
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió la aplicación de decretos, alianzas comerciales y cobros regionales que afectaban el tránsito de contenedores y la operación logística de los corredores aduaneros de La Guaira y Carabobo, considerados como los más importantes del país.
La ponencia de la magistrada Tania D’Amelio Cardiet eliminó sin excepciones y a partir de la fecha de la publicación de la sentencia la aplicación de estos cargos a la mercancía movilizada, por estas jurisdicciones aduaneras.
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Aspectos claves de las sentencias
La Sentencia número 0931 de la Sala Constitucional señala que, en la aduana de La Guaira, se surprime el cobro del denominado «Aporte Social» a favor de la empresa estatal Vargas Containers, C.A. por el uso superficial y traslado de contenedores en vías terrestres (Decreto Ejecutivo N° 037-2020).
Igualmente, suspendió el artículo 8 del Decreto N° 041-2020, relativo a cobros y medidas de bioseguridad regionales aplicadas a puertos, aeropuertos y contenedores.
En lo que corresponde al corredor aduanero del Estado Carabobo, la magistra D’Amelio Cardiet suspendió los artículos 10 y 11 del Decreto N° 355 (2026) del Gobernador del estado Carabobo.
Igualmente, dejó sin efecto Las alianzas estratégicas y comerciales suscritas con las empresas G & G SAFE SERVICE, C.A. y OCEAN CARIBEAN LOGISTICS SERVICE, C.A., así como los Avisos Oficiales vinculados.
Beneficios claves para el comercio exterior y la economía
Esta sentencia del máximo tribunal de la República generan beneficios relevantes para el desarrollo del comercio exterior y, por ende, de toda la economía.
Entre estos elementos positivos destacan:
Facilitar el comercio internacional y logística nacional: Se eliminan alcabalas administrativas, esquemas de exclusividad y sobrecostos por tránsito terrestre de contenedores desde los principales puertos marítimos (Puerto Cabello y La Guaira), lo que agiliza los tiempos de despacho y transporte de carga.
Reducción de costos e impacto en precios al consumidor: Al suprimir cobros regionales al contenedor e intermediaciones en servicios logísticos, se reduce de manera directa el landed cost (costo total de importación). Esta disminución del costo logístico evita la presión inflacionaria sobre los bienes importados y materias primas en el anaquel.
Seguridad jurídica y garantía de libre tránsito: El pronunciamiento ratifica el marco constitucional en materia aduanera y tributaria, impidiendo la superposición de tributos o cobros locales no contemplados en la legislación nacional, garantizando reglas claras para importadores, exportadores y operadores logísticos.
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