Las torturas continúan en Venezuela según el Comité de Derechos Humanos

El Comité de Derechos Humanos (CCPR) de las Naciones Unidas ha hecho públicas sus observaciones finales sobre el quinto informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela, destacando una serie de preocupaciones críticas en relación con los derechos fundamentales.

En el informe, el CCPR subraya que las torturas persisten en los centros de detención venezolanos, según informes de organizaciones no gubernamentales (ONG). El Comité hace hincapié en la necesidad de una investigación rápida, independiente y exhaustiva de los casos de tortura y malos tratos, instando al Estado a garantizar la protección de los denunciantes frente a represalias.

El documento resalta la existencia de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, incluyendo informes de ONG como Defiende Venezuela. También se mencionan los sitios de reclusión no oficiales donde se cometen violaciones graves a los derechos humanos, indicando la urgencia de acciones para asegurar las garantías mínimas básicas.

En relación con la libertad de asociación, participación en asuntos públicos, libertad de expresión, derechos de pueblos indígenas y discriminación por orientación sexual e identidad de género, el Comité presenta “sugerencias” para que el Estado cumpla con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El informe destaca acciones gubernamentales que intentan cumplir con los acuerdos del Pacto, pero señala la insuficiencia de estas medidas, generando preocupación y recomendaciones por parte del Comité.

El Coordinador de Litigio Internacional de Defiende Venezuela, Ezequiel Monsalve, resalta la importancia de las recomendaciones del Comité para orientar a Venezuela hacia un Estado de derecho robusto y el respeto a los derechos humanos.

En otro aspecto, el Comité denuncia el uso de leyes y reglamentos para limitar el funcionamiento de ONG, sindicatos y partidos políticos, así como la detención arbitraria de dirigentes sindicales. También expresan preocupación por las restricciones al espacio democrático, incluyendo la actuación de instituciones judiciales y constitucionales.

El informe enfatiza las actividades criminales en territorios indígenas y el aumento de la violencia debido a operaciones militares y a la minería ilegal. Paolimar Odreman, abogada y experta en violencia sexual, destaca la necesidad de documentar y visibilizar la violencia hacia los indígenas, exigiendo al Estado investigar y sancionar los actos.

En el tema de los derechos LGBTQIA+, el Comité destaca la falta de leyes que garanticen el derecho de las personas transexuales a su identidad de género y la ausencia de reconocimiento jurídico y protección para parejas del mismo sexo y familias homoparentales.

Alfredo Félix, coordinador de Mentorías de Defiende Venezuela, lamenta la falta de políticas públicas para combatir la discriminación y la revictimización en la comunidad LGBTQIA+.

3eravoz @soyjosecorrea