Administración de Maduro entrega empresas nacionalizadas a operadores privados en busca de dinero

Caracas, 13 de septiembre de 2021. Un trabajo de la agencia de noticias Reuters evidencia que la administración de Nicolás Maduro permite que empresas privadas dirijan al menos 13 empresas de alimentos que fueron nacionalizadas hace una década.

La información les llega de parte de “una decena de personas familiarizadas con la situación”. Afirman que la decisión responde a un esfuerzo que busca mejorar las operaciones que sufrieron bajo la gestión estatal.

La administración de Maduro mantiene la propiedad de empresas en dificultades que producen alimentos que van desde harina de maíz y productos lácteos hasta atún y semillas enlatados, “pero ha licenciado las operaciones a terceros a cambio de un pago”, según las fuentes y documentos a los que ha tenido acceso Reuters.

La interpretación que le dan a esta situación es que es un nuevo ejemplo de cómo Maduro “ha hecho retroceder elementos clave del modelo económico liderado por el estado de su predecesor Hugo Chávez, como parte de la liberalización económica que comenzó en 2019 en respuesta a las sanciones de Estados Unidos y un colapso económico”.

Esto, sin embargo, no parece que pueda tener un efecto positivo en la producción agroalimentaria, tomando en cuenta que por más de una década no ha habido la debida inversión en el sector y que la economía está deshecha por años de hiperinflación.

“Con la crisis económica, se está cambiando el modelo de gestión para aumentar los ingresos o reducir el gasto estatal”, dijo el economista Richard Obuchi, director de la consultora local ODH. “El control del gobierno ha ido perdiendo su significado”.

De acuerdo con la investigación de Reuters los operadores privados deben asumir los costos de nómina y financiar inversiones. También deben destinar parte de su producción a programas estatales de distribución de alimentos.

Una de esas empresas ahora bajo administración privada es Industria Venezolana Maicera Pronutricos, fabricante de harina de maíz, que fue nacionalizada hace 11 años.

Este año, sus operaciones fueron arrendadas por cinco años a una firma llamada Alimentos El Maizal por el equivalente a alrededor de $ 16.000 por mes, según una copia del acuerdo vista por Reuters.

Estos arreglos están cubiertos por una “ley anti-bloqueo” destinada a renovar la economía en respuesta a las sanciones. La ley fue aprobada en 2020 por la Asamblea Nacional Constituyente, que se disolvió en diciembre.

Los funcionarios estatales describen los acuerdos como alquileres de instalaciones industriales o, a veces, como “alianzas estratégicas”.

“Se crean alianzas estratégicas para que (empresas privadas) sean las que administren las (empresas estatales)”, dijo Rafael Calles, gobernador del estado Portuguesa, en una entrevista. “Ninguna de estas alianzas implica venta de acciones. La empresa sigue en manos del Estado”.

Dijo que Portuguesa recibe alrededor de $ 60.000 por mes de empresas que operan empresas nacionalizadas, agregando que los fondos pagan la compra de bombas de agua y transformadores eléctricos.

El Ministerio de Información, el Ministerio de Agricultura, Pronutricos y Alimentos El Maizal no respondieron a las solicitudes de comentarios.

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