Caracas| Denuncian presunta trama corruptiva por parte de jueces penales y fiscales en el caso de una herencia de un menor (Detalles)

Abuela y tío paterno vendieron ilegalmente bienes e inmuebles que por herencia le pertenecerían a una niña de 4 años tras la muerte de su padre. Acusan a jueces penales, fiscales, ex fiscales, notarios y directores del MP por presuntamente ser parte de esta presunta trama corruptiva

Caracas, 17 de septiembre de 2021. Desde la muerte del ciudadano Juan Carlos Puentes Ayala, ocurrida el 09 de mayo de 2020, durante un incendio que se registró en el sótano del edificio Ávila Real de Lomas del Ávila, en la urbanización Palo Verde del municipio Sucre, por el trasvasado de gasolina por parte de propietarios de algunos vehículos; Brigith Moran (concubina), ha librado una dura batalla legal para recuperar los bienes que dejó la víctima a su única hija de 4 años.

Cuenta Morán (denunciante), que en pleno velorio, la abuela, el tío y otros familiares paternos, sacaron los vehículos del estacionamiento de la residencia que eran propiedad del fallecido y entraron a la casa para tomar objetos de valor que posteriormente vendieron arbitrariamente. Otros bienes fueron colocados a nombre de la empresa de Puentes y de su madre. Desde entonces comenzó su lucha junto a sus abogados en el sistema de justicia al que Morán señala de haber cometido actos de corrupción en este caso.

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Día del siniestro en el que perdió la vida Juan Carlos Puentes

Morán junto a su equipo de abogados, iniciaron una denuncia por el SAREN, órgano rector de registros y notarías. Después de hacer inspecciones en las notarías 32 de Caracas, hoy fusionada con la 23 de Caracas, la Notaría Segunda de Barcelona (Anzoátegui) y el Registro con funciones notariales del PAO estado Cojedes, se concluyó que los documentos de compra-venta de los vehículos aportados por los supuestos nuevos compradores al tribunal y a la Fiscalía, no eran auténticos. Es decir, fueron falsificados.

Presuntos actos de corrupción por parte de la fiscalía

Tras una denuncia hecha en el CICPC, el 31 de julio de 2020 se produjo la detención de Jorge Puentes, tío de la niña, con parte de los vehículos hurtados que fueron recuperados y puestos en un estacionamiento de la PNB. Hicieron la petición formal de las motos de alta cilindrada a la fiscalía 52 del Área Metropolitana de Caracas a cargo de los fiscales José Torrealba y Delfina Sotillo, pero estos se negaban a entregarlas.

Al ocurrir todos estos hechos en plena pandemia, los organismos judiciales estaban trabajando a media máquina.

Posteriormente se denunció el hecho en la Fiscalía Superior, desde allí, un fiscal entrega parte de los vehículos a las víctimas (madre e hija). Pero una de las camionetas marca Toyota 2019, fue entregada de manera irregular a uno de los falsos compradores.

Después de las denuncias por estas irregularidades, el fiscal José Torrealba sale y queda su segunda a cargo Delfina Sotillo, esta fiscal presuntamente se encargaba de sacar documentos del expediente e incluyó algunos de manera irregular para perjudicar a las herederas. Las afectadas señalan que esta fiscalía manifestó una “amistad profunda” con las abogadas del tío y abuela de la niña quienes hurtaron los bienes de la herencia.

Luego que los abogados reiteran sus denuncias, el expediente es enviado a la fiscalía 26 del Área Metropolitana de Caracas. “Aquí la trama de corrupción es igual de repugnante”, expresa Morán.

Jairo Gutiérrez quien era fiscal para entonces (salió recientemente por investigaciones) junto a su otro fiscal Winder Malgarejo, se encargaron de igual manera de no practicar ninguna diligencia a favor de la niña para demostrar la propiedad de los bienes, incluyeron actas de llamadas falsas a notarios, hicieron una entrega arbitraria de otra camioneta, violando las leyes, acosó a la víctima y a sus abogados, indicando que todas estas actuaciones eran ordenadas por la coordinadora de vehículos y que la Dra. Ana Ochoa Sub, directora de delitos comunes. Así transcurrieron ocho meses más violentando los derechos de la niña, este fiscal también manifestó una amistad profunda con las abogadas de quienes hurtaron los bienes“.

Morán y su equipo de abogados pidieron una entrevista con el fiscal general de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, pero no fue aprobada.

Agregan que las ex fiscales Karen Duncan, Egles Medina y Doris Briceño, han “utilizado sus influencias” en el tribunal 22 de control del Área Metropolitana de Caracas, que estaba a cargo del Juez José Mascinimo Márquez, quien de oficio le decretó una incautación sobre los bienes recuperados por la víctima, porque consideró que los compra-ventas falsos eran “válidos”, incluso llamó a Morán a su número personal y la habría amenazado con la incautación, manifestándole en todo el proceso que “no le temía a ninguna denuncia y que solo recibía órdenes de Maikel Moreno” (presidente del TSJ).

Mascimino Márquez, es el mismo juez que ha actuado en casos de presos políticos como: Freddy Guevara, Roland Carreño, Nicmer Evans, la jueza Afiuni y el indígena pemón Salvador Franco, quien murió bajo custodia del Estado.

La trama de corrupción es tan elevada que han manifestado que jamás tendremos vida para lograr nuestro derecho. Las alianzas que aún tienen con fiscales dentro de la administración pública y el sistema de justicia han logrado que este caso lleve más de un año sin resultas concretas y los delincuentes sigan libres“.

Detallan que durante año y medio las Fiscalías nunca practicaron ninguna diligencia para demostrar que estas personas falsificaron los documentos. “Eso lo tuvieron que hacer aparte los abogados de la niña“.

Tribunal 22 de control del Área Metropolitana de Caracas

Pruebas aportadas por los abogados a la Fiscalía

Los abogados de la víctima se han encargado de aportar pruebas al proceso, tales como:

Experticia del Cicpc (departamento de documentología) donde dice que los compra ventas son falsos

Respuesta del SAREN que dice que los documentos no existen

Respuesta del INTT, donde señala que los bienes eran del fallecido y fueron pasados POST MORTEM.

Respuesta de la Notaría de Caracas donde dice que los compra ventas no existen registrados en sus tomos.

Ante todo esto, la defensa del caso pide que la fiscalía 33 del Área Metropolitana de Caracas, acuse formalmente a los presuntos implicados en esta red de corrupción que serían: la abuela paterna de la niña, el tío, la abogada Egles Medina, a quien señalan de fabricar los compra-ventas falsos, los compradores de las camionetas, los notarios, los fiscales de las fiscalía 52 y 26 Del Área Metropolitana de Caracas, y que establezcan responsabilidades de los directores del Ministerio Público que emitieron las órdenes.

Amenazas a las víctimas y abogados

Por último, denuncian que han recibido amenazas de arresto si continúan con el proceso penal.

En vista de todas las pruebas aportadas, las amenazas se han hecho presentes desde el sistema de justicia, manifestando que dañaran la reputación de abogados y la madre de la víctima, vociferando probables órdenes de arresto, y que no continúen con el proceso ya que será infructuoso, que gozan de poder político y que nada se recuperará“.

La madre de la niña ha creado una cuenta en Instagram (@DEVUELVANMEMIHERENCIA) con la que busca llamar la atención de las autoridades en este caso.

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