La organización no gubernamental Espacio Público denunció que la propuesta de reforma de la ley contra el odio mantiene graves restricciones que atentan contra la libertad de expresión y el debido proceso, pese a que elimina las penas privativas de libertad.
El proyecto contempla la eliminación de las condenas de 10 a 20 años de prisión, el agravante genérico, la prohibición de inscribir partidos políticos y la revocatoria directa de concesiones a medios, prohibiendo expresamente la cárcel por estas faltas.
No obstante, la ONG señala en un comunicado que el castigo se traslada al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia permitiendo aplicar multas que van desde los 500 hasta los 10.000 euros (equivalentes a entre dos meses y casi cuatro años de ingreso mínimo), acompañadas de 200 a 600 horas de trabajo comunitario.
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La norma preserva la obligación de las plataformas y redes sociales de eliminar contenidos de manera inmediata sin requerir orden judicial, además de mantener definiciones ambiguas sobre términos como «hostigamiento» o «mensajes discriminatorios».
El texto el sobreseimiento de las causas abiertas, la eliminación de antecedentes ni la restitución de concesiones o bloqueo de portales, dejando además abierta la vía penal mediante el Código Penal.
Ante este escenario, Espacio Público exigió a la Asamblea Nacional la derogación total de la ley o, en su defecto, la adaptación del texto al Plan de Acción de Rabat. Asimismo, solicitó la realización de una consulta pública amplia e incluyente con gremios, academia y organizaciones de derechos humanos para garantizar los estándares internacionales de protección.
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