Juez en EE UU ordena a Venezuela pagar $8.700 millones por expropiaciones a ConocoPhillips
Caracas. La administración de Nicolás Maduro rechazó “categóricamente” este lunes el dictamen de un juez en Estados Unidos a favor de la empresa energética norteamericana ConocoPhillips.
La decisión del juez autoriza a la compañía a ejecutar un laudo arbitral de hasta 8.700 millones de dólares, “en perjuicio del patrimonio de todos los venezolanos”.
El fallo es fruto de la expropiación, en el año 2007, de activos petroleros de la compañía en Venezuela. La misma fue por orden del fallecido presidente Hugo Chávez.
El gobierno venezolano fue llevado a los tribunales. Estos dictaminaron en 2013, que la confiscación fue ilegal, rechazando las objeciones de Venezuela dos años después, con Nicolás Maduro en el poder.
A esta sentencia se sumó en 2019 el dictamen del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial.
El Centro decidió que Venezuela debía pagar 8.000 millones de dólares a ConocoPhillips para compensar una expropiación de activos petroleros en 2007.
“Decisión injusta”
Ahora fue un juez estadounidense quien emitió una orden que obliga a Venezuela a cumplir con el laudo arbitral de 2019, que continúa pendiente de pago.
Para la administración de Maduro esta decisión es “injusta” y ha sido “fraguada violándosele a (…) Venezuela su derecho a la defensa, y en complicidad con extremistas venezolanos; entre los que se encuentran (los opositores) Juan Guaidó y José Ignacio Hernández, quienes, usurpando funciones públicas, actuaron en componenda para favorecer a ConocoPhillips en el caso”.
Llamado a la comunidad internacional
El oficialismo afrima que, con esta “írrita e ilegal” decisión “se pretende consumar un paso de la intrincada trama de corrupción que facilite la entrega de los activos venezolanos a potencias extranjeras mediante fraudes procesales donde se impide a los representantes legítimos de Venezuela la defensa integral y efectiva de los intereses” del país.
Llamaron la comunidad internacional ante las “evidentes maniobras con las que se pretende justificar el expolio y el fraude contra una nación soberana”.
Consideran que, con esta medida, EE.UU. “no solo viola el Derecho Internacional, (sino que) además pone en evidencia la ausencia de garantías y de justicia” para cualquier país.
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