La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) instaron este miércoles al Estado venezolano a derogar la denominada “Ley contra el Odio”, al considerar que una reforma parcial de la normativa no sería suficiente para corregir las restricciones que, a su juicio, impone sobre la libertad de expresión.
En un comunicado fechado el 28 de octubre, ambos organismos tomaron nota del proceso de reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, actualmente en marcha, pero reiteraron su llamado a eliminar cualquier disposición que restrinja de manera indebida la difusión de información o de expresiones críticas.
“Una reforma parcial de la ley no bastaría para subsanar las deficiencias estructurales advertidas en múltiples ocasiones”, señalaron la CIDH y la RELE.
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#CIDH y @RELE_CIDH urgen a #Venezuela a derogar la “Ley contra el Odio”
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— CIDH – IACHR (@CIDH) October 28, 2026
La Asamblea Nacional creó el pasado 29 de septiembre una comisión especial encargada de estudiar la reforma parcial de la legislación, a solicitud del Ejecutivo, con el propósito de avanzar en la despenalización de los tipos penales contemplados en la norma.
Posteriormente, el proyecto fue remitido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que declaró su conformidad constitucional el 15 de octubre. Según la CIDH y la RELE, la propuesta se encuentra pendiente de discusión en el Parlamento, aunque advirtieron que hasta el momento no se habría publicado el texto íntegro de la reforma que será sometido a consideración.
Los organismos interamericanos también recogieron las preocupaciones planteadas por organizaciones venezolanas de la sociedad civil, que consideran insuficiente una modificación parcial y han cuestionado la falta de participación de sectores potencialmente afectados por la legislación.
De acuerdo con reportes citados en el comunicado, entre 2017 y octubre de 2025 se registraron 85 casos de personas y medios de comunicación señalados por presuntos delitos de odio, entre ellos 49 periodistas, trabajadores de medios y comunicadores, además de siete medios de comunicación. En 65 de esos casos se habría invocado la denominada “Ley contra el Odio”.
La CIDH y la RELE recordaron que desde la promulgación de la normativa en 2017 han manifestado preocupación por el uso de conceptos que consideran “amplios y ambiguos”, las obligaciones impuestas a los medios de comunicación y las facultades otorgadas al Estado para ordenar la eliminación de determinados contenidos.
Asimismo, sostuvieron que durante sus labores de monitoreo han documentado un uso “selectivo y desproporcionado” de la normativa para sancionar expresiones críticas y asuntos de interés público. Según los organismos, estas preocupaciones se intensificaron después de las elecciones de 2024, cuando denunciaron la utilización de la ley contra personas percibidas como opositoras.
La CIDH y su Relatoría señalaron que la protección de la libertad de expresión implica evitar no solo mecanismos de censura directa, sino también disposiciones que puedan producir un efecto intimidatorio, inhibitorio o de autocensura sobre periodistas, medios y ciudadanos.
En ese sentido, reiteraron el llamado que habían formulado el pasado 26 de junio para derogar cualquier normativa que permita “censurar, sancionar o perseguir” la difusión de información o expresiones críticas, incluida la “Ley contra el Odio”.
Finalmente, los organismos exhortaron a la Asamblea Nacional a garantizar que el proceso legislativo sea transparente y participativo, así como a publicar el texto íntegro del proyecto antes de su discusión.
También pidieron habilitar espacios de participación para organizaciones de la sociedad civil, periodistas, medios de comunicación y otros sectores interesados, con el objetivo de que sus planteamientos sean considerados durante el debate sobre el futuro de la legislación.
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