Los acuerdos petroleros anunciados hace dos meses por los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela —que abren la puerta al capital extranjero para asumir directamente la producción de crudo— se han convertido en el fiel reflejo de la nueva realidad industrial del país. El esquema formaliza el fin de la tutela operativa de Petróleos de Venezuela (PDVSA) sobre la extracción y el refinado de sus derivados. Un reajuste impuesto que cierra un ciclo de 50 años de protagonismo de la empresa estatal en la industria petrolera nacional.
El encuadre legal para hacer realidad la situación actual, que parece irreversible, es la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada tres semanas después del ataque militar estadounidense del 3 de enero de 2026. El ajuste legislativo dio un periodo de 180 días para adecuar los términos del régimen anterior, en el que el Estado se asociaba con empresas internacionales en convenios mixtos donde conservaba la mayoría accionaria (realidad que reinó en el país durante 15 años). A partir de la puesta en vigor de la reforma, las compañías internacionales y nacionales que operan en el país van cobrando autonomía para hacer las cosas por su cuenta. PDVSA mantiene operaciones en varios campos petroleros, pero en el tiempo reciente, le ha tocado más bien ejercer un papel rector sin protagonismo en la ejecución: contratante; titular de activos —como refinerías y oleoductos—; socio e interlocutor estatal.
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A diferencia de lo que ocurría en el pasado, la PDVSA de estos tiempos ya no se puede encargar sola de su misión como empresa estatal. El deterioro de la compañía es tan pronunciado que, en estos años, algunos analistas cercanos a la oposición han llegado a plantear la posibilidad de crear otra corporación para el negocio petrolero, o reducir al mínimo su papel en el futuro. La temida hipótesis sobre una eventual privatización de PDVSA —alguna vez la sociedad mercantil más poderosa de toda América Latina—, tan agitada por el chavismo en el pasado para arrinconar a la oposición, ha terminado por formar parte del nuevo pragmatismo. En las corrientes que acompañan a María Corina Machado, la venta de PDVSA tiene firmes adeptos. Hoy PDVSA no está privatizada, pero el negocio petrolero nacional sí lo está.
La producción diaria de la estatal venezolana apenas llega a 450.000 barriles diarios (antes producía tres millones). Sus refinerías siguen presentando averías crónicas. Su nómina está hoy bárbaramente abultada: analistas especializados, como el experto Antero Alvarado, la calculan en casi 100.000 personas. El tamaño de la deuda de PDVSA es, también, descomunal: está calculada en 34.000 millones de dólares (el monto de toda la deuda externa venezolana en los años ochenta), sin incluir intereses vencidos u obligaciones vinculadas a litigios internacionales que casi duplican su monto. La corrupción en la empresa tuvo un carácter descontrolado y se ha convertido en una muestra de la decadencia del chavismo. PDVSA no posee una reputación particularmente destacada como socio comercial.
“Lo que estamos viendo es que a PDVSA le ha tocado abrirse, salir de ese monopolio rígido al que ha estado acostumbrada”, afirma Alvarado, quien es socio principal y director de la firma Gas Energy Latin America. “En campos donde la compañía operaba sola, han buscado socios privados. Su rol es algo más pasivo en este nuevo esquema de negocios”, explica. Alvarado sostiene que en la estatal “sigue existiendo personal muy capacitado y comprometido. Lo que pasa es que la realidad los está obligando a repensarse. Los Contratos de Participación Productiva se hacen sobre campos petroleros y oleoductos que siguen siendo propiedad de PDVSA. Ahora le toca cobrar a los privados por el uso de sus infraestructuras”, afirma.
El Gobierno de Nicolás Maduro —a través de la gestión de su entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez— hizo desde 2023 un esfuerzo desesperado por rescatar a la empresa de la situación fallida a la que llegó en 2018. Se hicieron algunas inversiones y se formalizaron acuerdos con el Gobierno de Irán para reparar sus refinerías. Ingresaron nuevas cohortes de gerentes públicos, capacitados técnicamente, muchos de ellos de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos, creada por Hugo Chávez en 2009. Pero los sueldos que ofrece la compañía siguen estando rezagados. Poco pueden hacer frente a las ofertas laborales de multinacionales que están llegando al país.
“Estamos entrando en otro modelo. Es la privatización de la industria petrolera nacional”, afirma Ricardo Penfold, economista y asesor internacional de bancos de inversión. “PDVSA está muy débil, necesita mucho dinero para aumentar su capacidad de producción y no lo tiene. En el futuro, su papel podría consolidarse definitivamente a un papel promotor, fiscalizador de los contratos con el sector privado. Una empresa más pequeña, que se ajuste a la realidad actual. Pienso que PDVSA tiene que seguir existiendo, y sí tiene un papel que cumplir”, recomienda.
Penfold considera que un proceso adecuado de reestructuración de la deuda de la compañía y su eventual ingreso al mercado de capitales “serán claves para su futuro. Delcy Rodríguez ha tratado de poner orden en la adjudicación de los Contratos de Participación Productiva, en los temas fiscales, y ha sido pragmática al tomar decisiones gerenciales”.
El presidente de PDVSA, Héctor Obregón —como también la presidenta encargada, Delcy Rodríguez—, defiende con los contratos firmados con el capital privado en el tiempo reciente, y avizora un futuro de cooperación entre el sector privado y el Estado venezolano que permitirán regresar la producción local a sus antiguos niveles. Obregón, sin embargo —y también Delcy Rodríguez—, se resiste a aceptar la realidad: nunca deja de reivindicar el papel de la compañía en el total de la producción nacional (1.200.000 barriles diarios) y suele hacer énfasis en la experticia que han acumulado sus trabajadores en el conocimiento del negocio.
En un estudio académico redactado para la Universidad de Oxford, el economista venezolano Orlando Ochoa comenta, respecto al futuro de la petrolera, que “el reto fundamental de PDVSA es su rediseño institucional. Una PDVSA reestructurada puede enfocarse en lo que debe ser su misión futura: una orientación estratégica de la gerencia, la supervisión estricta de los contratos de largo plazo, dentro de un esquema de planificación nacional. Limitar sus responsabilidades y escoger áreas competitivas para avanzar, buscando la capacitación continua y el servicio técnico especializado”.
Desde su nacionalización en 1976 y hasta la primera década de este siglo, Petróleos de Venezuela fue un gigante corporativo que controlaba toda la cadena del crudo y colocaba sus refinados en todo el mundo. Ese músculo financiero y técnico acumulado hasta los noventa sirvió a Hugo Chávez como palanca para financiar su red internacional de aliados y financiar su diplomacia con autocracias y gobiernos de izquierda. Sin embargo, la compañía sufrió una costosa sangría de personal especializado tras la huelga opositora de 2002-2003 contra el mandatario, un conflicto que se saldó con el despido de 18.000 trabajadores.
“Pienso que PDVSA seguirá teniendo un papel dentro de la industria en el futuro”, afirma Luis Oliveros, decano de la facultad de Economía de la Universidad Metropolitana, especializado en el tema energético. “Pero será ya otro papel. Su debilidad es muy grande y al Estado le cuesta asumir esa realidad. Aquí vamos a ver a empresas privadas, como Nabegh —bisagra del acuerdo energético anunciado con los Estados Unidos y propiedad del controvertido empresario venezolano Alejandro Betancourt—, o Chevron, con un perfil creciente en la producción interna. El papel de PDVSA en la producción nacional seguirá disminuyendo. No veo cambios en esta materia, ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo”, vaticina.
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