La organización Transparencia Venezuela identificó 63 empresas activas en el sector petrolero venezolano, en medio de un proceso de reorganización de las asociaciones y contratos de explotación que, según advierte, está marcado por la falta de información pública y controles institucionales.
La información está contenida en el informe «Mapa de empresas en sector petrolero 2026», publicado este 11 de noviembre, que documenta la presencia de compañías de 33 países y registra, además, 21 empresas nuevas, 11 proyectos en estudio y 15 compañías desplazadas.
De acuerdo con el levantamiento, Estados Unidos, Barbados, China, Rusia, España y Venezuela figuran entre los países con mayor presencia empresarial en el sector. Asimismo, de los 303 bloques petroleros y gasíferos identificados, 134 se encuentran bajo control de empresas privadas.
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Uno de los cambios más relevantes está relacionado con la participación de Chevron, ENI y Repsol, compañías que adaptaron sus contratos a la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada en enero de 2026, o ampliaron su control operativo.
En el caso de Chevron, el documento señala que incrementó su participación en Petropiar, Petroboscán y Petroindependencia, mientras cedió a Pdvsa parte de sus derechos sobre los bloques 2 y 3 de la Plataforma Deltana. Posteriormente, la estatal venezolana otorgó licencias sobre esas áreas a BP, XRG y UCC Oil and Gas.
Nabep y Pacific Coast Energy concentran nuevas asignaciones
El informe identifica a North American Blue Energy Partner (Nabep) como la compañía con la mayor asignación de bloques, con un total de 35. La organización señala que la empresa quedó en manos del empresario Alejandro Betancourt, luego de la venta de la participación que pertenecía a Harry Sargeant III.
Además, recoge información sobre el anuncio realizado en septiembre, según el cual el Departamento de Guerra de Estados Unidos tendría derechos sobre el 35% de Nabep.
Entre los activos que asumiría la compañía figuran campos previamente asignados a China Concord Resources, Hainan Breey Energy y áreas relacionadas con Sinopec, CNPC y Rozsarubezhneft. Transparencia Venezuela precisa que parte de esta información se fundamenta en declaraciones de autoridades estadounidenses citadas por Reuters y que todavía existen interrogantes sobre la situación de algunos socios.
Otra empresa con una asignación significativa es Pacific Coast Energy Co. (PCEC), que recibió 12 bloques en el occidente del país y la Faja Petrolífera del Orinoco.
Entre ellos se encuentran campos de Petrocabimas, donde Suelopetrol tenía una participación del 40%, y de Petrodelta, donde DP Delta Finance B.V., vinculada a la familia Cisneros, poseía otro 40%.
Sobre este último caso, el documento indica que DP Delta Finance anunció acciones administrativas y manifestó su disposición a acudir a instancias judiciales.
En la lista de empresas desplazadas también aparecen Suelopetrol, DP Delta Finance, Hainan Breey, Cavallino Oil, LNGC Growth I, Integra Oil & Gas y West Construcciones, entre otras.
Transparencia cuestiona la experiencia y los beneficiarios finales
Uno de los principales focos de preocupación del informe está relacionado con la capacidad operativa, la experiencia empresarial y la identificación de los beneficiarios finales de Nabep, PCEC y UCC Holding.
Sobre Nabep, Transparencia Venezuela recoge cifras atribuidas a Reuters que sitúan su producción en 224.000 barriles diarios, al tiempo que menciona las dudas expresadas por expertos sobre la viabilidad de alcanzar una meta de un millón de barriles diarios.
El documento también recuerda los señalamientos previos contra Alejandro Betancourt por presuntas prácticas corruptas, sin que ello implique una determinación judicial de responsabilidad.
En cuanto a PCEC, propiedad del empresario Alshair Fiyaz, la organización advierte que no existen certezas suficientes sobre quiénes son sus beneficiarios finales.
Respecto a UCC Holding, cita investigaciones de The New York Times y Armando.Info que relacionan a la compañía con los hermanos Moutaz y Ramez Al-Khayyat, empresarios con vínculos comerciales con el yerno del presidente estadounidense Donald Trump.
El informe también menciona 11 proyectos que permanecen en fase de estudio, entre ellos iniciativas relacionadas con Baker Hughes, Continental Resources, TotalEnergies, Aspect Holdings y Halliburton, además de la evaluación de ExxonMobil sobre el campo Cerro Negro.
Alertan sobre concentración de poder y falta de controles
Transparencia Venezuela advierte que la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos eliminó la obligación de someter los acuerdos a la aprobación de la Asamblea Nacional y de publicarlos en Gaceta Oficial.
A juicio de la organización, este cambio ha favorecido una mayor concentración de decisiones en el Ministerio de Hidrocarburos, en un contexto donde tampoco existe una autoridad regulatoria independiente.
El documento identifica al menos dos casos de presuntas violaciones de derechos de propiedad y alrededor de 15 situaciones en las que se habrían modificado condiciones contractuales sin que se conozcan los procedimientos utilizados.
Asimismo, cuestiona la actuación de los organismos de supervisión y control, al considerar que la Contraloría General de la República y el Ministerio Público continúan cooptados por el Ejecutivo.
La organización sostiene que la ausencia de información sobre producción, ingresos y generación de empleo impide evaluar con precisión los beneficios económicos que estas nuevas asociaciones representan para Venezuela.
Exigen publicar los contratos petroleros
Ante este escenario, Transparencia Venezuela plantea una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades venezolanas y a los organismos involucrados en la administración del negocio petrolero.
Entre sus principales exigencias figura la publicación íntegra de los contratos suscritos con las empresas activas y aquellas que mantienen negociaciones, así como la identificación de sus beneficiarios reales y representantes.
También solicita divulgar las regulaciones del Fondo Petrolero y que Pdvsa presente un informe detallado sobre las exportaciones realizadas bajo la Orden Ejecutiva 14.373, incluyendo compradores, precios y volúmenes comercializados.
Adicionalmente, pide al Ministerio de Hidrocarburos informar sobre el régimen fiscal aplicado a cada socio; a la Contraloría, auditar los reportes de ventas; y al Banco Central de Venezuela y al Ministerio de Finanzas, ofrecer información sobre las divisas y los recursos recibidos del Departamento del Tesoro estadounidense.
Para Transparencia Venezuela, la expansión de la participación privada en la industria petrolera no puede estar desligada de mecanismos de rendición de cuentas, transparencia contractual y garantías sobre los derechos de propiedad.
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