La periodista independiente cubana Yoani Sánchez, directora del diario digital 14ymedio, fue detenida este jueves 5 de noviembre por agentes de la Seguridad del Estado cuando salía de su vivienda en Nuevo Vedado, en el municipio Plaza de la Revolución, en La Habana.
Según informó 14ymedio, el arresto ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana, cuando Sánchez se disponía a realizar compras en un mercado de su barrio.
El periodista Mario J. Pentón precisó en sus redes sociales que la detención ocurrió en la calle Estancia, junto al estacionamiento del Ministerio de la Agricultura. De acuerdo con el testimonio de una persona que presenció los hechos, citado por Pentón, la periodista fue introducida por la fuerza en una patrulla policial. «La tiraron a la patrulla y gritaba a todo pulmón que la estaban secuestrando», relató la fuente.
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Antes de ser detenida, Sánchez había avisado a sus colegas de la redacción que saldría brevemente y regresaría pronto. Sin embargo, unos diez minutos después logró enviar un mensaje de cuatro palabras para alertar sobre su situación. Desde entonces, sus compañeros no habían recibido nuevas noticias sobre su paradero.
Su esposo, el también periodista Reinaldo Escobar, confirmó lo ocurrido a través de Facebook, donde informó que Sánchez había sido detenida por la Seguridad del Estado.
Sánchez, reconocida por su trayectoria en el periodismo independiente cubano y sus críticas al Gobierno de la Isla, ha sido objeto anteriormente de vigilancia, restricciones de movimiento y otras acciones de la Seguridad del Estado relacionadas con su labor periodística.
La detención de Yoani Sánchez se produce después de los arrestos de otros dos periodistas independientes, Camila Acosta y Adelth Bonne Gamboa, ambos colaboradores de CubaNet. Acosta fue interceptada el 3 de noviembre en La Habana cuando se dirigía al veterinario con su mascota. Permaneció varias horas bajo custodia policial y fue liberada tras recibir un acta de advertencia.
Por su parte, Bonne Gamboa fue detenido el 2 de noviembre. Tras su liberación, denunció la confiscación de sus equipos de trabajo, amenazas de prisión y una multa de 3.000 pesos impuesta por el Ministerio de Comunicaciones en virtud del Decreto-Ley 370.
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