La situación socioeconómica de la comunidad docente, investigación y de servicios del sector universitario se hace cada vez más crítica. Los sueldos y salarios han sido reducidos a niveles de indigencia, con más de tres años sin ajustes, lo que ha llevado a la pérdida del patrimonio familiar y de la seguridad social de los universitarios. Se ha denunciado hasta la saciedad el incumplimiento de las normativas de homologación, incremento de sueldos y salarios, la revisión de las convenciones colectivas, y discusión de nuevas contrataciones colectivas en contravención de convenios internacionales. La hiperinflación ha destruido los ahorros de los trabajadores y ha afectado gravemente los derechos laborales, y los sistemas de previsión social.
Todos sabemos que esta problemática no será resuelta por el régimen que ha adoptado la política laboral de someter al personal universitario y reducirlos por hambre, induciendo lineamientos socialistas, cuyo objetivo ha sido el de eliminar la clase media que, por cierto, emigra en masa entre los cuales, algo más de la mitad, son egresados universitarios. El país está sujeto a restricciones económicas salariales importantes y se ha impuesto la remuneración más baja en docentes y trabajadores en general por debajo de la clase popular. Esta situación por diseño, no va a cambiar dado que los objetivos del régimen son las de ejercer un control integral de los educadores y anularlos como, masa crítica y beligerante; de tal manera, indujo la ruptura de la meritocracia, sustituyéndola por una tabla rasa salarial de menos de diez dólares mes; repetimos, no cambiará y, los recientes anuncios populistas y demagógicos del régimen son de un aumento del ingreso, obviamente convenientemente cínica cuyo anuncio se refiere no a sueldos y salarios sino a través de lo que llaman bonos, que solo son un subterfugio sin incidencias laborales, eliminando el concepto de prestaciones sociales.
No se espera en ninguna circunstancia un cambio de estrategia, por lo tanto, la única manera de formular y llevar a cabo otra política en beneficio de la clase trabajadora y muy especialmente la universitaria, es la de, cambiar el modelo político por otro, que contribuiría a resolver el tema de la recuperación del salario real, el respeto a la libertad gremial y, el ajuste necesario, con un enfoque centrado en la mejora de las condiciones de vida de los universitarios, acompañada y enfatizando la necesidad de respetar la autonomía universitaria y los derechos de los trabajadores, incluyendo, jubilados y pensionados. Todo ello, dentro del marco legal basado en un plan de corto plazo y, lograr la participación de los universitarios en un sector de alta productividad y desarrollo. Los trabajadores administrativos, personal de servicio, técnicos, auxiliares docentes, profesores y estudiantes de las universidades venezolanas, están desarrollando una política de reclamo frente a la emergencia humanitaria desatada. cuya complejidad presenta los obstáculos impuestos por el régimen, los cuales se han sustentado en la violación de derechos constitucionales, de los convenios nacionales e internacionales. Frente a ello, la autocracia en el poder se burla del marco jurídico, provocando conscientemente que la población se reduzca a niveles de pobreza extrema tal y como se observan en los estudios al respecto. Esta situación, ha sido denunciada ante la OIT con una queja formal contra el gobierno de Venezuela e indirectamente inclusiva en la corte CPI.
El resultado de la política en cuestión ha conducido paulatinamente a la pulverización continuada de los ingresos por años y su efecto ha sido la pérdida del patrimonio familiar y, de la seguridad social. Hemos pasado de una situación de vida de cierta calidad a la ausencia de apoyo del mantenimiento de la salud y, la respuesta ha sido, el ejercicio del poder autocrático, amenazas, persecución y cárcel. Los escasos ahorros, aportes a los fondos de financiamiento, y a los institutos de previsión social desaparecieron, igualmente, los activos particulares de cada universitario se han subastado, expropiados, vendidos o perdidos para subsistir; las deudas nos acogotan y, ya ni comer adecuadamente se puede, todo se ha pulverizado. Con la centralización del presupuesto universitario por parte del Ejecutivo Nacional, se ha ido haciendo cada vez más difícil que las universidades mantengan su operatividad, todo se hace por apariencia, sin calidad, con maquillajes de la infraestructura donde las instituciones son visibles, en otros lugares, especialmente en el oriente del país, se observa la destrucción de la infraestructura universitaria como símbolo malévolo de poder. Al centralizar la administración en un Ministerio, la universidad se transmuta a una función de cajero o de trámites inútiles, igualmente, las retenciones para la seguridad social casi alcanzan al ingreso mensual y se pierden en un laberinto. Sin discriminación, consulta o alcance reglamentario, se nos somete a los designios oficiales a la “contratación” de una Aseguradora Privada, para atender las contingencias médicas cuya calidad del servicio prestado atenta contra la vida del trabajador: al mismo tiempo, se desarticularon y debilitaron los Institutos de Previsión Profesoral (IPP) y los programas de HCM de las distintas universidades. Se cerraron los Fondos de jubilaciones y pensiones sin derecho a explicaciones formales, y el régimen, despliega su chantaje acompañado de la amenaza policial para algunas instituciones universitarias y potencia el hostigamiento contra profesores, estudiantes, coartando de paso el derecho de protesta gremios y sindicatos.
Para la recuperación del salario real y pago de las deudas laborales, es necesario definir un nuevo instrumento de convenimiento y, el reconocimiento de la deuda social por salarios, causada por la violación de las normas de homologación, de las convenciones colectivas, el respeto a la libertad sindical, y la progresividad de sus derechos. Es aspiración máxima en las actuales circunstancias, de una discusión retomando como método la fijación del salario mínimo y, retomar a partir de ahí, con las adecuadas escalas meritocráticas por competencias para las revisiones de las normas de ascenso. La meta es alcanzar, con sucesivos ajustes de acuerdo con el comportamiento de la economía nacional mediante, ingresos ajustados a los requerimientos y al desarrollo de las actividades propias del sector universitario.
Los universitarios no vamos a renunciar a nuestras demandas salariales, pero tampoco centrar la lucha en ese solo aspecto, sino en la necesidad urgente de cambiar el modelo político y dar respuestas al sector de forma inmediata, usando el debate, la presión de calle y, el derecho a la libertad democrática del país los cuales deben estar, perfectamente alineados con la necesidad de transformación del sistema universitario y, de la educación en general, en un entorno de libertad y democracia; mejorar los planes de seguridad social, tales como el derecho a la atención médica, y sustentar sus operaciones en un Fondo de Contingencia médica orientados a financiar los siniestros que excedan las pólizas de seguro médico dependientes de los Institutos de previsión, incluyendo el rescate de los recursos apropiados de los fondos de jubilados (disueltos) como contribución absoluta y necesaria para potenciar financieramente al fondo de contingencia aludido. Se requiere mucha presión para cumplir con los Beneficios Contractuales, sustentados en la preservación de la autonomía universitaria ratificando que las Universidades Nacionales no son consideradas entes adscritos ni, dependientes del MPPEU, sino que son Instituciones de gestión pública corporativa de derecho público, siendo equiparadas por la Jurisprudencia, a los entes descentralizados funcionalmente al servicio de la Nación. El sistema de SS lo mantienen los Institutos de previsión social, creados en las universidades, que no disponen, de un presupuesto que el gobierno programaba para cada Universidad y que proporcionó uno de los sistemas de salud más eficientes del país; pero ellos tienden a desaparecer por agotamiento financiero y la carga de sus gastos. Se pagan las citas médicas, las consultas especializadas y, por supuesto. los gastos derivados de las consecuencias del deterioro de la salud cuyas intervenciones son redirigidas a clínicas afiliadas cuyos avales no llegan a quinientos dólares. El resto como diferencial monetario vaya usted a saber cómo cancelarlo, es decir, si no se cubren los riesgos se obliga a pagar al afiliado, quien se las ve negra, enfrenta la ruina la potencial muerte, o mediante, la ya frecuente política de solicitar y mendigar la contribución de amigos, relacionados y colegas mediante sú plicas públicas.
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