador republicano por Florida, Rick Scott, en la cadena conservadora Fox News. “Quédense todos los días, durante Navidad, durante Acción de Gracias, durante Año Nuevo. Todos los días”.
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Los republicanos ya han comenzado a diseñar la ofensiva. Han nombrado un nuevo jefe de la mayoría en la Cámara de Representantes. El extremista Jim Jordan, uno de los aliados más fieles de Trump, liderará la bancada conservadora que ya ha despejado el primer balón con la victoria en la votación para rechazar la petición de un juicio político (impeachment) contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
El tiempo apremia si quieren sacar adelante la agenda política de Trump. Apenas quedan 20 días hábiles antes del 3 de enero, cuando comenzará el 120.º Congreso, con las festividades de Acción de Gracias y Navidades de por medio. Las negociaciones son complejas porque los demócratas no tienen muchos incentivos para respaldar las iniciativas legales y los conservadores cuentan con una frágil mayoría debilitada aún más por el descontento de algunos congresistas que dejarán el Capitolio a partir de enero.
Evitar el cierre presupuestario
Los republicanos quieren sacar adelante varios proyectos legislativos antes de que se produzca el cambio de guardia en el Capitolio y las dos cámaras pasen a estar controladas por los demócratas. Pero antes tienen que salvar una primera bola de partido: el día 11 de diciembre vence el plazo para que el Congreso extienda la financiación del Gobierno federal. Si ambos partidos no logran un acuerdo, volverá a producirse un cierre presupuestario como ocurrió el año pasado, cuando decenas de agencias federales tuvieron que bajar la persiana y miles de funcionarios estuvieron sin cobrar durante 43 días, en el shutdown más largo de la historia de Estados Unidos.
Más allá de eso, el Capitolio debe sacar adelante la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que incluye los fondos para el Pentágono en plena guerra contra Irán. Aunque el Congreso ha aprobado dicho proyecto de ley todos los años desde 1961, las diferencias en la cuantía del presupuesto y las prioridades políticas de los demócratas pueden retrasar su aprobación. La Administración Trump ha solicitado una financiación récord de 1,5 billones de dólares para defensa, pero los demócratas no están dispuestos a conceder tanto dinero, sobre todo habiendo comprobado en las elecciones el descontento popular con la guerra contra Irán. Exigen destinar tanto dinero a fines militares como a objetivos sociales, como sanidad y otros programas sociales.
Los republicanos tienen en la agenda otros asuntos de alta prioridad, como un proyecto de ley agrícola y la importante ley de permisos, que busca eliminar algunas de las trabas burocráticas para la creación de proyectos energéticos. Esta norma, que ya ha pasado el filtro de varios comités parlamentarios, podrá encontrarse con nuevos obstáculos en el Senado debido al rechazo popular contra los centros de datos que se ha manifestado en las midterms. Los ciudadanos votaron en contra de 40 de las 41 propuestas sobre centros de datos en las pasadas elecciones de medio mandato.
La presión del inquilino de la Casa Blanca para que los republicanos aprueben la Ley SAVE America, que busca endurecer las reglas para votar en Estados Unidos, antes del 3 de enero, cuando se inicia el nuevo periodo de sesiones controlado por los demócratas, podría llevar a los conservadores a hacer un último intento para sacar adelante este polémico proyecto de ley.
No se descarta que alguno de los republicanos enfrentados a Trump, como Thomas Massie, pida reabrir el caso Epstein en el Capitolio, después de la publicación del último informe en el que se revelan algunas irregularidades de la investigación sobre el financiero neoyorquino que montó una red de explotación sexual.
Sobre todo eso sobrevuela el deseo de Trump de que los republicanos impulsen un proyecto de conciliación presupuestaria, que allane el camino para modificar el presupuesto a su antojo con nuevas rebajas de impuestos y gastos para financiar el salón de baile de la Casa Blanca, la construcción del Arco del Triunfo en Washington y otros proyectos personales del presidente.
La conciliación presupuestaria es una vía parlamentaria que permite al Congreso modificar impuestos, gastos obligatorios y deuda federal mediante un procedimiento acelerado y con mayoría simple en el Senado, sin necesidad de reunir los dos tercios de los apoyos, sino solamente obteniendo la mayoría (51 de los 100 votos). Para aprobar este tipo de normas se exigen una serie de requisitos parlamentarios, que los republicanos ya burlaron cuando aprobaron el año pasado por esta misma vía la Ley Grande y Hermosa.
Nominación de jueces
Otra de las prioridades de la Casa Blanca es la confirmación de los jueces y altos cargos federales nominados por Trump. El ocupante del Despacho Oval ha designado a cerca de 25 nominados para cargos judiciales y otros 100 cargos ejecutivos que necesitan la confirmación en el Congreso.
Pero además, todos están pendientes del Tribunal Supremo. Los dos jueces de tendencia conservadora de mayor edad, Samuel A. Alito (76 años) y Clarence Thomas (78 años), están recibiendo presiones para retirarse y dar una oportunidad a los republicanos de mantener la mayoría en la Corte Suprema antes de que los demócratas tomen el control del Capitolio. Aunque los dos magistrados han asegurado que no planean renunciar, los congresistas se preparan por si finalmente reconsideran su postura.
Los republicanos se enfrentan a la tradición. Cuando falleció el juez conservador Antolín Scalia en febrero de 2016, el entonces presidente Barack Obama trató de nombrar al magistrado moderado Merrick Garland, pero los republicanos lo rechazaron alegando que en año electoral no se deberían nominar miembros de la Corte Suprema. Sin embargo, cuatro años más tarde, ya bajo la primera presidencia de Donald Trump, falleció la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg, y los republicanos no dudaron en sustituirla por la conservadora Amy Coney Barrett, pese a coincidir también en año electoral.
Escaso margen republicano
Tanto la nominación de los jueces del Supremo como el resto de iniciativas legislativas requerirían la aprobación de ambas cámaras tras intensos debates en un proceso tortuoso con poco margen de error, ya que los republicanos tienen una frágil mayoría.
Los conservadores ostentan el control del Senado por 53 escaños a 47 sobre los demócratas, pero este margen será aún más reducido cuando venza el mandato del senador republicano de Ohio, Jon Husted, a mediados de diciembre. Husted era el senador que ocupó el hueco del vicepresidente JD Vance en el Senado, pero no logró mantener su cargo en las midterms ante el demócrata Sherrod Brown. Por otro lado, el senador demócrata por Connecticut, Chris Murphy, sufrió hace unas semanas un derrame cerebral que lo mantendrá alejado de Capitol Hill durante un tiempo.
El margen de los republicanos es aún más precario en la Cámara de Representantes, donde solo pueden permitirse perder dos votos. El representante republicano por Kentucky Thomas Massie, enemistado con Trump, suele discrepar con su partido, y el representante republicano por Florida Neal Dunn lleva desde el verano sin acudir al Congreso porque está enfermo. Además, otro puñado de legisladores descontentos con Trump abandonará el Capitolio en enero y podrá oponerse a la mayoría republicana.
El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, dejó clara cuál es la estrategia. Esta semana aseguró que los republicanos del Senado están “comprometidos a hacer lo que sea necesario para lograr el mayor número de avances posible”. Tras ser ratificado como el jefe de los conservadores en la cámara alta, añadió: Eso significa extender el calendario, la cantidad de días que estaremos aquí, la cantidad de horas que estaremos aquí, la cantidad de votaciones que podríamos llegar a realizar”, dijo Thune. “Pero vamos a terminar esta sesión legislativa con fuerza”.
Primeras críticas
Los legisladores republicanos deberán abordar esa arremetida parlamentaria mientras tratan de no distraerse con las tensiones que llegan desde dentro del partido conservador, mientras unos esperan que el presidente, Donald Trump, revele el nombre de quien le sucederá como candidato presidencial en las elecciones de 2028. Otros, sin embargo, expresan su malestar con el actual ocupante de la Casa Blanca, sumido en unos índices de aprobación históricamente bajos, y al que culpan de la histórica derrota del partido en las midterms. Arrecian las voces que piden distanciarse de Trump en busca de un giro a las raíces tradicionales del Partido Republicano, más alejado del populismo en el que ha caído bajo la égida del líder de la corriente MAGA (Make America Great Again).
“No hay forma de endulzar lo que sucedió el día de las elecciones. De costa a costa, e incluso en algunas de las zonas más conservadoras del país, los republicanos fueron humillados”, escribieron 31 miembros del Comité Nacional Republicano en una carta dirigida a los legisladores republicanos esta semana. La misiva contiene un mensaje subliminal importante: Trump se embarcó en una vertiginosa gira el mes antes de las elecciones cuando celebró una treintena de mítines en los que pidió a sus seguidores que votaran como si él estuviera en la papeleta. Sin embargo, al día siguiente achacó el desastre electoral de su partido a los malos candidatos, que él mismo había designado y apoyado, algunos en contra de la opinión de los líderes del partido, y a que su nombre no estaba en la boleta.
Los republicanos reprochan a Trump sus desmanes, la opacidad de sus negocios familiares, haber metido al país en una guerra innecesaria y haber tardado demasiado en dar luz verde para invertir en la campaña electoral el dinero de su PAC MAGA, el comité de campaña que recauda fondos de sus seguidores más acérrimos, que estaba dotado con más de 400 millones de dólares.
Las primeras críticas públicas llegaron tras el nombramiento de Stephen Miller, el arquitecto de las políticas migratorias de Trump, con redadas y deportaciones masivas de personas indocumentadas.
El congresista republicano en representación de Indiana, Marlin Stutzman, cuestionó el nombramiento. “Si tu equipo sufre un golpe tan duro como el que sufrimos la semana pasada, tienes que despedir gente”, dijo en una entrevista con la cadena CNN. “No se asciende a quienes estaban a cargo de lo que se suponía que debía entregarse”, agregó. El senador republicano por Carolina del Norte, Thom Tillis, calificó el ascenso de Miller como un “error colosal”.
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