Un grupo de congresistas demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos exigió respuestas al secretario de Estado, Marco Rubio, y al fiscal general, Todd Blanche, sobre la relación de la administración de Donald Trump con el empresario venezolano Alejandro Betancourt y su participación en un nuevo esquema relacionado con la industria petrolera de Venezuela.
Los miembros demócratas de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Gregory Meeks, Robert Garcia y Jared Huffman, cuestionaron públicamente lo que describieron como una asociación de la administración estadounidense con Betancourt, a quien califican de presunto lavador de dinero, y pidieron explicaciones sobre el acuerdo que contempla una participación accionaria estadounidense en una empresa petrolera venezolana.
La solicitud se produce en medio de una creciente controversia en Washington sobre el papel que Betancourt desempeña en la política energética estadounidense hacia Venezuela. Según reportes de medios estadounidenses, el empresario se ha convertido en un intermediario relevante entre funcionarios de la administración Trump y actores del sector petrolero venezolano.
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Una investigación publicada por The Washington Post señaló que altos funcionarios estadounidenses intervinieron ante autoridades suizas en relación con una investigación contra Betancourt y que el empresario pasó a desempeñar un papel estratégico en los planes de Washington para el sector petrolero venezolano. Betancourt ha negado las acusaciones de irregularidades.
Asimismo, reportes recientes han señalado que su empresa, North American Blue Energy Partners (NABEP), participa en un acuerdo energético con el Gobierno estadounidense relacionado con varios campos petroleros venezolanos. La operación ha generado cuestionamientos entre legisladores por sus características y por el nivel de participación que tendría el Gobierno de Estados Unidos.
Los congresistas demócratas buscan conocer qué papel desempeñaron Rubio y Blanche, cuáles fueron los criterios utilizados por la administración para asociarse con Betancourt y bajo qué condiciones se estructuró el acuerdo petrolero.
La controversia ocurre mientras el Congreso intensifica su escrutinio sobre los acuerdos de Washington con empresas vinculadas al sector energético venezolano. El pasado 15 de septiembre, el congresista Joaquín Castro, miembro demócrata del Comité de Asuntos Exteriores, impulsó una solicitud para obtener documentos relacionados con el acuerdo con NABEP y las operaciones sobre 17 campos petroleros venezolanos.
El debate se centra ahora en la transparencia del acuerdo, los antecedentes legales de Betancourt y las razones por las que la administración estadounidense decidió convertirlo en un actor relevante de su estrategia energética para Venezuela.
🚨🚨 Ranking Members @RepGregoryMeeks, @RepRobertGarcia and @RepHuffman are demanding answers from Secretary Rubio and AG Blanche on the admin’s partnership with Venezuelan businessman and alleged money launderer Alejandro Betancourt and its unprecedented scheme to take an… pic.twitter.com/mm9Yb0H0VB
— House Foreign Affairs Committee Dems (@HouseForeign) September 18, 2026
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