El lobo por encima de los ganaderos: así incumple su propia ley el ministerio de Teresa Ribera
El Tribunal Supremo ha confirmado que a veces es necesario cazar a determinados lobos concretos, a pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez los incluyese en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Sin embargo, aunque el Tribunal ha dado la razón al Gobierno de Cantabria, los lobos siguen campando a sus anchas y causando estragos entre los ganaderos porque el Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera “no está aplicando su propia ley” y, por la vía del silencio administrativo, no aprueba las órdenes de captura y extracción de ejemplares, aunque estén plenamente justificadas.
Durante el año 2022, Cantabria registró unos 4.600 ataques de lobos. La cifra asciende a 8.200 reses muertas o heridas en los últimos cinco años. Además, el lobo ibérico se ha expandido por Cantabria hasta tener una “presencia permanente” en el 65% del territorio, con una población estimada de 180 lobos (21 manadas), según la Consejería de Medio Ambiente.
Los “daños frecuentes” atribuidos a los ataques de esta especie, provocaron que en 2019 Cantabria se convirtiese en la primera comunidad autónoma española en contar con un Plan de Gestión del Lobo y emitir autorizaciones de extracción o caza para proteger a los ganaderos. Sin embargo, desde que el lobo entró en el LESPRE, esas autorizaciones de caza se han topado con la oposición vía silencio administrativo del propio ministerio de Teresa Ribera.
Según ha denunciado este viernes el consejero de Medio Ambiente, Guillermo Blanco, su departamento ha requerido en varias ocasiones los informes del ministerio que avalan los casos excepcionales en los que la normativa permite la extracción de lobos, pero nunca han obtenido “ninguna respuesta”, incluso a pesar de que la Justicia reconozca que se trata de un Plan “modélico”. También ha asegurado que la parte de control de ejemplares solo se podrá aplicar cuando la ministra Ribera, “ceda o sea sustituida”.
Blanco ha insistido en que el plan “estuvo funcionando muy bien” durante su aplicación en los años 2019, 2020 y 2021, hasta que la entrada del lobo en el LESPRE obligó a dejar de llevar a cabo la caza de ejemplares. Por ese motivo, ha reiterado que Ribera sea sustituida “lo antes posible” para poder materializar el control de lobos, algo que “será muy difícil” mientras perviva su inclusión en el LESPRE y mientras “el Ministerio no cumpla su propia ley”.
Requisitos del Gobierno para cazar lobos
Cuando el Gobierno incluyó al lobo en el LESPRE, la orden incluía una disposición adicional con los requisitos que debían cumplir las comunidades autónomas a la hora de aplicar medidas de “extracción y captura de lobos”, es decir, su caza.
En primer lugar, no puede existir “otra solución satisfactoria” después de haber aplicado medidas preventivas o de protección del ganado. Hay que tener en cuenta que la mayoría de esas medidas preventivas, como los mastines, corren a cuenta de los propios ganaderos, ya castigados por la sequía y el incremento de los costes de producción.
En segundo lugar, las autonomías deben justificar que la “extracción y captura” de ejemplares no afecta negativamente al estado de conservación favorable de la especie. Y, por último, hay que justificar “la existencia de perjuicios importantes para el ganado en las explotaciones afectadas, atendiendo a posibles daños recurrentes o significativos”.
La disposición también señala que las medidas deberán ser “selectivas, realizarse en un tiempo lo más próximo posible al perjuicio y lo más cercano a las explotaciones afectadas y deberá realizarse un seguimiento de la efectividad de las actuaciones de extracción”. Además, estas órdenes se deben comunicar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Otra cosa es que, tal y como sucede en Cantabria, el ministerio de Ribera responda para socorrer a los ganaderos.
Acoso judicial animalista
Además de la oposición del ministerio de Ribera, el Gobierno de Cantabria también se ha encontrado con la oposición de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), que hace una semana presentó una querella criminal por prevaricación contra el consejero de Medio Ambiente, Guillermo Blanco, y otros dos altos cargos, por haber ordenado la caza de diez lobos en la región. La querella se ha presentado después de que la Fiscalía cántabra archivase el mes pasado otra denuncia similar.
Las demandas judiciales de ASCEL no prosperan en los tribunales. El último varapalo se lo propinó precisamente el Supremo, al desestimar el recurso de los animalistas contra la sentencia dictada el 8 de febrero de 2022 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en la que precisamente se avalaba la legalidad del plan de control del lobo.
La Fundación Artemisan, que se personó en este recurso junto con la Federación Cántabra de Caza para apoyar al Gobierno de Cantabria, aseguró en un comunicado que la sentencia del Supremo “pone encima de la mesa, una vez más, el reiterado e injustificado acoso por parte de determinadas asociaciones a las administraciones, con el único fin de acabar con la caza y perjudicar al mundo rural”.
Por su parte, el consejero de Medio Ambiente de Cantabria ha asegurado que su Consejería “volverá a firmar órdenes de extracción aunque vuelva a ser denunciada”.
Fuente: Libertad Digital
