Los fiscales federales aseguran que varios testigos están dispuestos a declarar de primera mano sobre la presunta participación de la ex primera dama venezolana Cilia Flores en el narcotráfico y otras actividades delictivas, mientras argumentan que la esposa y coacusada de Nicolás Maduro representaría un peligro demasiado grande como para ser excarcelada mientras espera juicio.
Por El Nuevo Herald
En un escrito presentado ante una corte federal, los fiscales instaron a un juez de Nueva York a rechazar la solicitud de Flores de permanecer bajo arresto domiciliario, describiéndola como un “riesgo extremo de fuga” y argumentando que su liberación representaría un grave peligro para el público y, potencialmente, para testigos y víctimas. Aseguran que ninguna combinación de restricciones —ya sea el monitoreo electrónico o la contratación de un equipo de seguridad privado— podría mitigar adecuadamente esos riesgos.
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La descripción que hace el gobierno de sus posibles testigos figura entre las revelaciones más significativas de su escrito de 28 páginas en oposición a la excarcelación de Flores. Los fiscales dijeron que esperan llamar a declarar a “múltiples testigos cooperantes” que participaron en narcotráfico, hechos de violencia y otras actividades delictivas junto con Flores y Maduro, actuaron bajo sus órdenes o tienen conocimiento de actividades delictivas de sus presuntos cómplices.
Algunos “interactuaron directamente con la acusada” y pueden ofrecer un “relato de primera mano de lo que vieron y escucharon en relación con la conducta de la acusada”, dijeron los fiscales. El gobierno no identificó a los testigos. Sus testimonios no han sido puestos a prueba en un juicio y Flores se ha declarado no culpable.
Un peligro para los testigos
Los fiscales también argumentan que la liberación de Flores podría representar un peligro para testigos y víctimas en Venezuela o en otros lugares. Aseguran que Flores y Maduro participaron en una conspiración de narcotráfico que recurrió a la violencia y la intimidación, incluidas órdenes para ejecutar secuestros, golpizas y asesinatos contra personas que les debían dinero por drogas o amenazaban sus operaciones de narcotráfico.
Los fiscales dijeron que las presuntas actividades de narcotráfico de Flores eran especialmente peligrosas no solo porque involucraban toneladas de cocaína destinadas a Estados Unidos, sino también porque recurrían a la violencia y la intimidación contra quienes amenazaban la operación.
“Como se describe en la acusación formal, Maduro Moros y la acusada participaron en actos de violencia, entre ellos ‘ordenar secuestros, golpizas y asesinatos contra quienes les debían dinero por drogas o de alguna otra manera socavaban su operación de narcotráfico, incluida la orden de asesinar a un narcotraficante local en Caracas, Venezuela’”, escribieron los fiscales.
“Si se le concediera la libertad bajo fianza, la acusada representaría un peligro mayor no solo para Estados Unidos sino también para Venezuela, ya que podría intentar dirigir la intimidación de testigos y víctimas que aún se encuentran en Venezuela o en otros lugares del mundo”, agregaron.
El gobierno sostiene que algunos presuntos cómplices permanecen prófugos en Venezuela y tienen capacidad para ejercer violencia e intimidar a testigos, lo que plantea la posibilidad de que Flores pudiera ordenar a otras personas actuar en su nombre si fuera liberada. Las acusaciones no han sido probadas y los fiscales no afirman en su escrito que Flores haya amenazado o intentado intimidar a algún testigo cooperante desde su arresto.
Las revelaciones se producen mientras el juez federal de distrito Alvin K. Hellerstein se prepara para decidir si Flores, de 69 años, debe permanecer encarcelada mientras espera juicio o si se le debe permitir permanecer bajo un arresto domiciliario sujeto a estrictas condiciones. Flores solicita su excarcelación principalmente debido a lo que sus abogados describen como un grave deterioro de su salud mientras ha estado bajo custodia federal.
Han dicho que padece una afección cardíaca y que ha sufrido dolor en el pecho, dificultad para respirar, palpitaciones y otros síntomas, además de perder más de 25 libras desde que fue encarcelada a principios de enero.
Sus abogados han dicho que un monitoreo cardíaco detectó un episodio de 33 latidos de taquicardia ventricular no sostenida y que Flores sufrió unos 30 minutos de presión en el pecho y dificultad para respirar el 29 de julio, un episodio que, según ellos, pudo haber sido un infarto leve.
La propuesta para su excarcelación contempla que Flores viva en una residencia alquilada o comprada bajo arresto domiciliario, con un custodio externo, seguridad privada las 24 horas, sistemas de vigilancia y otras tecnologías de monitoreo. Los abogados de Flores tienen hasta el 30 de septiembre para responder a los argumentos del gobierno.
Hellerstein ha programado una audiencia sobre su solicitud para el 8 de octubre. Los documentos judiciales no indican si Hellerstein tiene previsto emitir su decisión durante la audiencia o posteriormente.
Flores y Maduro permanecen bajo custodia federal mientras esperan juicio en Manhattan por cargos derivados de lo que los fiscales describen como una conspiración de décadas para enviar cocaína a Estados Unidos. Ambos se han declarado no culpables.
Una sentencia mínima de 40 años
La posible condena que enfrenta Flores es un elemento central del argumento del gobierno de que tiene un fuerte incentivo para huir. Los fiscales aseguran que enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 40 años de prisión si es declarada culpable. A sus 69 años, argumentan, una condena de esa duración plantea la posibilidad de que pase el resto de su vida en prisión y le proporciona un poderoso incentivo para huir de la justicia.
El gobierno también señala los amplios vínculos personales y políticos de Flores en Venezuela, incluidos hermanos, hijos y otros familiares, al tiempo que sostiene que no tiene vínculos con Estados Unidos.
Los abogados de Flores han argumentado que un vínculo importante con Estados Unidos es Maduro, quien también se encuentra detenido en este país, y que ella está comprometida a permanecer al lado de su esposo.
Los fiscales rechazan ese argumento y señalan que las propias condiciones propuestas por Flores la mantendrían bajo arresto domiciliario y solo le permitirían salir para citas médicas y legales necesarias. También argumentan que Venezuela no extradita a sus propios ciudadanos, por lo que sus vínculos con ese país adquieren especial importancia a la hora de evaluar el riesgo de fuga.
Los fiscales también han planteado interrogantes sobre cómo pagaría Flores el costoso esquema de arresto domiciliario. Aseguran que ha proporcionado al tribunal “cero información” sobre fondos o bienes que pueda tener en Estados Unidos o en el extranjero.
Según el escrito, Flores no ha presentado una declaración financiera que detalle sus recursos, y su propuesta no incluye una fianza ni identifica posibles cofirmantes. El gobierno argumenta que su aparente capacidad para financiar seguridad privada, una residencia y un amplio sistema de monitoreo sugiere que tiene acceso a recursos considerables que también podrían facilitar una fuga.
Por separado, los fiscales sostienen que permitir que Flores pague guardias privados para hacer cumplir su detención contravendría precedentes de una corte federal de apelaciones que restringen los esquemas de seguridad privada que, en la práctica, permiten que acusados con grandes recursos económicos financien su propia detención.
Disputa por su afección cardíaca
El gobierno también cuestiona directamente la justificación médica presentada por Flores para solicitar su excarcelación. Sus abogados han argumentado que una “afección cardíaca grave y documentada” justifica por sí sola su liberación y que debería poder esperar el juicio bajo arresto domiciliario mientras se recupera de lo que describieron como una cirugía cardíaca invasiva.
Los fiscales aseguran que esa descripción va más allá de lo que han determinado los médicos. Según el gobierno, Flores tiene un prolapso preexistente de la válvula mitral y se ha quejado de presión arterial elevada y angina. Después de someterse a una prueba de esfuerzo en el Brooklyn Hospital Center el 23 de abril, tres cardiólogos recomendaron un cateterismo cardíaco para determinar mejor el estado de sus arterias coronarias.
Los fiscales aseguran que ningún profesional médico, incluido un médico contratado por el equipo de la defensa de Flores, ha determinado que necesite una cirugía cardíaca. En cambio, sostienen que Flores se negó repetidamente durante meses a someterse al cateterismo cardíaco recomendado por los médicos para determinar si necesita tratamiento adicional.
Los fiscales aseguran que incluso el médico contratado por la defensa reconoció que no se podía determinar si Flores padece una enfermedad de las arterias coronarias sin realizar ese procedimiento. Flores ha aceptado ahora someterse al cateterismo, según los fiscales, pero como una de las condiciones propuestas para su excarcelación.
El gobierno argumenta que Flores no debería poder invocar un problema médico para justificar el arresto domiciliario después de rechazar el procedimiento de diagnóstico recomendado por sus médicos, y afirma que “en la práctica creó una dificultad médica que ahora utiliza para solicitar su liberación”.
Los fiscales también señalan que los propios abogados de Flores han reconocido que ha recibido una “atención excelente” de los profesionales médicos del centro de detención y de un hospital de Brooklyn.
El gobierno asegura que la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos está preparada para proporcionar cualquier régimen de recuperación que prescriban los médicos después del procedimiento. Los abogados de Flores tendrán la oportunidad de responder a los argumentos médicos y demás planteamientos del gobierno en su réplica del 30 de septiembre.
Con información de El Nuevo Herald
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