Transcurrido el primer cuatrimestre del año, la política exterior venezolana se caracteriza por una tensión constante en sus relaciones con la comunidad internacional. La disputa territorial por el Esequibo se mantiene como un punto álgido, escalando a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuya jurisdicción Venezuela cuestiona sin definir claramente su estrategia, mientras Guyana lleva la iniciativa y la defensa venezolana es reactiva. La relación con Estados Unidos sigue siendo tensa debido a las sanciones y profundas diferencias políticas. La expulsión del personal de la OACNUDH y la renovación del mandato de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU subrayan la persistente preocupación internacional por los derechos humanos en el país. Las relaciones con la Unión Europea también son distantes por las mismas razones, con sanciones impuestas y preocupación por la falta de transparencia electoral, agravada por la situación de asilo que se presenta en la Embajada de Argentina y del embajador Edmundo González en España. Internamente, la presión internacional por la situación política y de derechos humanos genera un entorno complejo y delicado en su política exterior venezolana.
En lo bilateral, el gobierno ha mantenido y buscado fortalecer lazos con actores clave como Rusia (relación estratégica con cooperación política, económica y militar, incluyendo energía). Con China, la relación fundamental se enfoca en lo económico y petrolero, aunque con ciertos incentivos comerciales. Con Turquía se busca activar los lazos económicos y comerciales, incluyendo la inversión petrolera tras la salida de Chevron.
Por la cercanía geográfica e ideológica, se mantiene una sólida alianza con Cuba y Nicaragua (cooperación en varios sectores, incluyendo envíos de petróleo), mientras que con Colombia las relaciones tienen altibajos, pero se mantienen canales de comunicación y esfuerzos por una coexistencia pragmática con impacto en la frontera y la migración. La disputa con Guyana por el Esequibo domina la relación hasta llegar a la CIJ, generando tensiones regionales, incluso en el Consejo de Seguridad de la ONU, el cual expresó su preocupación por una posible escalada tras las acciones de Venezuela posteriores a la orden de la Corte del 1 de diciembre de 2023. Con Estados Unidos, las relaciones siguen tensas, marcadas por sanciones y diferencias políticas, aunque hay contactos informales en el sector energético.
En las relaciones multilaterales, la participación en foros regionales como el ALBA (donde busca fortalecer la alianza como contrapeso a Estados Unidos) y la Celac (donde propuso una Secretaría General, pero que implicaría mayores gastos que ningún país estaría dispuesto a afrontar) ha sido activa. En cuanto al BRICS, Venezuela ha expresado interés en unirse como oportunidad estratégica, aunque ha enfrentado cierta oposición.
En los organismos internacionales la situación es aún más difícil. En la ONU, los derechos humanos siguen siendo un punto central. La expulsión de la OACNUDH y la renovación de la Misión de Determinación de Hechos han sido muy mal vistas. Organizaciones como HRW y Amnistía Internacional mantienen una postura crítica por la represión y abusos, impactando la imagen internacional. No obstante todos estos conflictos y diferencias, lo más preocupante son los tres frentes abiertos: en la CPI por denuncias de violaciones de los derechos humanos y las investigaciones abiertas por presuntos crímenes de lesa humanidad desde 2014; en la CIJ por el Esequibo y la intervención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas manifestando su apoyo a Guyana.
Las relaciones comerciales están significativamente afectadas por las sanciones, con una drástica reducción en el sector petrolero a pesar de buscar nuevos mercados. La inversión extranjera sigue limitada por la incertidumbre y el riesgo de sanciones. El comercio no petrolero enfrenta desafíos de infraestructura y financiamiento. La situación petrolera, con sanciones limitando acceso a tecnología y mercados, y la suspensión temporal de algunas sanciones sin continuidad, sigue siendo determinante en la economía y la política exterior. La cooperación con empresas de Rusia, China e Irán en el sector energético tiene un impacto limitado.
A corto plazo, la política exterior venezolana previsiblemente se enfocará en la resiliencia ante las sanciones, la diversificación de alianzas y la búsqueda de mayor protagonismo en foros no alineados con Estados Unidos. La relación con la UE probablemente seguirá distante mientras persistan las preocupaciones sobre democracia y derechos humanos. En lo comercial, se buscarán mercados alternativos. La disputa con Guyana y la situación de derechos humanos seguirán siendo puntos álgidos con la CIJ y la comunidad internacional desempeñando un papel central. En general, se requiere una política exterior pragmática y defensiva centrada en la supervivencia económica y la búsqueda de apoyos internacionales en un entorno global complejo.
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