Jaime Gilinski (Cali, 68 años), el hombre más rico de Colombia, tiene negocios que van de la banca a los alimentos y los medios de comunicación. Ahora extiende ese imperio al petróleo, con una apuesta en la Venezuela sin Nicolás Maduro. El pasado 2 de septiembre, las empresas de su familia se convirtieron en accionistas controlantes de GeoPark, una petrolera con sede en Bogotá que cotiza en Nueva York, opera pozos en Colombia y Argentina, y está dirigida por Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol.
El salto llega tras aceptar el desarrollo del bloque Bare, un yacimiento de crudo pesado que lleva años semiparalizado en la Faja del Orinoco venezolana, una de las mayores reservas de petróleo del mundo. El acuerdo, firmado con la estatal PDVSA, da a GeoPark el manejo del campo durante 25 años bajo la figura que Venezuela creó este año para atraer capital privado. La petrolera financia las inversiones y se queda con el 65% de lo que produzca. Hoy el campo bombea 11.000 barriles diarios, lejos de los más de 100.000 que llegó a producir en su mejor momento. Tras haber dado ya más de 700 millones de barriles, PDVSA calcula que quedan aún 18.00 millones, casi tantos como los que tiene todo el subsuelo colombiano (2.020 millones, según el último balance oficial). GeoPark espera extraer entre 85.000 y 95.000 barriles al día, apoyada en los más de 1.100 pozos que ya existen.
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Gilinski no llega de la nada al negocio. Desde marzo, cuando invirtió 107 millones de dólares en efectivo por el 20% de las acciones de GeoPark, se convirtió en el mayor accionista de la mayor petrolera privada de Colombia. La operación de septiembre, que lo llevó a tener más de la mayoría, funcionó distinto. Esta vez no puso plata; fue su grupo el que negoció con PDVSA y aseguró los derechos para operar el bloque Bare a través de una sociedad. Luego vendió esos derechos a GeoPark a cambio de acciones nuevas, que le costaron 12,22 dólares cada una, 47% más de lo que él mismo había pagado en marzo, y con una prima del 26% sobre el precio de referencia. Así, sin gastar caja ni pedir deuda, el grupo puede controlar entre el 56,3% y el 58,4% de la compañía, según la nota de prensa.
El acuerdo también le da salida a quien no quiera seguir en esta nueva etapa. Gilinski comprará acciones a los mismos 12,22 dólares, hasta completar 100 millones de dólares entre todos los que decidan vender. La junta directiva de GeoPark votó para aprobar la operación, en una decisión de la que se apartaron los tres miembros que ocupan un puesto en representación de Gilinski —sus hijos Gabriel y Dorita Gilinski y Camilo Martínez. BTG Pactual, el banco de inversión brasileño que asesoró la operación para GeoPark, certificó que el precio pactado en la operación era justo para los demás accionistas.
Remi Stellian, profesor de economía de la Universidad Javeriana, ve en el movimiento una forma de diversificar el riesgo del imperio Gilinski, que suma la energía a su portafolio. Lo hace, además, en un país que busca reabrirse bajo la tutela del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con una operación que se formalizó el mismo día en que el país del Tío Sam se convirtió en el principal jugador del sector petrolero venezolano. El 28 de agosto, Trump anunció por su cuenta que Estados Unidos y Venezuela habían llegado a un acuerdo histórico. La firma ocurrió el 2 de septiembre, en una ceremonia en Caracas con el secretario de Energía estadounidense presente. El acuerdo da a Washington control sobre 65.000 millones de barriles de crudo, poco más de una quinta parte de todas las del país que tiene las más vastas del planeta. Ese mismo pacto entre Trump y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tiene de socio a Alejandro Betancourt, un empresario investigado por lavado de activos en España y Suiza. Aunque ambos negocios nacen del mismo deshielo político, GeoPark no tiene ningún vínculo con Betancourt ni con su compañía.
Pese a los riesgos, las promesas de crecimiento del negocio han seducido a los inversores. La acción de GeoPark saltó casi 12% el lunes 31 de agosto, tras conocerse un reporte de Bloomberg publicado el viernes anterior que revelaba que el acuerdo estaba en marcha. Desde ese viernes, acumula un alza de más de 16%, y ronda hoy los 11,5 dólares. La firma Jefferies mantiene la recomendación de compra, con un precio objetivo de 12 dólares por acción, y reconoce el mérito estratégico del plan —dividido en una primera fase hasta 56.000 barriles diarios que depende solo de reactivar pozos existentes, y una segunda que dependerá de que Venezuela realmente se normalice, dicen los analistas—. La firma advierte, sin embargo, que el costo para los accionistas minoritarios es alto, pues cada uno se queda con una porción más pequeña del negocio, aunque no haya vendido, lo que se conoce como dilución de capital.
Todo negocio tiene sus riesgos y Stellian los enumera: los sobrecostos en la reactivación de una infraestructura que pasó años sin mantenimiento; el plazo de 120 días que se dieron para obtener el permiso de Estados Unidos sin el cual GeoPark no puede operar el campo legalmente; y la complejidad misma de ejecutar, sin errores costosos, un proyecto intensivo en capital. Bayón calcula que el proyecto demandará una inversión de unos 6.800 millones de dólares en los 25 años, entre inversiones de capital y gastos operativos. Para él, sin embargo, no es un juego de suma cero: ve en la reactivación venezolana una oportunidad para más empresas colombianas de bienes y servicios.
Es difícil pensar que esta operación se haya cerrado sin el visto bueno de Washington. Para Stellian, hay razón estratégica detrás: el crudo extrapesado de Bare necesita refinerías especializadas para poder procesarse, y esa capacidad está concentrada en territorio estadounidense. Bayón lo ha confirmado: es un crudo de 8 a 10 grados API —la escala que mide qué tan denso es un petróleo—, tan pesado que apenas flota en agua y se comporta casi como el asfalto. Como no fluye por sí solo, hay que mezclarlo con otro hidrocarburo más liviano para transportarlo. Son “crudos muy apetecidos en mercados como el americano”, dice Bayón, donde las refinerías de la Costa del Golfo llevan décadas especializadas en procesar justo este tipo de crudo.
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