Mauro Zambrano, coordinador general de la Red Sindical Venezolana, informó el 5 de noviembre que durante 2026 el sector público ha realizado más de 1.100 protestas en distintas regiones del país.
En declaraciones a la prensa, advirtió que los trabajadores del sector público podrían pasar de las manifestaciones de calle a una paralización de actividades, ante la falta de respuestas del gobierno a sus demandas laborales.
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“Dijeron que el 1° de noviembre iban a hacer unos anuncios, no hubo (…) Ante esa situación a nosotros no nos queda más que hacer una paralización, debido a la situación que estamos viviendo los trabajadores”, dijo Zambrano.
Recalcó que la situación en la que se encuentran genera “incertidumbre” frente a la falta de pagos de aguinaldos.
El representante sindical insistió en que, después de meses de manifestaciones sin respuestas, considera necesario evaluar otras formas de presión para exigir mejoras en las condiciones laborales.
“Cuando pasan este tipo de situaciones hacemos una protesta, pero creo que ya es hora de hacer una paralización”, expresó.
La advertencia del dirigente sindical se produce en medio de los reclamos que distintos gremios han mantenido durante octubre por la recuperación del poder adquisitivo y el reconocimiento de sus beneficios laborales.
Reclamos de los trabajadores públicos
El 13 de octubre, trabajadores de la educación, la salud y otros sectores de la administración pública marcharon en Caracas hacia el Palacio de Miraflores para exigir mejoras salariales y pensiones dignas.
De acuerdo con reportes en redes sociales y medios de comunicación, la movilización fue bloqueada por funcionarios policiales que impidieron a los manifestantes llegar hasta la sede del Ejecutivo.
Uno de los principales puntos de conflicto es la diferencia entre el salario mínimo legal, que permanece en 130 bolívares desde marzo de 2022, y el ingreso mínimo integral anunciado por el Ejecutivo, fijado en 240 dólares mensuales y compuesto principalmente por bonificaciones, que no tienen incidencia en el cálculo de prestaciones sociales y otros beneficios laborales.
A esta situación se suma la incertidumbre por los aguinaldos. Aunque algunas instituciones comenzaron a preparar los registros para el pago de las bonificaciones de fin de año en octubre, los gremios denunciaron que todavía no había información precisa sobre los montos y las fechas de desembolso. Por ello, distintas organizaciones han solicitado que estos beneficios se calculen tomando en cuenta el ingreso integral y no únicamente el salario mínimo legal.
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