Venezuela volvió a quedar al final de la clasificación mundial de libertad económica. El país ocupó el puesto 165 de 165 economías evaluadas, con puntuación de apenas 2,94 sobre 10, según la edición 2026 del informe Economic Freedom of the World, elaborado por el Fraser Institute de Canadá y presentado en Venezuela por Cedice Libertad.
Nota de Prensa
El resultado mantiene al país en el último lugar del ranking por segundo año consecutivo y lo sitúa muy por debajo de otras economías que también aparecen entre las peor evaluadas. Zimbabwe obtuvo 3,62 puntos, Sudán 4,16, Libia 4,29 y Myanmar 4,44.
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En el extremo contrario de la clasificación se encuentran Hong Kong, con 8,53 puntos; Suiza, con 8,45; Singapur, con 8,43; Nueva Zelanda, con 8,38, y Estados Unidos, con 8,21.
La brecha también resulta evidente dentro de América Latina. Chile ocupa el puesto 20, Guatemala el 26, Costa Rica el 28 y Perú el 45, mientras Venezuela permanece muy alejada de las economías mejor posicionadas de la región.
El índice del Fraser Institute analiza hasta qué punto las instituciones y las políticas públicas permiten a las personas tomar decisiones económicas con libertad. Para ello, examina cinco grandes áreas: tamaño del gobierno; sistema legal y derechos de propiedad; estabilidad monetaria; libertad para comerciar internacionalmente, y regulación.
La medición utiliza 46 componentes y subcomponentes y asigna a cada economía calificación de cero a diez. Bajo esta metodología, un mejor desempeño supone mayores condiciones para proteger la propiedad, preservar el valor del dinero, invertir, comerciar, emprender y competir.
En el caso venezolano, la ubicación en el último puesto no responde a un único factor. El resultado refleja un deterioro que atraviesa prácticamente todos los pilares examinados por el estudio y que afecta las condiciones en las que ciudadanos y empresas pueden trabajar, invertir, ahorrar y desarrollar actividades productivas.
Un problema que va más allá del tamaño del Estado
El informe plantea que la libertad económica no depende únicamente de cuánto interviene el gobierno en la actividad productiva. También requiere instituciones capaces de garantizar reglas previsibles, derechos de propiedad, seguridad jurídica, estabilidad monetaria y posibilidades reales de intercambio y competencia.
Ese conjunto de condiciones constituye una de las principales debilidades de Venezuela. La posición 165 refleja, en consecuencia, un entorno en el que las decisiones económicas están condicionadas por múltiples obstáculos institucionales y regulatorios.
Uno de los componentes más relevantes es el sistema legal y la protección de los derechos de propiedad. La metodología considera elementos como la independencia judicial, la imparcialidad de los tribunales, la protección de los bienes, la integridad del sistema jurídico y el cumplimiento de los contratos.
La importancia de este aspecto radica en que la libertad para emprender pierde buena parte de su alcance cuando una persona o una empresa no cuenta con suficientes garantías de que sus activos serán protegidos, los contratos serán respetados o las disputas podrán resolverse mediante instituciones imparciales.
En la edición anterior del índice, Venezuela obtuvo apenas 2,48 puntos sobre 10 en esta área y se ubicó en el puesto 161.
La estabilidad monetaria, otro de los grandes obstáculos
La situación monetaria constituye otro de los elementos que ayudan a explicar el resultado general. El índice considera, entre otros aspectos, el crecimiento de la oferta monetaria, la variación de la inflación, los niveles recientes de inflación y la posibilidad de mantener cuentas bancarias en moneda extranjera.
La estabilidad del dinero tiene una relación directa con la capacidad de las personas para planificar sus finanzas. Cuando la inflación es elevada o impredecible, el ahorro pierde valor, se dificulta la planificación a largo plazo y aumenta la incertidumbre para quienes necesitan invertir o celebrar contratos.
Para una economía como la venezolana, este componente adquiere especial relevancia después de años marcados por fuertes desequilibrios monetarios y pérdida del poder adquisitivo.
Regulaciones que condicionan la actividad empresarial
El índice también examina las condiciones regulatorias que enfrentan empresas y trabajadores. Entre los elementos considerados están el acceso al crédito, las reglas del mercado laboral, las condiciones para contratar y despedir, la determinación de salarios, la carga burocrática, los permisos empresariales y las posibilidades de competir en los mercados.
El resultado venezolano evidencia las dificultades acumuladas en este ámbito. La existencia de empresas privadas, por sí sola, no garantiza libertad económica si iniciar una actividad, mantenerla o competir depende de una estructura regulatoria que imponga obstáculos excesivos.
A ello se suman las condiciones del sistema financiero y las restricciones que pueden limitar el acceso al crédito y la capacidad de las empresas para expandirse.
Comercio internacional y presencia estatal
La libertad para comerciar con otros países constituye otro de los cinco pilares del estudio. Para obtener mejores resultados en esta área se consideran factores como los niveles y uniformidad de los aranceles, la eficiencia de las aduanas, la convertibilidad de la moneda y las restricciones sobre los movimientos de capital y personas.
Venezuela tampoco logra situarse en posiciones competitivas en este componente, aunque no representa su peor resultado dentro del índice.
El estudio también incorpora el tamaño del gobierno, a partir de variables como el consumo público, las transferencias y subsidios, la inversión estatal, los impuestos y la propiedad pública de activos.
Sin embargo, la metodología advierte que reducir el tamaño del Estado no es suficiente para garantizar una economía libre. Una economía puede tener un aparato fiscal relativamente reducido y, aun así, registrar bajos niveles de libertad económica si existen problemas de seguridad jurídica, derechos de propiedad, estabilidad monetaria, comercio o regulación.
La libertad económica también se refleja en el bienestar
El informe establece una relación entre los niveles de libertad económica y distintos indicadores sociales. Al comparar 25 % de las economías con mayor libertad con 25 % que registra los niveles más bajos, las diferencias son significativas.
En las economías del grupo más libre, los ingresos promedio son 6,9 veces superiores, mientras que los ingresos de 10 % más pobre son 7,1 veces mayores que en las economías menos libres. La esperanza de vida también presenta diferencia de 14 años y el promedio de horas trabajadas por semana es 6 horas menor.
El informe señala, además, mejores resultados en indicadores como mortalidad infantil, satisfacción con la vida, percepción de corrupción y desempeño ambiental entre las economías con mayores niveles de libertad económica.
Para Venezuela, que ocupa el último puesto de la clasificación, estas diferencias adquieren particular relevancia porque muestran que la libertad económica no constituye únicamente una discusión sobre mercados o empresas, sino que también está vinculada con las condiciones materiales en las que viven las personas.
Venezuela, en el extremo inferior de América Latina
El contraste regional vuelve a dejar en evidencia la magnitud del rezago venezolano. Chile lidera entre las economías latinoamericanas mencionadas en el informe, con el puesto 20 y puntuación de 7,85. Le siguen Guatemala, en el puesto 26 con 7,76, y Costa Rica, en el 28 con 7,75.
Perú aparece en el puesto 45 con 7,20 puntos; México ocupa el 77 con 6,83; Brasil el 85 con 6,64; Colombia y Ecuador comparten el 97 con 6,45.
Más abajo se encuentran Bolivia, en el puesto 144 con 5,47, y Argentina, en el 151 con 4,86.
Venezuela cierra la clasificación con sus 2,94 puntos, diferencia que convierte su posición en un caso particularmente extremo dentro de la región.
Un retroceso mundial que aún no se revierte
El informe también advierte sobre la evolución de la libertad económica a escala global. Según el Fraser Institute, el promedio mundial todavía no ha recuperado los niveles registrados antes de la pandemia de covid-19, después de un período marcado por un mayor peso de las regulaciones, las barreras comerciales, el gasto público y la expansión monetaria.
Aunque algunas de esas medidas comenzaron a revertirse posteriormente, la recuperación de los niveles anteriores a la pandemia aún no se ha completado.
En el caso venezolano, mejorar su posición en el índice requeriría cambios que van mucho más allá de una medida económica específica. El país tendría que avanzar simultáneamente en seguridad jurídica, protección de la propiedad, estabilidad monetaria, apertura comercial, condiciones para la inversión y reducción de barreras regulatorias que afectan la actividad empresarial y la competencia.
El Economic Freedom of the World evalúa jurisdicciones desde 1970 y utiliza información procedente principalmente de fuentes externas, entre ellas el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Economist Intelligence Unit. La edición 2026 contempla 165 jurisdicciones y emplea los datos internacionales comparables más recientes disponibles, correspondientes a 2024.
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