Pedro dice que estaba atendiendo a unos clientes en la paletería donde trabaja cuando escuchó unos disparos y salió corriendo hacia la avenida Anderson Lane, en Austin, donde vio a unos agentes de inmigración alrededor de un carro.
“Me acerqué al coche y vi a un muchacho que estaba como triste y con los ojos llenos de lágrimas, le pregunté qué le había pasado y solo me dijo: ‘Me dieron por la espalda’. Estaba herido, y le hice varias preguntas al oficial pero solo me dijo que ya habían llamado a la ambulancia”, explica Pedro, quien pidió mantener su anonimato porque está en un proceso migratorio, y asegura haber visto la detención de Wilber Rafael Garcés Pérez, un inmigrante venezolano de 28 años que el domingo hacía una entrega para DoorDash cuando un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le disparó en el norte de Austin, la capital de Texas.
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“Uno no está preparado para ver a alguien así, te da mucho coraje, te da dolor y no sabes qué hacer”, afirmó Pedro, inmigrante mexicano que lleva más de dos décadas viviendo en Estados Unidos.
Horas después, Garcés Pérez fue dado de alta del hospital y trasladado a un centro de detención de ICE en Pearsall, ubicado a unas 134 millas de Austin. En un video publicado en la tarde del lunes, el congresista demócrata por Texas Joaquín Castro informó que Garcés Pérez seguía con un dolor intenso, y que no había recibido medicamentos para aliviarlo. Según Castro, ICE comunicó a su oficina que lo llevaría a un hospital, probablemente en el condado de Frío, donde está Pearsall, o a San Antonio si su estado lo requiere, aunque la agencia no precisó a cuál.
La abogada de Garcés Pérez, Kate Lincoln-Goldfinch, denunció este lunes por la noche que su cliente había sufrido represalias luego de que el lunes participó en una rueda de prensa sobre su caso con una llamada telefónica desde el centro de detención de ICE en Pearsall, según se lo informó otro de los internos.
“Lo trataron con brusquedad. Perdió sensibilidad en el lado izquierdo de su cuerpo, donde tiene una bala incrustada en su columna vertebral. Y presuntamente lo maltrataron y lo esposaron de pies a cabeza, amarrado con una cadena para llevarlo a un hospital”, se le oye decir en una publicación en su cuenta de la red social Instagram.
“Es básicamente abuso tomar a alguien a quien le dispararon y trasladarlo de un hospital a una prisión como esa en cuestión de horas”, dijo Castro, quien criticó además que se haya iniciado de inmediato el proceso para deportarlo.
Este lunes, se realizó una rueda de prensa en la que legisladores, activistas y su abogada exigieron que Garcés Pérez sea liberado y que no lo deporten.
“Tengo la bala ahí adentro todavía”, dijo Garcés Pérez. “Estoy mal por el balazo que recibí y no he recibido la atención médica necesaria”.
Garcés Pérez afirmó que los médicos no le extrajeron el proyectil porque está cerca de la columna vertebral; cuando preguntó si se lo sacarían, le respondieron que los agentes tenían prisa por llevárselo. Llegó a Pearsall a las cuatro de la madrugada y durmió en el piso de un cuarto muy frío, sin cama. Una enfermera le dio una pastilla. “Eso fue todo”, dijo.
Contó que conducía por Anderson Lane cuando una camioneta intentó embestirlo; creyó que era un conductor agresivo. Según él, los agentes nunca le pidieron que se detuviera ni encendieron luces o sirenas antes de chocar su auto. Dijo que intentó dar una vuelta en U para estacionarse cuando los agentes corrieron hacia él y le dispararon. Negó que hubiera habido una persecución a pie, como afirmó la jefa de policía de Austin, Lisa Davis.
“En Austin tampoco estamos seguros”
El congresista demócrata Greg Casar, cuyo distrito incluye parte de Austin, participó en la rueda de prensa y denunció las acciones de ICE en el estado. “El Servicio de Inmigración no le ha dado más seguridad a nuestras comunidades”, dijo. Afirmó que el Gobierno prometió perseguir a criminales, pero que la mayoría de los afectados no tiene antecedentes penales.
“Arrestaron a un chico de 5 años, están disparándole a repartidores, allanando centros, y obras de construcción. Nos va a dar seguridad sacar a ICE de Austin”, sostuvo.
Criticó que miles de millones de dólares recortados de la asistencia alimentaria y el cuidado infantil hayan ido a parar a ICE, “esta entidad que está fuera de control”. En una carta al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y al director interino de ICE, David Venturella, exigió que se informe al Congreso a más tardar el 28 de septiembre.
“Él tiene que salir de la prisión”, dijo Casar sobre Garcés Pérez.
“No podemos ser un país donde el Gobierno federal le dispara a una persona, la saca del hospital antes de tiempo y trata de desaparecer a un testigo”, agregó. Y remató: “No vamos a tolerar esta situación aquí en Austin”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo en un comunicado que Garcés Pérez estaba estable y bajo custodia a la espera de ser expulsado, que entró al país de manera irregular durante el Gobierno de Joe Biden y que tenía una orden final de deportación. Agregó que Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), división de ICE, investigará el caso con el FBI.
Un alto funcionario de la Administración dijo a NBC News que no tiene antecedentes penales más allá de estar en el país ilegalmente. El DHS no ha explicado por qué el agente disparó ni si llevaba cámara corporal.
Un video verificado por NBC News capta al menos tres disparos mientras una persona que bajó de una SUV oscura corre hacia un sedán azul. El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) dijo que ICE le pidió apoyo para perseguir un Toyota Corolla azul y que el tiroteo ocurrió antes de que llegaran sus agentes.
La abogada Kate Lincoln-Goldfinch sostiene que su cliente entró legalmente en 2024 mediante un programa de parole, pidió asilo y tenía permiso de trabajo. Un juez ordenó su deportación en ausencia, dijo, porque el aviso de una audiencia se envió a una dirección anterior, aunque él asegura haber notificado su cambio de domicilio.
Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), dijo a Noticias Telemundo que Garcés Pérez “era legal” hasta que el Gobierno le cambió el estatus. “DHS no puede ser su propio policía”, añadió, y acusó a la agencia de proteger a los agentes que disparan y ocultar sus nombres.
Diversos activistas pidieron un organismo independiente que revise el uso de la fuerza de ICE y remita posibles delitos a la fiscalía, y que el Congreso prohíba a sus agentes hacer paradas de tránsito.
Para David Chincanchan, de la organización Workers Defense Fund, el incidente prueba que “aquí en Austin tampoco estamos seguros”. Pidió a las autoridades locales no responder con más violencia a las protestas de los próximos días; el domingo por la noche, al escalar la tensión en una manifestación bajo la autopista 183, agentes del Departamento de Seguridad Pública usaron gas lacrimógeno.
“La gente no quiere salir a comprar comida, ni nada, todos tienen miedo. Esto no puede seguir así en Austin”, afirmó Juan Allende, un transeúnte que fue a ver el lugar en el que detuvieron a Garcés Pérez en Austin.
Por su parte, Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, dijo que su organización no convocará vigilias. “Nuestra comunidad está siendo absolutamente perseguida”, explicó. “No vamos a poner a nadie en peligro”.
Ferro atribuyó el tiroteo a una violencia que “ha ido escalando porque no hay adjudicación de responsabilidades”.
La detención de Garcés Pérez sucede dos meses después de que un agente de ICE matara a Lorenzo Salgado Araujo en una parada de tránsito en Houston, en un verano en que la agencia superó por primera vez los 50,000 arrestos mensuales.
Los próximos pasos legales
Lincoln-Goldfinch dijo a Noticias Telemundo que su equipo estaba presentando ante una corte federal un recurso de habeas corpus y una solicitud de orden de restricción temporal para frenar de emergencia la deportación de Garcés Pérez, “para que podamos seguir adelante con la investigación”.
“En mi experiencia, cuando tenemos un caso similar, Inmigración prefiere que la persona se vaya lo más pronto que sea posible”, explicó. Los próximos días son decisivos, dijo: “Por eso necesitamos la ayuda de la Corte Federal”.
Después, dijo, el foco estará en conseguirle tratamiento médico, sacarlo de detención y defenderlo contra la deportación. “Estamos pidiendo a la corte que bloqueen la deportación porque es una emergencia médica, que no lo deporten porque tiene una bala en su cuerpo”, afirmó la abogada y explicó que están analizando una posible demanda por compensación debido a la violencia de la detención.
Es pronto, reconoció, “pero vamos a investigarlo todo”
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