Funcionarios de Estados Unidos defendieron el acuerdo petrolero suscrito con Venezuela como un paso hacia la recuperación económica y la estabilidad del país, aunque reconocieron que persisten interrogantes sobre su alcance, sus implicaciones legales y el papel que tendrá el Estado venezolano en la administración de sus recursos.
El acuerdo, anunciado por la administración de Donald Trump la semana pasada, contempla la creación de la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP) para desarrollar 17 campos petroleros venezolanos que, según funcionarios estadounidenses, concentran reservas probadas de unos 65.000 millones de barriles.
El convenio fue firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. De acuerdo con la información proporcionada por funcionarios estadounidenses, el gobierno venezolano habría otorgado a NABEP derechos de operación durante 100 años. La compañía, encabezada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, se habría comprometido a invertir hasta 100.000 millones de dólares en infraestructura petrolera.
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Uno de los elementos más relevantes del acuerdo es la participación estadounidense. Según la Casa Blanca, la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono posee una participación del 35% en NABEP, mientras que el Departamento de Estado obtuvo el derecho a adquirir el 20% de la producción de la empresa a precio de costo. Esto representaría, en términos efectivos, una participación estadounidense sobre aproximadamente 55% de la producción de los campos involucrados.
El texto completo del acuerdo, sin embargo, no ha sido publicado.
Funcionarios estadounidenses sostienen que el nuevo esquema busca modificar el modelo aplicado durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que, según Washington, permitió que importantes recursos petroleros fueran destinados a aliados internacionales como Cuba, China y Rusia.
Un funcionario estadounidense afirmó que Venezuela entregó más de 40.000 millones de dólares en petróleo subsidiado a Cuba, mientras que China habría recibido crudo venezolano con importantes descuentos y Rusia habría aceptado petróleo como mecanismo para el pago de deudas.
Washington sostiene que el nuevo modelo pretende canalizar los ingresos petroleros hacia áreas como infraestructura, educación y servicios públicos, en lugar de destinarlos a estructuras vinculadas al antiguo aparato gubernamental.
Dudas sobre la soberanía venezolana
Pese al respaldo de Washington, el acuerdo ha generado interrogantes sobre la soberanía de Venezuela y la propiedad de sus recursos naturales.
La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha defendido públicamente la participación venezolana y ha insistido en que el país mantiene la “propiedad y soberanía” sobre sus recursos petroleros.
Rodríguez también ha presentado el convenio como una oportunidad para recuperar la industria petrolera venezolana y aumentar su producción. Según sus declaraciones, 19 dólares de cada barril vendido ingresarían a Caracas, lo que, de acuerdo con sus cálculos, podría representar más de 200.000 millones de dólares anuales.
La funcionaria también ha señalado que Venezuela buscará ampliar la cooperación con grandes compañías internacionales, entre ellas Shell y Chevron.
Estas afirmaciones parecen dirigidas a responder a las dudas sobre una eventual violación de la Constitución venezolana de 1999. El artículo 12 establece que los yacimientos mineros y de hidrocarburos pertenecen al Estado y son bienes de dominio público, mientras que el artículo 13 establece restricciones sobre la cesión o venta del territorio venezolano a Estados extranjeros.
Expertos legales han advertido que, sin conocer el texto completo del acuerdo, resulta difícil determinar si alguna de sus disposiciones entra en conflicto con la legislación venezolana.
Además, la Ley de Hidrocarburos Orgánicos de Venezuela de 2026 establece que el Estado debe mantener la propiedad de los yacimientos, aunque empresas privadas puedan participar en su explotación. La normativa, según los expertos citados, no habría contemplado anteriormente una concesión de 100 años como la que se atribuye al nuevo acuerdo.
Sin fecha para elecciones
El convenio petrolero se produce mientras Estados Unidos continúa impulsando un proceso político destinado a establecer una transición democrática en Venezuela.
Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, las autoridades no han fijado una fecha definitiva para unas elecciones que permitan sustituir al actual gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.
Washington facilita además conversaciones entre el gobierno interino y representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015, considerada por Estados Unidos como la última institución legislativa venezolana elegida antes de la consolidación de las estructuras políticas chavistas.
Otro factor de incertidumbre es la posibilidad de que el acuerdo petrolero sea modificado o incluso revertido por futuros gobiernos. Al no haber sido estructurado como un tratado internacional sujeto a ratificación legislativa, un futuro presidente de Estados Unidos o de Venezuela podría intentar modificar sus términos o retirarse del convenio.
A esto se suma el historial de desconfianza de algunas grandes petroleras hacia Venezuela. El presidente ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, calificó en enero al país como “no apto para la inversión”, declaración que generó una respuesta crítica de Trump.
El antecedente de la nacionalización petrolera impulsada por Hugo Chávez en 2007 también representa un desafío. Aquella decisión provocó la salida de ExxonMobil y ConocoPhillips de Venezuela y dejó un precedente que podría influir en la disposición de otras empresas internacionales a comprometer grandes cantidades de capital en el país.
En este contexto, Washington presenta el acuerdo como una herramienta para reconstruir la industria petrolera y sentar las bases de una futura recuperación económica, mientras que las dudas sobre la soberanía, la estabilidad política, la seguridad jurídica y la permanencia del convenio podrían determinar su viabilidad a largo plazo.
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