CIDH señala posibles ejecuciones extrajudiciales en Perú

Perú violencia policial y protestas
Foto: EFE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe condenando la violencia policial que tuvo lugar en Perú en manifestaciones tras el intento de sacar al expresidente Pedro Castillo. En el texto se asegura que encontraron casos de presuntas “ejecuciones extrajudiciales” en Ayacucho.

Según la CIDH, estas muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales por haber sido perpetradas por agentes del Estado, lo que es motivo de gran preocupación en relación con la protección de los derechos humanos en el país. Además, considera que la situación en Ayacucho podría ser considerada una masacre y debe ser investigada con un enfoque étnico-racial.

La CIDH también mencionó los sucesos en Juliaca, donde 17 manifestantes murieron en enfrentamientos con la Policía. Según el organismo, se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, lo que habría resultado en graves violaciones de derechos humanos contra los participantes en las protestas y terceras personas.

La CIDH pidió al Gobierno de Dina Boluarte que investigue estos casos de uso excesivo de la fuerza y haga todo lo posible por reparar a las víctimas.

Además, detalló una serie de acciones que las autoridades deberían tomar para superar la crisis en el país, incluyendo el diálogo con las partes afectadas, la mejora de los protocolos de seguridad ciudadana para evitar futuros casos de uso excesivo de la fuerza, y la lucha contra la impunidad mediante el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público y el aumento de sus recursos.

Descontento social, ¿origen?

En su informe, la Comisión destacó que el descontento social en Perú tiene sus raíces en la desigualdad estructural y la discriminación histórica, especialmente hacia los pueblos indígenas y las comunidades campesinas de las provincias ubicadas al sur del país.

Vale mencionar que las protestas sociales en Perú se desataron en diciembre después del intento de autogolpe de Castillo y han dejado un saldo de más de medio centenar de muertos y miles de heridos en todo el territorio nacional durante dos meses.

Al respecto, la CIDH pidió al Gobierno que se abstenga de adoptar reformas legislativas o constitucionales que debiliten la autonomía e independencia del Sistema Nacional Electoral o del Poder Judicial, y que delimiten las figuras de acusación constitucional, vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y disolución unilateral del Congreso.

Con información de la agencia de noticias EFE

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Fuente: Fe y Alegria Noticias