«Ya acabamos con las pandillas en El Salvador, y también podemos acabar con ustedes».
Esa fue la advertencia que el presidente Nayib Bukele les lanzó a los líderes de los grupos criminales de Haití después de que cuatro técnicos de aviación salvadoreños que integraban una fuerza multinacional fueran secuestrados el 18 de octubre.
Por BBC Mundo
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Desde entonces, ha enviado al país caribeño a 2.000 militares para reforzar los operativos de búsqueda y rescate que ya patrullan los alrededores de la capital, Puerto Príncipe.
«Esta no es una operación contra el pueblo haitiano, ni una invasión del país de Haití. No somos una gran potencia. No tenemos interés en dominar al pueblo haitiano, ni en apropiarnos de la riqueza de Haití», escribió Bukele en la red social.
Bukele declaró una guerra contra las pandillas en El Salvador que ha dado como resultado una drástica reducción de la violencia en su país gracias a una dura política de mano dura y encarcelamiento que le ha generado críticas por supuestas violaciones de derechos humanos.
Ahora, parte de esa estrategia se traslada a Haití, posiblemente el país más peligroso de América Latina y en el que el Estado parece incapaz de controlar a los poderosos grupos criminales.
«Pasamos por el mismo sufrimiento que Haití está atravesando hoy», dijo Bukele la pasada semana.
«Sabemos lo que eso significa: vivir con miedo, no confiar en los políticos, no creer en nadie que prometa ayudarte. Porque nadie vino a ayudarnos, y quienes vinieron no tenían buenas intenciones», dijo.
Por eso, les pidió a los haitianos «confiar» en él. «Vinimos a Haití para luchar contra los malvados», agregó.
En BBC Mundo hablamos con Romain Le Cour Grandmaison, director del Observatorio Haití de Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI-TOC), sobre qué se sabe de las bandas que controlan la zona en la que se les perdió la vista a los cuatro salvadoreños y cómo se comparan con la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, bajo cuyo yugo vivió El Salvador durante décadas.
También le preguntamos sobre las dudas que rodean al despliegue militar, cuál es su mayor reto ahora, qué arriesga Bukele con ello y qué podría ganar.
El presidente Bukele les advirtió a los líderes de las organizaciones criminales en Haití que, al igual que acabó con las pandillas en su país, lo puede hacer con ellas. ¿Es replicable el modelo?
Es una frase de gran impacto político, pero conviene distinguir dos cosas.
Lo que se vende como el «modelo Bukele» es lo que se hizo en El Salvador: un proceso de encarcelamiento masivo en un sistema penitenciario creado para este efecto. Lo que está haciendo en Haití hasta ahora es otra cosa. Es un despliegue y un operativo militar en otro país.
Quizás en algún momento sea el «nuevo modelo Bukele» o el «segundo modelo Bukele». Quizás el gobierno haitiano, dentro de una semana, un mes o un año, le pida a Bukele implementar su modelo original, lo que hizo en El Salvador.
Pero hoy por hoy no lo es, y conviene no confundir ambos debates.
Lo que me parece importante resaltar es que está haciendo algo nuevo para él, para El Salvador y, en gran medida, para América Latina.
Es muy raro, en décadas, que un país latinoamericano despliegue fuerzas para operaciones de combate en otro país del hemisferio, fuera de una misión de paz de Naciones Unidas. Lo que está pasando es realmente inusitado.
¿En qué se parecen y, sobre todo, cómo se diferencian las pandillas de uno y otro país?
Comparten el control territorial, la extorsión y la violencia contra la población, pero las diferencias son profundas. Los grupos criminales haitianos más poderosos, unos 20, se asemejan a milicias armadas.
Son grupos numerosos, con armas semiautomáticas, y controlan territorios inmensos: cientos de kilómetros cuadrados, cerca del 90% de la capital según la ONU, y parte de las provincias. En algunas de estas zonas, las fuerzas públicas no han entrado desde hace cinco años.
Gobiernan esos territorios, cobran impuestos, controlan carreteras y las principales infraestructuras portuarias del país, y están insertos en redes políticas y económicas que los sostienen.
Su origen también es distinto. La MS-13 y el Barrio 18 nacieron en Los Ángeles y llegaron a El Salvador con las deportaciones de los años 90, tras la guerra civil.
En Haití, muchos de estos grupos nacieron o crecieron de la mano de actores políticos y económicos que los usaron para sus propios intereses.
Entonces, si el despliegue salvadoreño logra recuperar ciertos territorios y detener o neutralizar a ciertos líderes, pueden abrirse dos escenarios.
La primera opción es que suceda lo que vemos en América Latina en general: cuando se decapita a un grupo criminal, surgen dos. Había un problema, ahora hay dos.
La segunda es que el despliegue logre mejoras reales de seguridad. Aun así, quedaría intacta la criminalidad político-económica que sostiene a estos grupos.
Y ahí está el problema de los grandes discursos de mano dura sobre la guerra contra el crimen, en Haití y en otros lados: se plantea como una guerra, de matar gente. Pero si eso funcionara, después de 60 años de guerra contra las drogas, América Latina no estaría como está.
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