El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este martes la muerte de Sergio Gabriel Ascanio, quien se encontraba recluido en el Centro Penitenciario Agroproductivo de Barcelona, estado Anzoátegui. La organización atribuyó el fallecimiento a problemas de salud y a la presunta falta de atención médica oportuna dentro del recinto penitenciario.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio las condiciones de reclusión y la asistencia sanitaria que reciben las personas privadas de libertad en Venezuela. De acuerdo con la denuncia del OVP, Ascanio falleció durante el pasado fin de semana mientras permanecía bajo custodia estatal.
La organización defensora de los derechos humanos ha advertido reiteradamente sobre las consecuencias de las deficiencias en la atención médica dentro de los centros penitenciarios y sostiene que enfermedades que pueden ser tratadas terminan convirtiéndose en causas de muerte entre la población reclusa.
Segundo fallecimiento en menos de un mes
La muerte de Ascanio es la segunda reportada en menos de un mes en el Centro Penitenciario Agroproductivo de Barcelona.
El pasado 27 de julio, el OVP informó sobre el fallecimiento de Luis Felipe Moreno Moreno, quien también presentaba problemas de salud mientras permanecía recluido en ese establecimiento. En aquella oportunidad, la organización denunció lo que calificó como “abandono institucional” y reclamó medidas para garantizar la vida y la integridad de los privados de libertad.
El centro penitenciario de Barcelona alberga a más de 1.400 reclusos, según datos difundidos previamente por el OVP. Parte de esa población llegó desde otros establecimientos después de las intervenciones penitenciarias ejecutadas por las autoridades nacionales.
OVP exige respuestas
El Observatorio ha cuestionado los resultados de la política de intervención de las cárceles venezolanas y sostiene que los operativos desplegados en los últimos años no han solucionado problemas estructurales como el hacinamiento, las deficiencias sanitarias y las dificultades para acceder a servicios médicos.
La ONG ha exigido al Estado adoptar medidas urgentes para evitar nuevas muertes por enfermedades prevenibles o tratables, así como ofrecer información transparente sobre las condiciones existentes dentro de los establecimientos penitenciarios.
El nuevo fallecimiento incrementa las denuncias sobre la situación de los presos bajo custodia estatal y reabre el debate sobre la responsabilidad de las autoridades de garantizar atención médica, alimentación y condiciones compatibles con la protección de la vida y la integridad de quienes permanecen privados de libertad.
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