El gobierno de Venezuela dice que 6509 personas murieron en los terremotos consecutivos en junio. Pero las proyecciones de diversas fuentes, entre ellas un análisis de The New York Times de edificios residenciales y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés), sugieren que es probable que se trate de un subregistro considerable.
El USGS ha usado durante años la seriedad de los sismos, datos históricos y la distribución de la población para intentar calcular las muertes después de un terremoto. La información suele ser más precisa en incidentes con un mayor número de víctimas, como este, dijo David Wald, un sismólogo en el USGS.
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Para los terremotos de Venezuela, la estimación promedio del USGS es que murieron 53.000 personas, lo que significa que hay un 50 por ciento de probabilidad de que la cifra real sea superior a esa, y un 50 por ciento de probabilidad de que sea inferior.
El USGS también dice que hay aproximadamente un 81 por ciento de probabilidad de que la cifra real de muertes sea superior a 10.000.
Un obstáculo para calcular una cifra confiable de muertes en Venezuela es la ausencia de un censo oficial actualizado del gobierno.
Para abordar ese problema, el USGS utiliza un modelo llamado LandScan para “envejecer” el censo más reciente. El modelo, desarrollado en el Laboratorio Nacional Oak Ridge, también utiliza cifras independientes de la Organización de Naciones Unidas para perfeccionar las proyecciones. LandScan utiliza decenas de otras variables, como el uso del suelo, los caminos y la proximidad a las áreas urbanas para calcular dónde es probable que estén las personas cuando la tierra tiembla.
El gobierno venezolano no respondió a los mensajes en los que se detallaban nuestros hallazgos y se le solicitaban comentarios.
Un análisis del Times de imágenes satelitales, visuales a nivel del suelo y el tipo de edificio también arroja dudas sobre la cifra oficial de muertos del gobierno.
Nuestra revisión de las viviendas públicas en el estado más afectado, La Guaira, muestra que 16 torres de viviendas públicas colapsaron allí después de los sismos. Cada torre de concreto tenía 12 pisos residenciales con ocho apartamentos por piso, según los planos de planta obtenidos por el Times y las observaciones en el lugar.
Para calcular el número estimado de residentes por departamento, utilizamos un censo de uno de los complejos realizado por su consejo comunal, el cual indicaba que en cada unidad vivían un promedio de 3,4 personas. Corroboramos esta información con antiguos residentes y con un comunicado oficial del gobierno, que señalaba que en cada departamento de vivienda pública vivían alrededor de cuatro personas.
Esto significa que unas 5200 personas vivían en los 16 edificios de viviendas públicas que colapsaron tan solo en La Guaira.
Por supuesto, es posible que no todos esos residentes hayan estado en casa en el momento de los terremotos. Pero los relatos de testigos y las grabaciones de vigilancia indican que al menos algunos de los edificios, que incluyen varias torres altas, colapsaron de inmediato —lo que dejó a aquellos que estaban adentro poco o ningún tiempo para escapar.
Los reporteros del Times que estuvieron en el lugar después de los sismos fueron testigos de cómo estas torres, llamadas Opppe por la oficina gubernamental que las construyó, se convirtieron en algunos de los focos de muerte más densos. Durante semanas, cuerpos de personas se sacaron de los edificios todos los días.
Pero los edificios de las viviendas Opppe no fueron los únicos en colapsar y terminar en pilas de escombros.
Cerca de 700 estructuras en total quedaron destruidas, según un análisis de imágenes satelitales realizado por Copernicus, el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea. Cientos más sufrieron daños.
Si bien las autoridades venezolanas han publicado datos que dicen que 190 edificios colapsaron completamente, un ministro del gobierno que supervisa una comisión que evalúa los daños, Francisco Garcés, dijo a The New York Times que el número real es mucho mayor: 656 edificios y 370 casas, todos colapsados o parcialmente colapsados.
Las autoridades también se han negado a decir cuántos venezolanos siguen desaparecidos y se presumen muertos, un motivo importante de indignación para muchos sobrevivientes. Pero los venezolanos han creado sus propios esfuerzos liderados por ciudadanos para denunciar y contar a los desaparecidos. En un sitio, Desaparecidos Terremoto Venezuela, los residentes han reportado a más de 29.000 personas desaparecidas.
Jorge Bastidas, un programador venezolano que inició el sitio, dijo que es probable que algunos de esos nombres sean duplicados o sean de personas que ya han sido encontradas, a pesar de los esfuerzos de su equipo para eliminar duplicados y alentar a las personas a reportar los hallazgos.
Aun así, dijo, el número es un indicio de que es probable que haya miles de muertes no contabilizadas por los sismos.
Un segundo sitio de un equipo que realiza un trabajo similar, Venezuela Reporta, enumera a más de 40.000 personas desaparecidas. Ese equipo también ha intentado eliminar las entradas duplicadas.
Un desafío para cuantificar cuántas personas podrían haber muerto es que Venezuela no ha realizado un censo riguroso desde 2011, según Robert Rodríguez, un investigador venezolano y exfuncionario electoral.
Así que Rodríguez usó las cifras recientes de registro de votantes para calcular la población en las áreas más afectadas de La Guaira. Contabilizó la cantidad de votantes registrados de los siete distritos electorales más afectados, luego agregó el 38 por ciento de esa cifra, para tomar en cuenta a los niños, los visitantes y los votantes no registrados.
Él cree que había 342.000 personas presentes en la parte más afectada de La Guaira el día de los terremotos.
El gobierno venezolano actualizó por última vez su recuento público de los fallecidos el 24 de agosto, dos meses después de los terremotos.
Oscar Murillo, quien dirige un grupo venezolano de derechos humanos llamado Provea, dijo que una cifra precisa era esencial tanto para los propósitos de sanación como de rendición de cuentas.
Ayudaría a las familias de las víctimas a sentirse vistas, dijo, y también “permita determinar si hubiere lugar a investigaciones y sanciones penales o civiles debido a posibles muertes que hubiesen podido evitarse”.
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