La Fiscalía paraguaya incautó nueve vehículos de alta gama valuados en USD 1,4 millones en la residencia de Federico Miguel Vázquez, fundador y principal accionista de Ueno Bank, la entidad intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP) el pasado 3 de noviembre.
El operativo fue encabezado por el agente fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, y los rodados fueron trasladados mediante grúas hasta la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
Los nueve automóviles de lujo se encontraban en la vivienda de Vázquez ubicada en el barrio Mbocayaty, en la capital paraguaya.
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El procedimiento contó con la participación de los agentes fiscales Yeimy Adle, Jorge Arce, Elena Fiore, Silvia González, Marlene González y Ruth Benítez, además de efectivos de los departamentos de Delitos Económicos, Contra el Cibercrimen y Delitos Informáticos de la Policía Nacional, en cumplimiento de un mandamiento judicial de allanamiento y secuestro de objetos.
En paralelo a la intervención en la residencia, se desarrollaron otras diligencias de envergadura. Alrededor de las 3:25 del jueves, una comitiva fiscal encabezada por la fiscal Ruth Benítez allanó el condominio privado Agua Vista, en San Juan del Paraná, departamento de Itapúa, donde incautó un yate de la fabricante italiana Azimut Yachts, bautizado Zeus y con matrícula POLO01A1I, atribuido a Vázquez.
Según fuentes citadas por medios locales, la embarcación habría intentado ser trasladada a Uruguay, pero la llegada anticipada de la comitiva policial y fiscal frustró la maniobra. La nave quedó bajo custodia del personal del Grupo Especial de Operaciones (GEO) del departamento de Itapúa.
También fue incautada una avioneta —aparentemente una Beechcraft King Air 300— en un hangar del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, en Luque, también atribuida al máximo accionista del banco.
El juez Rodrigo Estigarribia decretó la prisión preventiva de Vázquez, quien cumple la medida en el Centro Nacional de Prevenidos (exTacumbú). Otros tres directivos de la entidad fueron enviados a la penitenciaría de Emboscada, mientras que dos mujeres involucradas en la causa cumplen arresto domiciliario con tobillera electrónica.
La Fiscalía formuló imputación contra 27 personas por la presunta comisión de los hechos punibles de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
El detonante de la crisis fue el anuncio del BCP, el 3 de noviembre, del inicio de un proceso de resolución de Ueno Bank luego de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo requerido por ley.
Desde ese momento, ningún servicio, aplicación ni tarjeta de la institución permaneció activo, lo que generó incertidumbre entre los millones de clientes que intentaron, sin éxito, acceder a sus fondos. El organismo regulador informó que cada usuario tiene garantizada una cobertura de hasta 228 millones de guaraníes (aproximadamente USD 38.000), conforme a la ley bancaria.
Días después, el fuero civil ordenó el embargo preventivo sobre el patrimonio de las empresas accionistas y directores de la entidad, a pedido del BCP. El juez Walter Mendoza dispuso la medida por montos de hasta USD 70 millones y Gs. 1,6 billones, que alcanza a las firmas controlantes —U Paraguay S.A., U Holdings S.A.R.L. y Grupo Vázquez S.A.E.— así como a directivos y beneficiarios finales.
El Ministerio Público informó que las diligencias continuarán con el objetivo de recabar elementos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos.
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