El abogado Nielson de Souza Vilela, el letrado que ha ejercido en España la defensa del exjefe de la Inteligencia y Contrainteligencia militar de Venezuela, Hugo Armando Carvajal Barrios, alias el Pollo, ha sido hallado muerto en Madrid, según ha podido saber en exclusiva THE OBJECTIVE. El cuerpo sin vida del abogado fue encontrado a primera hora de la mañana de este jueves en el trastero del inmueble en el que residía, ubicado en la Gran Vía de la capital. Por el momento, no han trascendido las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.
Por THE OBJECTIVE.
La muerte del letrado, que tenía alrededor de cuarenta años, se produce en un momento especialmente relevante para quien fuera su cliente en España. El Pollo Carvajal, considerado uno de los hombres que mejor conocen los secretos del chavismo, se encuentra inmerso en un proceso de colaboración con la justicia estadounidense tras declararse culpable de delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y tráfico de armas. El exgeneral venezolano dirigió durante años los servicios de inteligencia militar de Venezuela bajo los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, lo que le permitió conocer los entresijos del régimen y sus relaciones con dirigentes políticos de otros países, entre ellos España.
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De hecho, la sentencia contra Carvajal, cuya lectura estaba prevista inicialmente para octubre de 2025 y posteriormente para febrero de este año, ha sufrido sucesivos aplazamientos. Fuentes del entorno del exresponsable de la inteligencia venezolana vinculan estos retrasos con la información que está proporcionando a las autoridades norteamericanas. Entre los asuntos sobre los que tendría conocimiento figuran las operaciones del régimen venezolano en el extranjero, los negocios de sus dirigentes y las vías de financiación de formaciones políticas afines al chavismo. La colaboración de Carvajal con Estados Unidos ha adquirido especial relevancia tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
La conexión española
Fuentes próximas al exjefe de la inteligencia chavista sostienen que Carvajal ya había comenzado a detallar ante las autoridades estadounidenses los mecanismos que habría empleado el régimen venezolano para financiar a dirigentes y partidos políticos de izquierda y extrema izquierda de distintos países. Una información que, según estas mismas fuentes, afectaría también a los intereses del chavismo en España y a sus relaciones con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Parte de estas revelaciones se remontan a la etapa en la que el Pollo permaneció encarcelado en España desde 2021 a 2023, a la espera de que se materializase su extradición a Estados Unidos. Durante aquellos años, el exgeneral compareció ante la Audiencia Nacional y puso en conocimiento de las autoridades judiciales españolas información sobre la presunta financiación internacional de movimientos políticos por parte del régimen de Hugo Chávez.
Carvajal trató de evitar su entrega a Estados Unidos colaborando con la justicia española y aportando información sobre Podemos y Zapatero. Pero al Gobierno de Pedro Sánchez no le interesaba la información que podría aportar el Pollo Carvajal, ya que afectaba a sus socios de Gobierno y al expresidente Zapatero. Finalmente, el 19 de julio de 2023, el exjefe de los servicios secretos venezolanos fue extraditado para responder ante un tribunal federal de Nueva York por su participación en las actividades del conocido como Cártel de los Soles.
El 25 de junio de 2025, pocos días antes de que arrancase el juicio contra él, Carvajal se declaró culpable de los cuatro cargos que pesaban en su contra. Entre ellos, el de conspirar para introducir cocaína en Estados Unidos y el de participar en actividades de narcoterrorismo en beneficio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Desde entonces, permanece a la espera de conocer la pena que le impondrá el juez Alvin K. Hellerstein.
La información de EEUU sobre Plus Ultra
Se da la circunstancia de que, apenas dos meses y medio después de la detención de Maduro, las autoridades estadounidenses transmitieron a la Policía Nacional información que ha resultado relevante para el caso Plus Ultra, en el que figura como investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
El pasado 18 de marzo, la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI), dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, facilitó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el contenido del teléfono móvil de Rodolfo Reyes Rojas, antiguo accionista mayoritario de la aerolínea. Las comunicaciones extraídas del terminal contenían referencias a las gestiones que habrían efectuado los responsables de la compañía para conseguir el rescate público de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez.
La documentación remitida por Estados Unidos se incorporó a las diligencias que dirige el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama y constituyó uno de los elementos que sustentaron la imputación de Zapatero el pasado 18 de mayo. El expresidente del Gobierno ha negado haber intervenido en la concesión del rescate a la aerolínea.
El precedente del ‘caso Morodo’
El fallecimiento de Nielson de Souza Vilela ha hecho que fuentes del entorno de antiguos directivos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) recuerden otro episodio ocurrido hace siete años en Madrid. Se trata de la muerte de Juan Carlos Márquez Cabrera, exalto cargo de la petrolera estatal venezolana, cuyo cadáver fue encontrado apenas dos días después de que se comprometiera a colaborar con la Audiencia Nacional en la investigación sobre los negocios del exembajador español en Venezuela Raúl Morodo y su hijo, Alejo.
Juan Carlos Márquez había sido secretario general de Entes Corporativos de PDVSA durante la etapa en la que el chavista Rafael Ramírez estuvo al frente de la compañía como presidente. Su firma figuraba en varios de los contratos de asesoramiento que estaban siendo investigados por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. El 18 de julio de 2019, el antiguo directivo de la petrolera aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas procedente de Estados Unidos. Allí fue detenido en virtud de una orden de búsqueda y captura. Tras comparecer ante el juez instructor y manifestar su disposición a colaborar con la justicia española, quedó en libertad con la prohibición de abandonar el territorio nacional.
Juan Carlos Márquez aseguró que iba a contar todo lo que sabía sobre el caso Morodo —que salpicaba a Zapatero— y, tras horas de declaración, el magistrado Santiago Pedraz le emplazó a regresar el lunes para continuar su interrogatorio. Dos días después de su declaración fue hallado muerto. Su socio encontró su cadáver en una oficina situada en una nave industrial de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Prada había intentado contactar telefónicamente con Márquez durante aquel fin de semana, sin éxito, por lo que decidió desplazarse hasta las instalaciones que compartían. Los bomberos tuvieron que intervenir para permitir el acceso al inmueble.
Los millones de la petrolera venezolana
La investigación en la que Márquez había accedido a colaborar trataba de esclarecer el cobro de al menos 4,5 millones de euros procedentes de PDVSA por parte de sociedades vinculadas al hijo de Raúl Morodo, quien había ejercido como embajador de España en Caracas entre 2004 y 2006, durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Los investigadores situaron bajo la lupa una serie de contratos de asesoramiento suscritos entre 2012 y 2015, cuando Morodo ya había abandonado la representación diplomática española en Venezuela. Durante la investigación se sospechó que Morodo era el testaferro de Zapatero o José Bono. Pero ese enigma no se llegó a resolver.
En diciembre de 2024, la Audiencia Nacional condenó a diez meses de prisión a Raúl Morodo y a dos años a su hijo, Alejo, después de que ambos alcanzasen un acuerdo con la Fiscalía y reconociesen haber ocultado a Hacienda ingresos procedentes de la petrolera estatal venezolana. Siete años después de la muerte de Márquez, la muerte en pleno centro de Madrid del abogado que defendió en España al Pollo Carvajal ha devuelto aquel episodio a las conversaciones del entorno de antiguos responsables de PDVSA.
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