El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el 10 de noviembre nuevas irregularidades en las condiciones de reclusión de los 34 militares que permanecen en huelga de hambre indefinida en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en el estado Miranda. La organización advirtió sobre el retraso de sus procesos judiciales, la falta de atención médica y presuntas restricciones impuestas por las autoridades penitenciarias.
Uno de los principales reclamos corresponde a los 21 sargentos vinculados al caso Cotiza, quienes enfrentan un nuevo proceso judicial después de que se anulara la sentencia que habían recibido en 2022. Según el OVP, la anulación ocurrió en 2024 y no fue sino hasta abril de 2026 cuando fueron convocados a una nueva audiencia preliminar, realizada por vía telemática ante un tribunal civil con competencia en terrorismo.
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El retardo procesal y la absoluta falta de autonomía en las instituciones venezolanas, que se niegan a dar respuestas, llevó a 34 militares a realizar una huelga de hambre indefinida en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, ubicado en el estado #Miranda.
La huelga de hambre es un método legítimo de protesta pacífica, especialmente cuando se recurre a ella ante la falta de recursos judiciales efectivos, la denegación de justicia o tratos inhumanos. La medida la iniciaron 21 sargentos del caso Cotiza, quienes denunciaron que están enfrentando un bloqueo judicial injustificable, pasaron de tener una sentencia firme en el 2022, a la anulación del proceso en el año 2024.
No fue sino hasta abril del 2026 que fueron sometidos a una nueva audiencia preliminar vía telemática, en un tribunal civil de terrorismo, donde no estuvieron presentes todos los abogados defensores en la cual le dieron sobreseimiento a todos los delitos que tenían. Sin embargo, les dejaron el delito de traición a la patria, han pasado seis meses y aún no se ha dado la primera audiencia de juicio, porque no existe una respuesta por parte del tribunal, dejándolos en un limbo judicial.
Los defensores de los sargentos del caso Cotiza solicitaron su amnistía ante el tribunal, quienes tienen 15 días hábiles para darles una respuesta y así mismo notificaron sobre su huelga indefinida.
A la huelga se han sumado 13 militares más privados de su libertad, para apoyar a sus compañeros como medida de protesta para exigir su libertad. Hasta ahora conocemos que son: 2 militares de la causa 30 de Abril, 2 de la causa refinería El Palito, 3 de la causa Sukoy, 1 causa Paramacay, 1 causa Aurora, 2 causa Gedeón, 1 causa Espionaje y 1 Gobernación de Monagas.
Esta medida expone la violación flagrante de sus derechos y del debido proceso que han tenido estos presos políticos militares. La indolencia del Estado y el cierre de los canales de justicia ordinaria ponen en grave riesgo su integridad física y mental, convirtiendo su prolongado cautiverio en una forma de tortura psicológica que vulnera los estándares internacionales más elementales.
Los familiares temen por las condiciones físicas de los militares ya que han presentado cuadros de depresión y ansiedad. En Ramo Verde no tienen un médico en caso que tengan un afectación en su salud, tan solo cuentan con un enfermero.
Asimismo, conocimos que la mañana de este miércoles #10Nov cerraron el portón del recinto, lo cual evita el paso de los privados de libertad de la cancha a la torre y viceversa. Además, el jefe de régimen presuntamente negó a los privados de libertad el acceso al agua, bajo el argumento de que “solo recibe órdenes”.
Sobre la atención médica de los huelguistas, aplica la Declaración de Malta sobre las Personas en Huelga de Hambre como estándar ético y legal internacional, el cual reconoce la autonomía de las personas competentes para decidir sobre sus cuerpos y prohíbe tajantemente la alimentación forzada. Las autoridades del penal deben respetar su protesta pacífica y dar una respuesta oportuna y adecuada a sus solicitudes.
Desde @oveprisiones exigimos al TSJ respuestas claras sobre el caso Cotiza. Y responsabilizamos al Estado por la salud de los 34 militares en huelga de hambre en Ramo Verde y exigimos la libertad plena y sin restricciones a todos los militares que están detenidos por razones políticas.
Como organización estamos haciendo seguimiento, documentando y reportando a organismos internacionales.
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) November 10, 2026
Durante esa diligencia se dictó el sobreseimiento de los delitos que se les imputaban, con excepción del de traición a la patria. Sin embargo, seis meses después, todavía no se ha celebrado la primera audiencia de juicio, por lo que los militares continúan sin una respuesta sobre el avance de su causa.
Ante esta situación, los abogados defensores solicitaron la aplicación de la amnistía ante el tribunal correspondiente, que dispone de 15 días hábiles para emitir una respuesta. También notificaron formalmente sobre la huelga de hambre que mantienen los detenidos.
Preocupación por las condiciones de reclusión
A los 21 sargentos del caso Cotiza se sumaron otros 13 militares privados de libertad, dos del caso 30 de Abril, dos de la refinería El Palito, tres de la causa Sukoy, uno de Paramacay, uno de Aurora, dos de Gedeón, uno del caso Espionaje y otro vinculado a la Gobernación de Monagas.
El OVP alertó que la situación representa un riesgo para la integridad física y psicológica de los huelguistas. Según la organización, familiares han manifestado preocupación por los cuadros de depresión y ansiedad que presentan algunos de los detenidos, especialmente ante las limitaciones para recibir atención médica dentro del recinto.
De acuerdo con la denuncia, Ramo Verde no cuenta con un médico para atender posibles complicaciones de salud de los privados de libertad y únicamente dispone de un enfermero.
A estas condiciones se sumó las restricciones dentro del centro penitenciario. El OVP informó que durante la mañana de este martes 10 de noviembre las autoridades cerraron el portón del recinto, lo que impidió el desplazamiento de los detenidos entre la cancha y la torre donde permanecen recluidos.
La organización también denunció que el jefe de régimen presuntamente negó el acceso al agua a los privados de libertad y justificó su decisión con el argumento de que “solo recibe órdenes”.
OVP exige respuestas al TSJ
El Observatorio Venezolano de Prisiones señaló que la falta de respuestas judiciales y las presuntas restricciones a las que están sometidos los militares representan vulneraciones a sus derechos y al debido proceso.
La organización también recordó que la Declaración de Malta sobre las Personas en Huelga de Hambre establece principios para la atención de quienes recurren a esta forma de protesta, entre ellos el respeto a la autonomía de las personas competentes para tomar decisiones sobre su propio cuerpo y la prohibición de la alimentación forzada.
En ese contexto, el OVP exigió a las autoridades penitenciarias respetar la decisión de los huelguistas, garantizar su atención médica y responder a las solicitudes que han presentado ante los organismos judiciales.
“Desde OVP exigimos al TSJ respuestas claras sobre el caso Cotiza. Y responsabilizamos al Estado por la salud de los 34 militares en huelga de hambre en Ramo Verde y exigimos la libertad plena y sin restricciones a todos los militares que están detenidos por razones políticas”, escribió la organización.
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