
El sistema bancario venezolano registra un «rezago» significativo en su capacidad de otorgar financiamiento, con una cartera de crédito equivalente a apenas 3,4% del producto interno bruto (PIB), «muy por debajo de los niveles de otros países de América Latina», según un análisis de Ecoanalítica.
En una publicación de Instagram, la firma compara la situación venezolana con la de Chile, cuya cartera crediticia representa 75,3% del PIB; Panamá, con 69,5%, y Colombia, con 46,1%.
Ecoanalítica atribuye esta brecha, entre otros factores, a la elevada proporción de los depósitos que las entidades financieras deben mantener inmovilizada por el encaje legal, que ronda 73% en Venezuela. Esta medida limita la liquidez disponible para conceder préstamos y reduce la capacidad de la banca para impulsar el consumo y la inversión.
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A estas restricciones se suma el incremento de las penalizaciones por incumplimiento del encaje. De acuerdo con la firma, el Banco Central de Venezuela (BCV) elevó el recargo por déficit de encaje de 48,8% a 144%.
Además, las normas vigentes desde el 15 de septiembre contemplan recargos adicionales de dos puntos porcentuales cuando el déficit ocurre entre tres y siete veces en un período de 30 días, y de cuatro puntos porcentuales cuando se registra cuatro o más veces en ocho días.
Según el análisis, estas disposiciones incrementan los costos operativos de las instituciones financieras en un contexto en el que su margen para otorgar créditos ya es limitado, lo que puede ejercer presión sobre las tasas de interés.
La firma también señaló que el BCV ajustó las tasas de interés activas y pasivas. El aumento de las tasas activas encarece los préstamos para los solicitantes y puede reducir la demanda de financiamiento.
Sin embargo, Ecoanalítica considera que la diferencia entre Venezuela y otros mercados de la región también evidencia posibilidades de expansión para el sector financiero nacional.
Para reducir esta brecha y recuperar el crédito como mecanismo de impulso a la actividad económica, la firma plantea la necesidad de implementar reformas estructurales, entre ellas adecuar el encaje legal a estándares internacionales, establecer esquemas de tasas de interés sostenibles y autorizar a la banca a otorgar créditos directamente con depósitos en dólares.
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