Un tribunal federal de apelaciones examinará este martes si un juez federal puede seguir adelante una investigación por desacato penal contra la Administración Trump relacionada con la deportación de migrantes venezolanos a El Salvador en marzo de 2025.
La corte de apelaciones de Washington D. C. celebrará una audiencia con la totalidad de sus 11 jueces, algo inusual, para pronunciarse sobre si el Gobierno de Estados Unidos debe rendir cuentas por haber desobedecido las órdenes de un juez, que prohibió el envío de los extranjeros al país centroamericano.
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El caso se remonta al 15 de marzo de 2025, cuando la campaña para lograr la mayor deportación de la historia estaba comenzando. El Departamento de Seguridad Nacional, entonces dirigido por Kristi Noem, ordenó la deportación a El Salvador de unos 238 migrantes, la mayoría venezolanos, aunque también se incluyeron algunos salvadoreños. Las deportaciones se realizaron sin permitir a los expulsados acceder al debido proceso.
El Gobierno acusó sin pruebas a los migrantes de pertenecer a bandas criminales, principalmente al Tren de Aragua, incluida por Trump en el listado de organizaciones terroristas. Para justificar su traslado sin mediar una orden judicial, la Administración recuperó la llamada Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, que solo se ha usado en conflictos armados. La última vez que se utilizó fue durante la Segunda Guerra Mundial para detener a ciudadanos de ascendencia japonesa.
Encerrados en el CECOT
El juez del tribunal del Distrito de Columbia, James Boasberg, ordenó detener los vuelos cuando los aviones aún estaban en el aire. El DHS no obedeció las órdenes y los dos aviones aterrizaron en El Salvador. Las fotos de los deportados en fila, con la cabeza rapada y esposados, dieron la vuelta al mundo y generaron críticas por parte de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. El destino de los detenidos fue la infame prisión de alta seguridad del CECOT, el Centro de Confinamiento de Terroristas, ideada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y famosa por las deplorables condiciones en que se mantiene a los presos.
El Tribunal Supremo, de mayoría conservadora y afín a Trump, anuló la orden del juez Boasberg unas semanas más tarde, al determinar que las impugnaciones legales de los migrantes debían presentarse en los distritos federales donde habían sido detenidos. No obstante, Boasberg continuó con su investigación por desacato, argumentando que el fallo posterior no eximía al Gobierno de la posible violación de su orden. El juez declaró en abril de 2025 que había hallado causa probable para creer que el Gobierno había violado deliberadamente su orden, y señaló que estaba considerando abrir una investigación por desacato penal.
El Gobierno argumentó que Boasberg se había extralimitado en sus competencias al llevar adelante la investigación por desacato. En abril de 2026, un tribunal de apelaciones ordenó a Boasberg, en una decisión dividida, que pusiera fin a la investigación.
El pleno del Circuito de D.C. acordó reconsiderar la decisión del panel y determinará si Boasberg puede continuar con su investigación por desacato penal. Si el tribunal autoriza al juez, la ex secretaria del DHS Kristi Noem podría llegar a estar imputada por ser la responsable de permitir que los vuelos continuaran a pesar de la orden judicial para que los aviones regresaran. Noem dirigió con mano dura la campaña de deportaciones de Trump y avaló las tácticas más agresivas en las detenciones. Tras el manejo de las crisis posteriores a los asesinatos de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis en enero de este año, Trump la destituyó y colocó en su lugar al actual secretario, Markwayne Mullin.
En agosto, 204 exjueces enviaron una carta instando al tribunal de apelaciones a permitir que continuara la investigación por desacato, calificando la indagación del tribunal de distrito como “totalmente correcta y apropiada”.
El viernes pasado, otro tribunal de apelaciones se pronunció sobre un caso relacionado. La audiencia se centró en si los hombres enviados al CECOT tienen derecho a celebrar finalmente audiencias —ya sea de forma remota o de regreso en Estados Unidos— para demostrar que no forman parte de la banda Tren de Aragua y que su expulsión de Estados Unidos, efectuada sin audiencia en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, fue ilegal. Los tres jueces del tribunal de apelaciones de Columbia se mostraron divididos y no indicaron cuándo se pronunciarán sobre el caso.
Una cuestión clave para el panel es si los tribunales estadounidenses tienen jurisdicción sobre las reclamaciones de los migrantes incluso después de que estos llegaran a El Salvador. Los venezolanos encerrados en el CECOT fueron deportados unos meses después a Venezuela.
Lee Gelernt, el abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) que representa a los migrantes deportados, afirmó que la Administración Trump ha reconocido haber violado los derechos constitucionales de los demandantes, pero no está intentando solucionar el problema.
Una investigación de The New York Times reveló que, de las 238 personas que la Administración Trump deportó al CECOT en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, solo 32 tenían antecedentes penales graves y una cantidad aún menor tenía algún vínculo con el Tren de Aragua. Otras investigaciones coincidieron en que la mayoría no eran delincuentes. Fuentes de la Administración confirmaron más tarde que algunas de las pruebas utilizadas para inculpar a los migrantes fueron los tatuajes que llevaban, diseños que son comunes y no están necesariamente ligados a las bandas criminales.
Entre los pasajeros que había en los vuelos a El Salvador se encontraba Kilmar Abrego García, un salvadoreño cuyo caso se hizo célebre por ser el primero en el que el Gobierno de Trump admitió haber cometido un error. Abrego García fue devuelto a EE UU meses después, pero ha mantenido otra batalla judicial contra el Gobierno de Trump, empeñado en vincularle sin pruebas a las bandas criminales.
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