El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, destacó este martes la estrategia de “dominancia energética” impulsada por la administración de Donald Trump, en momentos en que Washington avanza en la implementación de un amplio acuerdo petrolero con Venezuela.
A través de sus redes sociales, Burgum sostuvo que el fortalecimiento energético de Estados Unidos está permitiendo desplazar los mercados globales hacia el hemisferio occidental y reducir su dependencia de zonas consideradas estratégicas o vulnerables desde el punto de vista geopolítico.
Según el funcionario, esta tendencia representa una oportunidad para ampliar la prosperidad y avanzar hacia una mayor independencia energética, con el objetivo de garantizar un suministro de energía “confiable, seguro y asequible” para las próximas generaciones.
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American Energy Dominance is shifting the global energy markets to the Western Hemisphere & away from geopolitical choke points, presenting an opportunity for extended prosperity & energy independence.
That means reliable, secure & affordable energy for generations to come! https://t.co/4roj278oxv
— Secretary Doug Burgum (@SecretaryBurgum) September 1, 2026
La declaración de Burgum estuvo acompañada por una publicación de la Casa Blanca, que atribuyó al gobierno de Trump el fortalecimiento de la producción y las exportaciones energéticas estadounidenses.
La administración republicana sostiene que Estados Unidos se ha consolidado como el principal productor y exportador mundial de petróleo y gas, después de eliminar regulaciones que, a juicio de Washington, limitaban el crecimiento de la industria energética nacional.
Venezuela, pieza clave de la estrategia
Las declaraciones de Burgum se producen pocos días después de que el gobierno de Trump anunciara nuevos detalles del acuerdo petrolero alcanzado con Venezuela, presentado por la Casa Blanca como el “mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”.
El convenio contempla la explotación y desarrollo de 17 campos petroleros venezolanos, con reservas probadas estimadas en unos 65.000 millones de barriles.
De acuerdo con Washington, la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP) recibió concesiones por 100 años para desarrollar esos activos. Como parte del acuerdo, la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra de EE. UU. tendría una participación del 35 % en la empresa matriz, mientras que el Departamento de Estado dispondría de derechos preferenciales sobre parte de la producción.
La Casa Blanca calcula que el proyecto podría movilizar hasta 100.000 millones de dólares en inversiones para infraestructura petrolera en Venezuela y generar alrededor de 200.000 millones de dólares en regalías e impuestos durante los primeros 25 años de operaciones.
Washington también sostiene que el acuerdo permitirá garantizar un suministro estable de crudo para Estados Unidos y contribuirá a reforzar sus reservas estratégicas de petróleo.
Desplazar la influencia de China y Rusia
Otro de los objetivos señalados por la administración Trump es reducir la presencia de potencias extranjeras en el sector energético venezolano.
Funcionarios estadounidenses han señalado que varios de los campos incluidos en el acuerdo estuvieron previamente bajo control o administración de empresas vinculadas a capitales rusos y chinos. Washington presenta la operación como una oportunidad para recuperar influencia estadounidense sobre una parte estratégica de las reservas petroleras venezolanas.
En este contexto, Burgum vinculó la expansión energética estadounidense con una estrategia más amplia destinada a fortalecer las cadenas de suministro del hemisferio occidental y reducir la exposición a lo que calificó como “puntos de estrangulamiento geopolíticos”.
El acuerdo con Venezuela se convierte así en una pieza central de la política energética y geopolítica de Trump, al combinar el acceso a grandes reservas de crudo con inversiones en infraestructura y una mayor presencia estadounidense en la industria petrolera venezolana.
Por su parte, el gobierno venezolano ha defendido el convenio y sostiene que el país mantiene la propiedad y soberanía sobre sus recursos naturales. La administración de Delcy Rodríguez ha señalado que el proyecto permitirá atraer capital y tecnología para recuperar la producción petrolera y generar ingresos destinados a la reconstrucción económica del país.
El acuerdo ocurre además mientras Washington y Caracas avanzan en conversaciones sobre la transición política venezolana, en un proceso que funcionarios estadounidenses vinculan con la estabilización económica y una eventual transición democrática.
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