La frase es exagerada, pero transmite una sensación compartida: “Antes tenía miedo del Sebin [Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional] y ahora no sé si tengo que temer a la CIA”. La pronuncia un diputado opositor una calurosa mañana de septiembre en Caracas y refleja un temor creciente entre políticos, periodistas, empresarios y defensores de los derechos humanos.
El poder de Estados Unidos en Venezuela y su respaldo al Gobierno de Delcy Rodríguez los mantiene desconcertados y cuidadosos. Cuando la represión por decir lo que uno piensa empezaba a disiparse, surge un nuevo miedo: contrariar los intereses de la primera potencia mundial. En juego hay visados, financiación de proyectos y la condena al ostracismo.
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“Hay pánico de publicar cualquier cosa contra Estados Unidos”, advierte un defensor de derechos humanos venezolano en el exilio. “El miedo a hablar se extiende incluso en las reuniones privadas. Nadie sabe quién podría estar informando”, dice esta fuente que pide anonimato. “La embajada está elaborando expedientes de gente que ha venido criticando el tutelaje. Y se ha movido para que no se proteste en sus sedes”, añade.
Desde el 3 de enero, cuando la Delta Force capturó a Nicolás Maduro en plena madrugada, Venezuela vive bajo la tutela forzosa de Washington. Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el poder con el respaldo de Donald Trump, y desde entonces hay más libertad, algunos avances en la redemocratización del país, grandes acuerdos petroleros y apertura al mundo. Pero esa apertura convive con una paradoja: muchos esperaban que la caída de Maduro acelerara también el fin del chavismo, y, en cambio, Trump decidió no solo mantener a Rodríguez en el poder, sino apuntalarla.
El resultado es un país tutelado por Estados Unidos, donde criticar una decisión de Rodríguez equivale, de facto, a criticar a Washington. Y donde criticar el tutelaje puede acarrear una llamada sutil de la embajada en Caracas. O peor: las advertencias directas para que los más críticos e influyentes se moderen.
Años de represión bajo el chavismo dejaron una lección que los venezolanos aplican ahora también con el nuevo poder: mejor callarse. “En este momento, donde supuestamente estamos en una transición, es cuando deberían estar sobre la mesa propuestas en materia de justicia y de todo lo que hay por hacer. Y esas propuestas públicamente no existen”, lamenta el activista exiliado.
El ejemplo más claro de lo que indigna y de lo que se calla es el opaco acuerdo petrolero firmado hace unas semanas. Los términos —casi desconocidos— han causado polémica, aunque ambos gobiernos lo defienden, con matices, pero sin fisuras. Y muchos de sus críticos, como María Corina Machado, han tenido que hacer extraordinarios equilibrios para cuestionarlo sin que se interprete como un ataque directo a Estados Unidos. “Aún no se conoce el verdadero alcance de este acuerdo, quién firma, qué es lo que realmente se firma, quién pone el dinero, quién da las garantías, cómo beneficia esto a los venezolanos”, se limitó a decir la líder opositora, dirigiendo sus reparos contra la legitimidad del “régimen” de Rodríguez para negociar los recursos del país, no contra Washington.
Machado no es la única que evita el choque con la Casa Blanca, en cuyas manos ha estado hasta ahora su futuro político. La oposición más moderada busca también cómo redefinir su discurso en este marco inesperado. “¿Es tutelaje o una sociedad?”, se pregunta el diputado que dice cuidarse de la CIA. “Ahora hay que repensar cómo atacar al chavismo: hacerlo desde la izquierda antitrumpista no tiene cómo ganarse. Hay que hacerlo desde la izquierda social”, explica.
Los empresarios también han vuelto a medir sus comentarios. Tras años sin abrir la boca, el 3 de enero trajo nuevos aires de libertad, pero sigue siendo complicado que los actores económicos hablen con nombre y apellidos. “En términos generales, todo el mundo tiene temores”, dice uno de ellos. ¿Qué temen? “Que no nos tomen en cuenta, que nos saquen del juego o que tengamos problemas con la visa. Hay tantos temores que uno ya ni sabe. Nadie critica a Estados Unidos ni de vaina”.
Y no les faltan ganas: la intervención generó expectativas enormes que aún no se están cumpliendo. La capacidad económica de los venezolanos sigue siendo un desastre y, ni los más privilegiados terminan de ver la reciprocidad del trato. “Estamos proyectando juntos una economía, entre comillas, en crecimiento. Pero, ¿y las visas?”, cuestiona una fuente del sector petrolero. “Un profesional venezolano que necesita ir a Houston para hacer negocios tiene, en el mejor de los casos, que tramitar una visa de aprendiz porque no se la dan. Somos un apéndice de Estados Unidos con muchas obligaciones y pocos derechos”.
Las presiones han sido explícitas en los movimientos de derechos humanos. Cuando familiares de presos políticos planearon una vigilia frente a la embajada, funcionarios de la delegación diplomática llamaron a varios de los comités para pedirles que se abstuvieran de participar. El episodio dividió al movimiento: los rostros más conocidos de años anteriores se replegaron, y hoy son otros quienes lideran las movilizaciones, cuenta un actor involucrado en estas reivindicaciones.
Un portavoz del Departamento de Estado respondió a las preguntas de EL PAÍS. “Sus fuentes anónimas están equivocadas. El Departamento de Estado, incluida nuestra embajada de Estados Unidos en Caracas, está enfocado exclusivamente en avanzar el plan de tres fases para la estabilización, la recuperación económica, la reconciliación y la transición democrática de Venezuela. Desde el regreso de los venezolanos que antes estaban en el exilio, hasta la liberación de expresos políticos, pasando por los contratos comerciales firmados que inyectarán miles de millones de dólares a la economía venezolana, y las medidas anunciadas recientemente para ampliar la libertad de prensa en Venezuela. El plan de la Administración Trump sigue dando resultados”.
“El movimiento de derechos humanos está absolutamente autocensurado por tres razones. Una es porque todos queremos tener algún canal de comunicación con las autoridades en EE UU para pasar mensajes y nadie quiere poner en riesgo esos canales. Otra es el temor a que te anulen la visa, con la que los venezolanos viajamos. Y la segunda es que no te financien”, explica el activista. “Así que hemos cambiado el bozal de arepa por el bozal de hamburguesa”, resume con ironía, en referencia al apodo con el que se describía la censura chavista.
Los periodistas venezolanos también llegan a este momento arrastrando años de sobrevivir como han podido: exilio, cierre de medios, cárcel, censura. Todavía hay casi 200 dominios de internet —la mayoría medios de comunicación— que siguen bloqueados en el país, una cifra que apenas se ha empezado a reducir en la última semana pese a la apertura que se le atribuye al Gobierno de Rodríguez. Sobre ese miedo se monta uno nuevo. “No había visto unos niveles de autocensura tan fuertes en mucho tiempo”, cuenta a EL PAÍS una periodista exiliada.
Mientras Trump habla de Venezuela como el estado 51, el país sigue sometido a sanciones económicas e incluido en la lista de restricciones parciales de entrada a Estados Unidos, junto a naciones como Burundi. Mientras Trump asegura que los venezolanos bailan de felicidad por las calles, los que huyeron se arriesgan a ser deportados a Liberia, como le ocurrió a un grupo de migrantes el pasado mes de agosto. “Lo que está ocurriendo con las políticas migratorias en lugares como Doral, Florida, donde hay una gran comunidad venezolana, es inaceptable”, reclamó en su cuenta de X el diputado Henrique Capriles, el único político que se ha referido a la persecución que sufren los venezolanos en Estados Unidos. Ni la oposición en general, ni María Corina Machado en particular, ni el Gobierno de Delcy Rodríguez han dicho una palabra.
“Más que autocensura, es que nadie quiere pelear con Estados Unidos”, admite Capriles a El PAÍS. “A principios de año, mucha gente hablaba bien de Trump porque se llevaron a Maduro, pero hoy la pregunta es: ¿dónde está el dinero del petróleo?, ¿por qué la gente no mejora sus condiciones de vida con tantos acuerdos millonarios? Aún no hemos entrado en confrontación abierta desde la oposición, pero lo que ocurre en Doral, Florida, con los venezolanos, es terrible y no podemos callar”, reivindica el diputado. “No se trata de confrontar a EE UU, sino de alzar la voz cuando corresponde”.
La imagen de Estados Unidos en Venezuela está en crisis, algo que preocupa al entorno de Trump, que se juega las elecciones de mitad de mandato en noviembre. Lo puso de manifiesto un mensaje enviado por error hace unos días en el grupo de WhatsApp de la embajada estadounidense con periodistas. El texto —un resumen interno de reacción mediática— analizaba la entrevista de Marco Rubio con el presentador venezolano Sergio Novelli, al que siguen tanto la diáspora como el público dentro del país. Rubio buscaba aplacar las críticas al acuerdo petrolero: insistió en que el pacto es con la privada NABEP —de Alejandro Betancourt— y no con el “régimen”, y prometió elecciones libres sin fecha.
Rubio se convirtió en trending topic, pero entre el 70% y el 75% de los comentarios en redes fueron críticos. La mayoría consideró el mensaje como “control de daños” y sospechó que el acuerdo beneficia a los cercanos al poder antes que al país. La filtración confirmó lo que ya se sospechaba: que sigue existiendo un seguimiento permanente de lo que se dice y se hace en Venezuela.
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