El director general del diario La Voz, Emilio Materán, exigió este lunes una solución definitiva a la clausura del medio impreso y digital, al cumplirse dos años de la medida ejecutada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
Materán destacó como un hecho positivo el reciente restablecimiento del acceso a distintos portales informativos en Venezuela, entre ellos La Patilla y El Nacional, pero sostuvo que las medidas para garantizar la libertad de prensa deben extenderse a otros medios que permanecen afectados.
“Hemos visto con mucha alegría cómo medios digitales han sido desbloqueados recientemente. Los casos de La Patilla y El Nacional son icónicos. Pero no solo los medios de comunicación digitales han sido afectados”, expresó.
El director recordó que La Voz cuenta con 60 años de trayectoria y aseguró que, además de la clausura del periódico, fueron impuestas medidas cautelares contra integrantes de la familia Materán.
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Según explicó, el caso ha sido presentado ante diferentes instancias, entre ellas la Comisión de Diálogo, el programa de Convivencia y Paz, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Nacional, sin que hasta el momento se haya alcanzado una solución.
“Nuestro caso ha sido planteado en todas las instancias y hasta ahora no se ha producido una respuesta a favor, no de nosotros a título individual, sino respondiendo a la tan cacareada necesidad de libertad de prensa”, señaló Materán.
Ante esta situación, hizo un llamado a Dinorah Figuera, al encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, y a representantes de la Asamblea Nacional para que intercedan en la búsqueda de una solución que permita al periódico retomar sus operaciones.
Materán aseguró que la clausura afecta directamente a más de 50 familias e indirectamente a unas 300, incluyendo periodistas, reporteros gráficos, diagramadores y trabajadores de las áreas técnica, administrativa, de impresión y distribución.
“Hacemos un llamado para que de una vez por todas nos devuelvan el derecho a trabajar, a nosotros y a más de 50 familias directas y 300 indirectas que han sido y siguen siendo seriamente afectadas por esta medida”, concluyó.
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