El pasado 24 de octubre, Vente Venezuela anunció el lanzamiento de la plataforma Constructores: «Somos millones, y el país necesita saber dónde estamos. Esta vez no solo vamos a votar. Vamos a construir Venezuela Tierra de Gracia, juntos». Esto coincidió con la llegada al país de la líder de la tolda, María Corina Machado. En medio del debate que se ha generado en redes sociales por la cantidad de datos que pide esta iniciativa digital, la abogada y activista venezolana Marianne Díaz Hernández advirtió sobre la «recolección de datos sensibles».
Si bien todavía no hay una fecha definida para venideros procesos electorales, María Corina Machado asegura que los “datos están protegidos” y que el trabajo se hace desde ahora para “acortar los tiempos”, una vez se cuente con un calendario electoral y “que nadie se quede por fuera”.
En entrevista con El Político, Marianne Díaz Hernández destacó que a los riesgos generales asociados a cualquier base de datos masiva —como filtraciones, fraudes y usurpación de identidad— se le suma una capa crítica de naturaleza política. En el escenario venezolano, marcado por cicatrices profundas e históricas como la denominada «lista Tascón u otros registros utilizados para discriminar y perseguir, la recolección de afiliaciones políticas representa una amenaza latente».
«El escenario en el que estamos en este momento es muy frágil, no es un escenario de una una democracia estable, es un escenario político y socialmente muy frágil, en el cual las personas no están seguras, ni están cómodas, ni están tranquilas. En el país se arrastran cicatrices y huellas de un pasado y todavía un presente también muy traumático, en el cual ese perfilamiento político ha sido usado para perseguir a las personas, para negarles el acceso a viviendas, trabajos, comidas, medicina, salud, este documentación. Y eso sigue latente», expresó vía telefónica.
Al tiempo que, desestimó el argumento de que este tipo de plataformas sirva para actualizar de manera directa el Registro Electoral Permanente (REP).
Enfatizó que esta función corresponde exclusivamente y por ley al Consejo Nacional Electoral (CNE), por lo que un partido político carece de competencia legal y operativa para modificarlo, haciendo indispensable primero un cambio estructural e imparcial en el órgano electoral.
«A mí no me queda del todo claro, porque se dice una cosa, se dice la otra, se dice que la información que se está recabando es para contribuir a que se actualice el Registro Electoral Permanente, cosa que es necesaria, las personas que estamos afuera no podemos votar; pero lo cierto es que solamente el CNE puede actualizar el Registro Electoral Permanente. Ningún partido político de ningún color puede actualizar el registro, eso no funciona de esa manera», sentenció.
«La plataforma no tiene una manera directa de contribuir a esa actualización del Registro Electoral Permanente. Quizás a lo que podría apuntar, sería a la visibilización de los números de las personas que están sin poder votar, pero para eso no hace falta cuestiones como el registro biométrico de los rostros, eso no tiene ningún sentido. Es totalmente innecesario esa cantidad de información para hacer lo que en esencia sería un censo, realmente. El censo realmente no necesita este esa cantidad de información», insistió.
Además, se incurre en la violación de los principios fundamentales de proporcionalidad y finalidad de los datos:
«Estamos confundiendo lo que es un sistema de identidad con toda la información de identificación de la persona, número de cédula, nombre, apellido, y lo que sería un censo, porque se entiende que un partido político cualquiera que sea quiera hacer un censo de población de la población a la que atiende, de su base, este para entender cómo desarrollar un un plan programa, pero un censo debe ser anónimo, un censo debe tener la información agregada y anonimizada», señaló.
No cuenta con los protocolos necesarios
Díaz Hernández remarcó que la urgencia del análisis no está dirigido a los ciudadanos sino a quienes están impulsando esta plataforma «y otras similares» ya que el Gobierno «también hace cuestiones similares todo el tiempo, e igual lo venimos diciendo y criticando porque se desarrollan sin los protocolos necesarios, sin la transparencia necesaria y sin que haya detrás una legislación que proteja los datos personales».
En este punto, negó haber recibido algún comentario de parte de Vente Venezuela. «Entiendo que han dado algunas declaraciones en las cuales se ha intentado aclarar algunas de las cosas que se han abordado por parte de la sociedad civil, de modo que a mí me parece todavía en su bastante insuficiente, pero en todo caso, yo no he recibido ningún comentario».
Finalmente, recordó que en Venezuela no existen leyes modernas de protección de datos personales: lo que deja a los ciudadanos en absoluta vulnerabilidad frente a iniciativas de recolección de información masiva, independientemente del sector político que las promueva.
Marianne Díaz Hernández es una abogada venezolana, activista por los derechos digitales y escritora de ficción, actualmente radicada en Santiago de Chile. Su trabajo se centra en la identidad digital, las tecnologías biométricas y la privacidad. Fundó la ONG de derechos digitales Acceso Libre y en 2019 recibió el premio «Héroe de los Derechos Humanos» otorgado por Access Now. En 2022 fue seleccionada como una de las Líderes Mundiales de los Derechos Humanos Digitales por la Fundación Ouano.
Sobre Constructores
La plataforma «Constructores» de Vente Venezuela tiene la premisa explícita de movilizar y geolocalizar a venezolanos dentro y fuera del país para estructurar la participación ciudadana y visibilizar a la población desincorporada del Registro Electoral.
El usuario debe escanear su cédula de identidad o pasaporte y realizar una verificación biométrica mediante captura facial (selfie) en puntos físicos denominados «nidos de mapeo» o desde la web. Asimismo, abarca un «Estudio de Ubicación y Parentescos», recolección de datos de grupos familiares, consultas ciudadanas y geolocalización.
Deja una respuesta